El poder de negociar

El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, ha llegado a un acuerdo con el PNV que le ha permitido superar la primera prueba en la tramitación de los Presupuestos, la de sortear las enmiendas a la totalidad que habían planteado varios grupos del Congreso. Aunque Rajoy podría ya convocar elecciones si las cosas se le torcieran, buena parte del discurso por el que lleva apostando desde que gobierna es el del crecimiento económico; para que se mantenga en los márgenes conquistados hasta ahora, la estabilidad política es imprescindible. Sacar adelante las cuentas públicas se ha convertido así en la primera señal que este Gobierno necesita dar para demostrar que es capaz de cumplir sus tareas en minoría. El PNV lo sabía y ha jugado bien sus cartas.

Gracias al acuerdo, el Ejecutivo ha aceptado revisar el cálculo del cupo —la cantidad de dinero que Vitoria entrega al Gobierno central por las competencias no transferidas— con el que el Gobierno vasco llevaba años insatisfecho y cuyas discrepancias cifraba en 1.600 millones de euros. Tras la negociación, la Administración central compensará en los próximos años a la autonómica con 1.400 millones respecto a esta vieja reclamación y, además, fija el nuevo cupo para 2017 y el próximo lustro en 956 millones al año —540 menos que el de 2016— a pesar de que en estos Presupuestos se barajaba la cifra provisional de 1.200 millones.

De esta manera, el PNV consigue cerrar un largo periodo de desencuentros con Madrid, garantiza un cálculo favorable del cupo para los próximos años y se convierte, de paso, en factor decisivo para garantizar la estabilidad de un Ejecutivo que no puede ya permitirse gobernar con el rodillo de la mayoría absoluta.

En tiempos de polarizaciones extremas y desafíos radicales para dinamitar la estructura territorial de España, el PNV ha vuelto a poner en valor la dinámica de la negociación. En Euskadi, el partido de Iñigo Urkullu está siendo sometido ya por EH Bildu y Podemos a una campaña de descrédito por colaborar con el PP en pleno huracán de casos de corrupción, así que cualquier entendimiento con el Gobierno tenía que garantizarles a los vascos ventajas claras respecto a sus aspiraciones inmediatas. En el acuerdo, Vitoria no sólo ha jugado bien sus cartas para limar los antiguos desacuerdos en torno al cupo, sino que ha conseguido ventajas en otros frentes: rebajar la tarifa eléctrica de las empresas para mejorar la competitividad, inversiones pendientes en infraestructuras, partidas presupuestarias para fomentar el vehículo eléctrico y la I+D+i, concluir la llamada Y vasca ferroviaria, incrementar la plantilla de la Ertzaintza, mejoras en la inspección de la Seguridad Social...

Merece la pena hacer el cuento largo de los beneficios que ha obtenido Urkullu para el País Vasco respetando escrupulosamente las reglas de juego y sin que su partido renuncie a sus viejas aspiraciones de mayor autogobierno. Frente a esa actitud pragmática y que escenifica lo mejor de la democracia —negociar y pactar—, Cataluña ha quedado todavía más desdibujada gracias al empeño estentóreo de las fuerzas independentistas que han consagrado la ruptura como la única manera de servir a sus ciudadanos.