Mazazo al ‘modelo Alzira’ de gestión privada en sanidad

El modelo Alzirade gestión privada de hospitales públicos llega a su fin. La Generalitat valenciana ha decidido no prorrogar la concesión de la asistencia sanitaria del área de Alzira cuando venza el actual contrato, dentro de un año. Con esta decisión, el modelo de gestión privada de hospitales que el PP inició en Valencia y luego quiso trasladar a Madrid y otras comunidades autónomas recibe una estocada de muerte. El Gobierno de Ximo Puig quiere revertir también al sector público los otros cuatro hospitales cedidos.

El modelo consiste en conceder a una sociedad privada mercantil la asistencia sanitaria de una determinada área geográfica a cambio de una tarifa plana por habitante. Entre 1999 y 2010 los Gobiernos de Eduardo Zaplana y Jaume Camps implantaron este modelo en las áreas de Alzira, Torrevieja, Denia, Menises y Elche, que suman más de un millón de habitantes, el 20% de la población valenciana. Pero el modelo pronto reveló sus limitaciones. Y también los peligros de una posible generalización. Se daba por supuesta una mayor eficiencia y una reducción de los costes de la asistencia, pero apenas tres años después, en 2003, Ribera Salud, la empresa concesionaria, quebró y el Gobierno del PP tuvo que salir al rescate. Lo hizo aumentando la cuantía de la asignación por habitante y extendiendo la concesión a la atención primaria. Las nuevas condiciones aseguraban un considerable margen de beneficio operativo.

La historia de Ribera Salud muestra que la privatización ha sido cosa de bancos y aseguradoras. Al principio la sociedad estuvo formada por tres cajas de ahorro: CAM, Bancaixa y Caixa Carlet. Con las nuevas concesiones se incorporaron aseguradoras como Adeslas, Asisa o Sanitas. La crisis de la burbuja inmobiliaria se llevó por delante a las cajas valencianas y la empresa quedó en manos de Bankia y del Banco de Sabadell. Bankia vendió su participación a la empresa norteamericana Centena Corporation, que ahora comparte con el Sabadell la propiedad.

Alzira y el resto de privatizaciones han demostrado que el modelo de gestión privada resulta rentable siempre que se cuente con un buen acuerdo económico de partida y pueda hacerse un buen manejo de los enfermos. Los hospitales privatizados pueden ser rentables porque son hospitales de nivel intermedio y derivan los casos más costosos o complicados al hospital público de mayor nivel. La lealtad en la gestión de las derivaciones no es algo que figure en los contratos.

Si la autoridad política está interesada en que el modelo funcione, garantice el retorno que los accionistas esperan y pueda servir de modelo para un programa de privatizaciones, cabe suponer que hará lo posible para que esas condiciones se den. La experiencia de Alzira demuestra también que la generalización de un modelo como este tiene un peligro: la captura del regulador. En cuanto alcanza un volumen de asistencia importante y controla los servicios sanitarios de amplias zonas geográficas, es el concesionario, y no la autoridad sanitaria, el que está en condiciones de dictar las condiciones. Eso es lo que ahora se quiere revertir en Valencia.