Fuera la ‘ley mordaza’

La ley mordaza no cabe en una sociedad democrática. Esa norma es la máxima expresión legal de la política de seguridad implantada por el PP durante la etapa en que el Gobierno de Mariano Rajoy se vio confortado por el respaldo de la mayoría absoluta parlamentaria. Ahora el Grupo Popular es una minoría y carece de fuerza para bloquear iniciativas como la del PSOE, que el martes pasado logró del Congreso que instara al Gobierno a derogar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, nombre oficial de la norma cuestionada.

Los socialistas recurrieron esa ley al Tribunal Constitucional. En particular se discuten el refuerzo del poder policial para controlar y sancionar manifestaciones ante las cámaras parlamentarias o altos tribunales y los fuertes castigos para una serie de conductas: desde el uso “no autorizado” de imágenes o datos de la policía hasta la resistencia a cacheos y registros personales, o la legalización de las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla. Además, la ley cuestionada atribuye a la autoridad gubernativa la potestad de sancionar una serie de comportamientos que no eran impunes, pero cuya consideración correspondía hasta entonces a los jueces.

Los niveles de protesta callejera en España durante los años más negros de la crisis económica y social fueron relativamente moderados. No había motivos que impulsaran a blindar los instrumentos legales a disposición de las fuerzas de seguridad para sancionar los excesos. Prueba del escaso apoyo a esa ley, que desde el principio fue rechazada por los penalistas más importantes, es la petición de derogación, que se ha llevado a cabo en cuanto la oposición ha tenido ocasión de plantearlo.

Si el PP pretendía ayudarse de esta ley para mantener el control del espacio público, la realidad es que se le ha vuelto en contra. El derecho a la protesta pacífica y a expresar colectivamente una opinión es fundamental para la existencia de una sociedad democrática.

No tiene ningún sentido el argumento utilizado sobre los peligros de derogar la ley mordaza en un país que tiene “un nivel 4 de riesgo antiterrorista”, como sostuvo su portavoz en el debate parlamentario. Los Gobiernos de Rajoy han contado con la gran ventaja de que no han necesitado gestionar la lucha contra la violencia etarra. A su vez, las numerosas investigaciones para prevenir el terrorismo yihadista se han hecho con el máximo consenso político y con amplio respaldo judicial. Es mucho más cierto que las fuerzas de seguridad han podido dedicarse a estas tareas exactamente con la misma eficacia antes y después de la ley mordaza.

Lo que se impuso en su día fue la voluntad de utilizar procedimientos oscuros frente a adversarios políticos y arsenales jurídicos contra enemigos no manifestados. Ahora toca deshacer los pasos equivocados. Para evitar nuevos errores, es necesario que la derogación instada por el Congreso no cree un vacío legal, sino que se sustituya la ley cuestionada por otra negociada. Y que el poder ejecutivo se conduzca con prudencia mientras la norma discutida continúe en vigor.