Negociar de verdad

El Pacto Nacional por el Derecho a Decidir se ha convertido en el Pacto Nacional por el Referéndum, en principio, por la vía del acuerdo. Cataluña parece volver así a una fase relativamente más serena y dialogante de su borbolleante proceso soberanista. Si hay que pactar, habrá que sentarse a hablar, y encontrarse es lo contrario de plantarse. Sobre todo si se entiende que un diálogo a fondo excluye barreras temáticas.

Ahora bien, lo que en principio parece una buena noticia porque aparenta excluir la secesión exprés exhibe al mismo tiempo fuertes interrogantes. El principal es que constituya solo el enésimo giro en la estrategia del Gobierno independentista de la Generalitat. Que se inserte en una mareante secuencia de continuos zigzagueos del llamado procés, contradictorios entre sí.

Se trata al menos del sexto giro táctico. Primero fue la petición de un referéndum pactado, que al ser planteado en términos que no encajaban en la Constitución fue rechazado por el Congreso en abril de 2014. Luego, la consulta unilateral y minoritaria del 9-N de ese año. Que dio paso, tras las elecciones falsamente plebiscitarias del 27-S de 2015 —en las que el plebiscito acarreó la derrota de la secesión, pero dio mayoría parlamentaria a sus partidarios—, a la nueva hoja de ruta definitiva, la fase de la independencia exprés, porque “la pantalla del referéndum había pasado”.

Caído Artur Mas en tantas curvas, y como bautista de la antisistema CUP, su heredero Carles Puigdemont ha encabezado tres nuevas y vertiginosas hojas de ruta: el referéndum “con garantías”; el referéndum “sí o sí” (ya pactado, ya “unilateral”, pero siempre “vinculante”); y ahora se vuelve a la casilla de salida del “referéndum de manera acordada con el Estado español”, en formulación literal del president.

Es una clara rectificación de la orientación radical del proceso, emprendida para tomar oxígeno tras tanta fatiga social y sobre todo para incorporar a los comunes de Ada Colau (En Comú/Iniciativa/Podemos), partidarios de un referéndum aunque no de la secesión. Pero no está claro que el cambio sea definitivo, ni siquiera sostenible durante los tres años que restan de legislatura: sería lo deseable para la higiene mental general y para explorar pacientemente una solución al enredo actual.

Es de temer, por el contrario, que estemos ante un nuevo tacticismo. Pues, como confesó abiertamente la CUP sobre el apoyo de los comunes, “esperamos que cuando no se concrete [el referéndum pactado], nos apoyen [en el ilegal]”.

El nuevo episodio simboliza hasta qué punto el secesionismo duro es incapaz de prosperar por sí solo, y por eso busca alianzas que engrosen su actual minoría social. Puede usar el nuevo apoyo obtenido (aunque condicionado a pactar y cumplir la ley) para enrocarse o para reforzar su posición negociadora ante el Gobierno.

Este, por su parte, tampoco está logrando de momento acelerar y acreditar seriamente su iniciada “operación diálogo” con algún resultado solemne y tangible.

Pero el empate infinito podría provocar un momento de madurez susceptible de abrir un diálogo profundo (sin apariencias de operación artificiosa ni condiciones previas de referendos) que abocase a acuerdos parciales y a negociaciones responsables.