Mujeres al margen de la ley

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"Empecé a orar y a pensar en mi familia. Para mí fue muy duro, porque los primeros (paquetes) que yo tragué los expulsaba y vomitaba. Vomité muchas veces hasta guardar la práctica. Mi garganta estaba sangrante e hinchada. Fue muy duro". Así relata Johanna, una mujer costarricense de 31 años, el momento en que recibió un balde que contenía 84 paquetes de cocaína envueltas en látex y en un tubo de pasta de dientes. Un hombre le ordenó tragárselos todos. Ella empezó a entrar en pánico. Cuando intentó rehusar, él amenazó a su familia. No hubo escapatoria. Ahora cumple una condena de seis años y seis meses por venta de drogas.

En la región de las Américas las mujeres están siendo encarceladas por delitos de tráfico de drogas de manera alarmante y el aumento de su encarcelamiento supera, junto a Asia, a las demás regiones del mundo, indica el Institute for Criminal Policy Research de la Universidad de Londres. Si bien el número de hombres encarcelados es mayor, los niveles de reclusión de mujeres se han elevado a una tasa vertiginosa.

Por su parte, el Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho (CEDD), en su informe Mujeres y encarcelamiento por delitos de drogas, sostiene que la población carcelaria femenina total en América Latina ha aumentado en 51,6% entre el 2000 y el 2015, en comparación con un 20% para el caso de los hombres. Además, señala que en Argentina, Brasil, Costa Rica y Perú más del 60% de las mujeres recluidas es por delitos relacionados con drogas. "Detrás de esta realidad están las políticas de drogas considerablemente punitivas. El uso de la cárcel como respuesta es desproporcionado. Las mujeres son recluidas con sentencias excesivamente largas, cuando no en prisión preventiva. La mayoría tienen poca educación, viven en condiciones de pobreza y son responsables del cuidado de personas dependientes —niños y niñas, jóvenes, personas adultas mayores o con discapacidad—", afirma Nischa Pieris, investigadora y analista en la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) en las áreas de políticas de drogas y transversalización de género.

A pesar de que las mujeres llevan la peor parte de las políticas penitenciarias, según Pieris, casi nunca representan una amenaza para la sociedad; la mayoría son encarceladas por realizar tareas de bajo nivel pero de alto riesgo (distribuir drogas a pequeña escala o por transportarla), como una manera de enfrentar la pobreza o, a veces, por la coerción de una pareja o familiar. "El encarcelamiento de ellas poco o nada contribuye a desmantelar los mercados ilegales de drogas y a mejorar la seguridad pública. Por el contrario, la prisión agrava la situación, porque una vez terminada su condena y puestas en libertad, sus antecedentes penales impiden la posibilidad de que encuentren un trabajo digno y legal, lo que perpetúa su exclusión social, vinculación a mercados de drogas y reclusión".

La investigadora Pieris afirma que las mujeres inculpadas de delitos de drogas a menudo viven en contextos que favorecen el involucramiento en actividades ilegales y no cuentan con los medios para encontrar alternativas. El caso de Johanna evidencia esta realidad. Es hija de un consumidor de drogas y de una trabajadora sexual. Desde temprana edad, ella y sus cinco hermanos estuvieron expuestos al tráfico de drogas. A los 13 años, Johanna limpiaba casas a cambio de arroz y azúcar para su familia. Las drogas estaban en todas partes, especialmente en la casa, y empezó a usarlas. A los 14 años, su mamá la envió a un internado para alejarla de la casa y ayudarla a dejar su adicción.

También, según Pieris, la gran mayoría de mujeres involucradas han sido, en algún momento de su vida y de manera repetida, víctimas de violencia, abuso sexual, explotación sexual comercial, etc., sin que hayan recibido una atención oportuna por parte del Estado. Una vez recluidas, los patrones de violencia se expanden también a la prisión. El caso de Liliana, una mujer venezolana detenida en una cárcel federal de Argentina, cumpliendo sentencia de cuatro años y seis meses por tráfico de drogas, es un claro ejemplo de cómo las mujeres involucradas en el transporte de drogas son captadas por organizaciones que desarrollan dinámicas similares a las del delito de trata de personas. "Tenía una vida normal, todos los días dejaba a mis hijos en la escuela antes de ir a mi trabajo. Un día se me empezó a acercar un hombre de Colombia, medio coqueteándome, y diciéndome de llevar drogas a otros países. Yo decía que no. A partir de allí empezó a amenazarme. El error mío fue no buscar ayuda... Si ponen tu vida en una balanza y ponen la vida de tus hijos, de tus familiares, tú vas a elegir la de ellos, conmigo que hagan lo que quieran".

