Castigo en las renovables

España ha perdido el primer arbitraje internacional —presentado por el Fondo Eiser Infrastructure Limited— contra el cambio regulatorio de 2010 que redujo la retribución garantizada en las energías renovables. La sentencia de la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial establece que el Gobierno “privó de un trato justo” a los demandantes, propietarios de tres plantas termosolares, y condena a España al pago de 128 millones. Por más que Industria haya asegurado que la decisión no es extrapolable a otros laudos pendientes (26), lo cierto es que es un precedente peligroso para los intereses del Estado.

En primer lugar, porque la cadena de laudos y arbitrajes puede costar cientos de millones en compensaciones; los precedentes pesan. Después, porque abre un conflicto potencial con los pequeños productores fotovoltaicos españoles. En tercer lugar, porque el laudo pone en cuestión, en apariencia, la capacidad de un Estado para modificar la regulación económica dentro de sus fronteras.

Para reducir el déficit de tarifa era imprescindible recortar las primas públicas a las energías renovables. Esta decisión fue correcta en términos económicos, pero el ajuste se aplicó mal, de forma jurídica y financieramente inconveniente, con visos de retroactividad que aumentaron el daño a los inversores. Los recortes fueron un ejemplo de chapuza jurídica y de torpeza económica. El arbitraje no puede poner en cuestión la capacidad de un Estado para imponer su regulación, pero castiga el daño innecesario causado a los inversores por el conjunto de la inversión realizada.

La política de renovables en España ha sido desafortunada y, en muchos aspectos, megalomaniaca. La impericia política (quienes autorizaban las instalaciones no eran los que pagaban las primas) creó una burbuja renovable cuya corrección se hizo sin el suficiente blindaje jurídico. Ahora empiezan a pagarse las consecuencias.