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Redes criminales

Si el Ejecutivo incrementara los controles asomaría más corrupción en todos los gobiernos

Eduardo Zaplana felicita a Ignacio González, el día en que este último fue elegido presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Eduardo Zaplana felicita a Ignacio González, el día en que este último fue elegido presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Ahora que podemos disfrutar de una amplia exposición sobre el Guernicacreo que, al tiempo, podemos contemplar un cuadro que también toca un aspecto repulsivo de la naturaleza humana: el de la corrupción en España. Picasso nos expuso con mano maestra los horrores de la guerra, la tragedia de la violencia, la perversión del fascismo, en blanco y negro, sin concesiones. Cientos de guardias civiles y policías rigurosos y profesionales, fiscales valientes, jueces honestos e imparciales, periodistas de raza nos van dibujando la corrupción en España. También sin concesiones. Ya no son bocetos aislados, ya tenemos un cuadro. ¿Y qué nos expresa ese cuadro?

Ese cuadro nos indica que la corrupción en España no es la suma de casos aislados, manzanas podridas de una cesta sana. Lo que nos dice es que España es, en términos de Michael Johnston, un país de elite cartels. Esto implica que en nuestro país hay un conjunto de diferentes élites políticas y económicas que van generando sistemas de corrupción para protegerse y enriquecerse mutuamente. No es la trama como sostienen algunos, una única red que controla todo. Son las múltiples redes criminales que atenazan numerosos Gobiernos autónomos y locales, o ciertas empresas públicas del Estado; redes que han jugado a financiar partidos y a ennoblecer desalmados; redes que han florecido por todas partes y donde, por cierto, algunos empresarios repetidamente han navegado ágilmente pirateando en numerosos mares… y siguen libres.

Es cierto que la corrupción en España no es la de un país de oligarcas y clanes mafiosos capturando impunemente el Estado, como la Rusia postsoviética, ni la de una dictadura donde la familia del autócrata se lo lleva todo; tampoco es un país de alta corrupción administrativa, como algunos países del Este europeo, sin ir más lejos. Por suerte, las reformas de la Administración, desde el Estatuto de Maura de 1918, pasando por las reformas de 1964 o las de 1984, han consolidado un sistema de funcionariado que, con todos sus defectos, permite el ejercicio del cargo con legalidad y cierta objetividad, además de generar un cierto ethos que mayoritariamente rechaza la corrupción grosera, como los sobornos o las malversaciones. También es importante destacar que nuestro modelo judicial, aunque lento e ineficiente, desde la Constitución de 1869 y la Ley Provisional de 1870 establece un sistema de selección de jueces meritocrático y con garantía de permanencia en el cargo frente a los vaivenes políticos. En suma, que aún no hemos caído en las tétricas celdas de la corrupción sistémica.

Si pusiéramos la lupa en las miles de empresas y fundaciones públicas españolas, ¿qué encontraríamos?

Pero desde luego que la corrupción de España no es aún la propia de los países más desarrollados económicamente. En países como Alemania o Estados Unidos la corrupción suele hacerse en el marco de la ley o bordeándola y consiste esencialmente en la concesión de privilegios normativos, impositivos, reglamentarios a determinados grupos económicos muy poderosos, a cambio de la financiación de campañas electorales. Algunos dirán que esto no es corrupción, pero cuando se ven los efectos sobre la competencia e igualdad política, sobre la apertura de los mercados o sobre la rendición de cuentas de los gobernantes es evidente que estamos ante un abuso de poder para beneficio privado, que es la definición estándar de corrupción. En todo caso, esta corrupción se basa en la influencia indebida, no en los sobornos (aunque haya algún caso), y no amenaza la viabilidad de las instituciones, aunque las dañe.

En España aún no se ha dado el paso a estas formas más sutiles y “elegantes” de corrupción. Nuestro cuadro tiene aún manchones negros, aceitosas manos llenas de billetes de 500 euros, bolsas de hipermercado que circulan de casa en casa por Cartagena de Indias. Pero lo importante es que el cuadro, aunque ya lo tenemos dibujado en su esencia, es cada día más grande y no va a haber museo donde quepa. Si pusiéramos la lupa en las miles de empresas y fundaciones públicas españolas, en sus tres niveles de gobierno, ¿qué encontraríamos? ¿El Canal de Isabel II es un caso aislado? Todos sabemos que no. Si el Gobierno incrementara en número suficiente los efectivos de policías, fiscales y jueces dedicados a esta lucha, con la ayuda de peritos económicos acreditados, probablemente estaríamos conociendo casos nuevos en los próximos meses o años. Pero es obvio que no lo va a hacer. El presidente Rajoy sabe el porqué y sería bueno que lo explicara.

Manuel Manuel Villoria es el director del Observatorio de Buena Gobernanza de la Universidad Rey Juan Carlos.

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