Nischa Pieris señala que la mayoría de mujeres implicadas en el tráfico de drogas en la región "se encuentran en el más bajo nivel de la cadena del crimen organizado, sea como pequeñas vendedoras, 'correos humanos' de drogas o transportadoras". Además, son fácilmente reemplazadas, es decir, su detención no tiene ningún impacto en las redes de tráfico porque son actoras menores del mismo.

Enfrentadas al riesgo y la discriminación

Las mujeres encarceladas por delitos de drogas en América Latina son, en su gran mayoría, madres solteras. En Costa Rica, por ejemplo, la Defensoría Pública de Costa Rica en su Estudio de la Defensa Pública de Costa Rica sobre el perfil de la población femenina privada de libertad por introducir drogas a los centros penales, de 2012, señalaba que en ese año más del 95 % de las mujeres en prisión por introducir drogas en centros penales, no solamente eran madres solteras, sino también las únicas que respondían por sus hijas e hijos. "Muchas se involucran en el negocio de las drogas como una manera de mantener a su familia. Mientras están encarceladas, sufren por no responder por su cuidado, y sus hijos padecen por estar separados de sus madres", agrega Pieris.

A pesar de que las mujeres llevan la peor parte de las políticas penitenciarias casi nunca representan una amenaza para la sociedad

Las explicaciones de las mujeres que ingresan a la cárcel por delitos de drogas son muy diversas, y es recomendable tomar en serio y explorar más lo que ellas señalan, asevera Pieris. "Tienes tus tres hijos y tienes que pagar el arriendo y darles de comer a todos... y te van a pagar 300 mil pesos ¿Tú cómo haces? ¿Dime tú como mamá, cómo haces?...Ahí es donde yo digo, perdónenme, pero yo voy y vendo un día droga y ese día puedo pagar el arriendo", dice Johana, una mujer colombiana de 37 años. Ella no contaba con ingresos suficientes para apoyar a su familia. Por eso le solicitó a una tía trabajo en la venta de drogas. Desde entonces, se encargó de realizar llamadas a los proveedores y clientes, nunca tuvo contacto con las sustancias. Actualmente, cumple condena de seis años y cuatro meses por delito de drogas.

La reclusión de mujeres madres y cuidadoras en particular, puede tener consecuencias devastadoras para sus familias y comunidades. Peris sostiene que, en ausencia de redes sólidas de protección social, las personas dependientes quedan expuestas a situaciones de abandono y marginalidad. Incluso, la reclusión de las mujeres puede, paradójicamente, aumentar la probabilidad de que las personas a su cargo consuman drogas o se vinculen a las redes ilegales de tráfico. Esta realidad incrementa la demanda de protección social por parte de los Estados que, en general, suele ser desatendida. "El juez dice 'Usted no es apta para la sociedad, usted no es apta para vivir con sus hijos'... Pero créeme, cuando tú estás sola con tres hijos...tú no puedes decir 'lo siento, no tengo para darte de comer, no tengo trabajo'", expresa Johana.

Entre las mujeres, algunas son aún más vulnerables a ser objeto de discriminación en la aplicación de las leyes de drogas: indígenas, afrodescendientes y personas de orientación sexual, identidad o expresión de género diversas, entre otros. "Por ejemplo, en Estados Unidos, las mujeres afroamericanas tienen siete veces más probabilidades de ser encarceladas que las mujeres blancas. En Brasil, cerca de 55% de las mujeres encarceladas son afrodescendientes. El impacto negativo de las leyes de drogas en las mujeres indígenas y campesinas —que dependen económicamente de la producción de cultivos de marihuana, coca y amapola— también debe tenerse en cuenta", explica Pieris. Al parecer, cuando se elimina su principal fuente de ingresos en efectivo, a través de campañas de erradicación forzada, o su encarcelamiento, se ven empujadas más hacia la pobreza, las conduce al desplazamiento interno y genera violaciones de sus derechos humanos, acrecentando su situación previa de vulnerabilidad y discriminación.

