Repensar el progreso

América Latina y el Caribe han obtenido notables avances en materia de desarrollo en las últimas décadas. Desde la consolidación de los gobiernos democráticos y mejoras permanentes en salud y educación, hasta logros más recientes en protección del medio ambiente y reducción de la desigualdad. En 2015, la región cumplió la mayoría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), un logro histórico, especialmente en los temas relativos a la reducción de la pobreza, el acceso al agua potable y la educación primaria.

Entre 2002 y 2013, cerca de 72 millones de personas salieron de la pobreza y alrededor de 94 millones ingresaron a la clase media. Pero pese a estos los avances muchos ciudadanos no se han visto beneficiados por el auge económico de los últimos años. La desigualdad sigue siendo una característica de esta región, aun cuando algunos países figuran entre las principales economías del mundo. Diez de los 15 países más desiguales del planeta se encuentran en América Latina o el Caribe.

Según nuestro Informe sobre Desarrollo Humano para la región, 220 millones de personas (casi dos en cada cinco latinoamericanos) son hoy económicamente vulnerables: oficialmente no son pobres, pero tampoco lograron ascender a la clase media. Entre estos, de 25 a 30 millones de personas—más de un tercio de los que salieron de la pobreza en la región desde 2002— corren el riesgo de recaer en ella.

Y es precisamente en este momento de ralentización cuando necesitamos políticas públicas de nueva generación que fortalezcan los cuatro factores que previenen retrocesos: protección social, sistemas de cuidado, activos físicos y financieros (como un auto, casa propia, cuenta de ahorro o dinero en el banco que actúan como ‘colchones’ durante las crisis), y cualificación laboral.

Invitamos a repensar el progreso desde una mirada “multidimensional”, que trascienda el uso del ingreso per cápita y del Producto Interno Bruto (PIB) como criterios privilegiados para medir el nivel de desarrollo. El crecimiento económico no basta, y nada que disminuya los derechos de las personas y comunidades o que amenace la sostenibilidad ambiental puede ser considerado progreso.

Nada que disminuya los derechos de las personas y colectivos o amenace la sostenibilidad ambiental es progreso

También es necesario garantizar la paridad de género dentro y fuera del hogar, reconocer los derechos multiculturales y plurinacionales de los pueblos y las comunidades, proteger el medio ambiente, asegurar el acceso a la energía renovable y fortalecer la resiliencia ante desastres y crisis.

En los últimos años, hemos sido testigos de un aumento de la magnitud de los desastres naturales, sequías, inundaciones y huracanes. Los efectos del cambio climático son cada vez más notables y las consecuencias muy negativas, en particular para los países en desarrollo, menos capaces de hacer frente a los impactos y más propensos a verse afectados. Invertir en la "resiliencia" de las personas —en su capacidad de asumir los choques sin mayores reveses sociales y económicos— es más importante que nunca.

La mitigación y adaptación al cambio climático son una prioridad para la región, por la necesidad de proteger los recientes logros del desarrollo y asegurar la viabilidad económica y social a largo plazo. Un área fundamental es la gestión de los recursos hídricos, asegurando su disponibilidad, calidad y acceso. La agricultura y las implicaciones potenciales para la seguridad alimentaria son otra dimensión que afecta a muchos países de la región, al igual que los impactos en nuestra rica biodiversidad y en la salud humana.

Un desarrollo seguro e informado, incluyendo la reducción de riesgos de desastre en los planes de desarrollo, es crucial para proteger a las comunidades y sus medios de subsistencia. El PNUD trabaja con gobiernos nacionales y locales, el sector privado y la sociedad civil para que las capacidades, habilidades y recursos estén en su lugar y los países estén preparados para prevenir, mitigar y responder a los desastres. Sistemas de alerta temprana, diseño de rutas de evacuación y fortalecimiento de infraestructuras son algunas de las acciones coordinadas que llevamos a cabo en la región.

Las ciudades deben estar en el centro de las soluciones. Esto tiene especial importancia para América Latina y el Caribe, la región en desarrollo más urbanizada del mundo. Las tasas de urbanización aumentaron de 68% a 80% entre 1980 y 2012 y se estima que el 90% de la población vivirá en ciudades en 2050. Esto plantea un conjunto diferente de desafíos en materia de energía, en particular en relación con el transporte y los servicios públicos.

Entre estos retos se encuentran los altos niveles de violencia e inseguridad ciudadana. La tasa promedio de homicidios en América Latina es 3.5 veces la tasa mundial. Sin embargo, la seguridad no debe percibirse solo como una reducción de las tasas de delincuencia, sino más bien como el resultado de políticas que surgen a partir de una estrategia integral, sostenible, participativa y mulltidimensional. Esta estrategia debe incluir elementos destinados a mejorar la calidad de vida de la población, acciones comunitarias de prevención de delitos, sistemas de justicia accesibles, agiles y eficaces, y una educación basada en valores y en el respeto de la ley y los derechos humanos.

En esta región, las mujeres todavía sufren violencia y son discriminadas a nivel laboral y a la hora de tomar decisiones. En promedio, 12 mujeres son asesinadas diariamente en la región (Cepal) y casi una de cada tres (27,3%) sufre de violencia física. Reducir la violencia contra mujeres y niñas es una prioridad.

Empoderar a las mujeres, a los jóvenes, a las personas con discapacidad, LGBTI, a los pueblos indígenas, comunidades afro-descendientes, migrantes y refugiados es parte importante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Esta llama a erradicar la pobreza en todas sus dimensiones, sin dejar a nadie atrás ni poner en riesgo a las generaciones futuras. A medida que los países comienzan a implementar los ODS, los invitamos a trabajar en conjunto con miras a una nueva noción de progreso.

Jessica Faieta es subsecretaria general de la ONU y directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe.