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El final del paradigma Ortega-Cambó

Ha fracasado la estrategia para Cataluña de la 'conllevanza' y favorecer el nacionalismo moderado. Toca ahora reafirmar sin complejos la vigencia del sistema de derecho y proceder a la reforma del Estado, cuyo ordenamiento tiene fallos de diseño

Durante más de un siglo, con excepción de la dictadura y especialmente tras la recuperación de la democracia, la manera de abordar la cuestión catalana se ha regido por lo que podemos llamar el paradigma Ortega-Cambó. Hoy podemos asegurar que esta doctrina está agotada y requiere reemplazo.

De Ortega, el paradigma toma la idea de conllevanza. Esto es, el problema catalán no tiene solución. A lo sumo se puede conllevar. Ni la independencia ni la cabal y serena integración de Cataluña en España son posibles. Ambas partes han de conformarse con vivir en una situación de perenne empate. Siento enorme respeto hacia nuestro más alto filósofo, pero, en mi opinión, la conllevanza es solo una ocurrencia de phraseur. Y una ocurrencia dañina, porque encuadra el problema bajo el modo nacionalista de pensar: España y Cataluña serían dos naciones esenciales, condenadas a la fricción en virtud de no se sabe qué inventada ley de la gravitación de las naciones. Ortega estaba convirtiendo un problema político en uno metafísico, como bien le recriminó Azaña (véanse los discursos de uno y otro en la hora del Estatuto de Núria, recuperados no hace mucho por José María Ridao).

Este derrotismo político trae consigo una importante consecuencia: las élites del Estado, da igual si en el Gobierno o en la oposición, no creen que el nacionalismo pueda dejar de ser hegemónico en Cataluña y, en consecuencia, no se esfuerzan en refutarlo ni en deslegitimarlo. Su máximo cuidado estriba en procurar que no mute en independentismo, para lo cual confían en un personaje clave de nuestra reciente historia, Santo Grial de la política madrileña: el “nacionalista moderado”, cuyo modelo inolvidado es Cambó, y a quien el Estado absentista encarga la gestión de la conllevanza. Para desesperación de los catalanes no nacionalistas, en Cataluña el Estado no hace política y el nacionalismo no se discute: no se lo percibe como una ideología con la que competir, sino como una realidad con la que deferir, eterna y venerable como el macizo de Montserrat.

Para comprobar hasta qué punto se da por perdida —por no dada— la batalla de las ideas en Madrid, basta notar cómo en la capital nunca se habla de “derrotar al nacionalismo”, como sí se habla, con fiera retórica, de “derrotar a la derecha”, siendo en realidad mucho más plausible la idea de conllevanza cuando se habla del continuo ideológico: conservadores y progresistas se conllevan en todos los países y en todas las épocas, sin que la derrota de un bando u otro parezca posible o deseable en una sociedad pluralista.

No necesitamos ofrecer nada a los soberanistas; esta vez, a los nacionalistas, ni agua

Es hora de asumir que el viejo paradigma está obsoleto. Está basado en un modelo teórico de nacionalismo estacionario que no existe; tarde o temprano, todo nacionalista desea poner por planta su programa máximo, que es, explicó Gellner, hacer que las fronteras de la nación coincidan con las del Estado. Requiere también de la cesión continuada de poderes, para engrasar la conllevanza: como si fuera a haber siempre cosas que ceder sin romper el vínculo. La fórmula ha sido probada por todos los Gobiernos democráticos y es expectativa generalizada que el viejo guion se repetirá: el nacionalismo abdicará del independentismo, las élites del Estado concederán más encaje y todos nos conllevaremos 15 años más. Solo que ahora ya no se busca a un nacionalista moderado, sino a un independentista pragmático (¿Oriol Junqueras?) que sepa postergar sus apetitos.

Hace poco se lo escuché decir a un grande de la política española reciente: antes de saber qué podemos ofrecer, necesitamos el interlocutor al que ofrecérselo. El nuevo Cambó. Venciendo el gran respeto que me inspiraba el viejo gobernante, me atreví a contradecirle: no necesitamos ofrecer nada a los soberanistas; esta vez, a los nacionalistas, ni agua. Tercera vía, disposición adicional à la Herrero de Miñón, Estatut bis: todo eso fracasará, haciendo al Estado más débil por el camino. Cualquier solución que pase por la renovación del lazo feudal con los nacionalistas pone proa a las rocas.

¿Qué hacer entonces? Una estrategia nueva, en dos movimientos. El primero, la afirmación desacomplejada del Estado de derecho. Tomando, si persiste el desacato, las medidas coercitivas que la ley democrática dispone. El segundo, proceder a la reforma del Estado. Reconocer que nuestro ordenamiento contiene fallos de diseño territorial no supone dar la razón al soberanismo, sino entender que su actual configuración concede a los nacionalistas demasiados pretextos (no causas) para encizañar a la ciudadanía. El fallo más conspicuo es la ausencia de un cierre competencial que minimice las ocasiones de litigio entre distintos niveles de gobierno; la técnica federal puede ayudar. Hay problemas también de tipo fiscal: falta un mecanismo claro, justo y eficiente para la financiación del autogobierno. Hay, en fin, una larga y fatigosa querella lingüística, agravada por la indiferencia del Estado (que ignora la dimensión política de las otras lenguas españolas, de las cuales ha cedido con desdeño la gestión en exclusiva a las comunidades) y la mala fe de los nacionalistas (que a poco que alcanzan el poder, gobiernan con evidente desprecio del pluralismo lingüístico): es necesario estabilizar el marco regulatorio del plurilingüismo español con criterios de equidad, haciéndose cargo de las razonables aspiraciones de todos los hablantes.

Ambas partes se han conformado hasta ahora con vivir en una situación de perenne empate

Y también se podría pensar en una desconcentración de la capitalidad del Estado y de sus instituciones: no parece una mala idea en un país con una estructura regional tan acusada. Pero todo esto, insisto, no puede, y no debe, provenir de un pacto con el secesionismo. España ha de dialogar, sí, pero consigo misma y tomándose el tiempo necesario (diálogo al que los nacionalistas están invitados, con tal de que renuncien a monopolizar la representación de sus territorios, cosa para ellos difícil).

Vale decir: los españoles no necesitan pasar por la aduana del nacionalismo para proceder a la automejora de sus leyes. Más allá de esta mejora y de la aplicación de la norma democrática, no queda más que la confrontación dialéctica diaria con el nacionalismo, en la convicción de que nuestras ideas –convivencia, suma de potencialidades, libre desarrollo de la personalidad por encima de coacciones identitarias– son mejores que las suyas, y terminarán por persuadir a una mayoría de catalanes.

Esta aproximación supondría el fin del paradigma Ortega-Cambó y la jubilación de otras nociones a su abrigo. El encaje, por ejemplo, imposible por definición mientras el nacionalismo sea el modo normal de hacer política en Cataluña. Y también del catalanismo, aquel movimiento necesario y beneficioso antaño, cuando regía el centralismo, pero que pierde todo sentido si es incapaz de prever el escenario de su propia desaparición: el momento de la historia donde ya no haga falta ser catalanista ni españolista, porque se podrá ser catalán y español sin traumas ni conllevanzas.

Juan Claudio de Ramón Jacob-Ernst es ensayista.

 

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