Frenar la excesiva criminalización

Las organizaciones WOLA, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), Dejusticia y la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA , en colaboración con la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID) y Corporación Humanas han unido esfuerzos para afrontar la situación de las mujeres encarceladas por delitos de drogas. Han creado el Grupo de Trabajo del Proyecto sobre Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento en las Américas para promover políticas que protejan los derechos de las mujeres afectadas por esta realidad y acaben con la criminalización injusta de personas que han cometido crímenes no violentos relacionados con drogas.

La mayoría de las mujeres encarceladas tienen poca educación, viven en condiciones de pobreza y son responsables del cuidado de personas dependientes

Nischa Pieris, investigadora

El grupo de trabajo ha publicado una guía para el funcionariado público: “Mujeres, políticas de drogas, y encarcelamiento: Guía para la reforma política en América Latina y el Caribe”, la cual presenta una hoja de ruta, basada en salud pública, respetuosa de los derechos humanos y con perspectiva de género, para la implementación de cambios de política que puedan atender a las miles de mujeres encarceladas por delitos de drogas en América Latina y el Caribe. Las reformas incluyen acciones de educación y formación que les permita salir de la cárcel y conseguir un trabajo digno.

La guía incorpora orientaciones generales básicas y fundamentales para toda la región; ofrece una serie de recomendaciones categorizadas en siete temas específicos: políticas de drogas más incluyentes, reformas a las políticas de drogas, alternativas al encarcelamiento, cultivo o procesamiento de drogas, programas de inclusión social, mujeres embarazadas o con personas dependientes, y generación y recopilación de datos. Esta guía es una herramienta para quienes desarrollan e implementan políticas de drogas, que les permita hacerlas más humanas y más eficaces.

En el documento se explica cómo América Latina ha sido especialmente aquejada por los efectos de una perspectiva punitiva y represiva de las políticas de drogas. Esta Guía evidencia que las políticas actuales no han logrado reducir el volumen del mercado de drogas, mientras las violaciones de los derechos humanos se han acrecentado. Se han exacerbado la violencia, los problemas de salud y de exclusión social, ha aumentado el uso problemático de estupefacientes, se ha ido expandiendo el alcance y el poder de organizaciones del crimen organizado, y las instituciones estatales enfrentan una grave crisis, en particular los sistemas de justicia penal.

Pieris enfatiza que frente a la excesiva criminalización y encarcelamiento de la población femenina, "es preciso realizar una revisión exhaustiva de las políticas de drogas y reducir el número de mujeres privadas de libertad". Es importante que estas políticas asuman el principio jurídico de que la herramienta penal debe ser el último recurso, y que los delitos de bajo nivel, cometidos por mujeres u hombres, "se deben penalizar con alternativas a la cárcel y garantizar la proporcionalidad de las penas".

Para Nischa Pieris es fundamental dar especial atención al enfoque de género en el desarrollo, la implementación y la evaluación en las reformas de la legislación y las políticas de drogas. "Los sistemas de justicia penal deben ser capaces de tomar en consideración circunstancias atenuantes como, por ejemplo, las de aquellas mujeres que tienen personas dependientes a su cargo o la situación de aquellas que están embarazadas. En ningún caso, mujeres acusadas o condenadas por delitos de drogas no violentos deberían ir a la cárcel; para ellas, en cambio, se deben implementar medidas alternativas a la prisión. De hecho, las medidas alternativas al encarcelamiento son respuestas menos costosas y dañinas, y más efectivas para enfrentar los delitos de drogas".

Pieris hace hincapié en la necesidad de reconocer el enorme coste humano que causan las políticas punitivas y su impacto desproporcionado sobre las mujeres y sus familias. Hace un llamado a evitar postergar el desarrollo de nuevas políticas, intervenciones y programas que eliminen y atenúen los efectos negativos, que tomen en cuenta el enfoque de derechos y de género, que brinden nuevas oportunidades y quiten el estigma que cargan mujeres como Ángela de Colombia que, con 24 años, ya ha cumplido cuatro de sus seis años de condena y desde la prisión expresa: "Yo no me considero una delincuente, porque no lo soy. Simplemente por amor, por ingenuidad... hice lo que hice".