Responsabilidad política

El Parlamento catalán acordó ayer, por 128 votos a favor y solo los 11 del PP en contra, la destitución del magistrado Daniel de Alfonso como director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Es la primera consecuencia política, pero no debería ser la única del escándalo de las conversaciones mantenidas por De Alfonso y el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que ambos mostrarían haber maniobrado para utilizar las instituciones policiales y judiciales con fines partidistas. De la grabación se desprende que ambos habrían acordado utilizar datos de investigaciones judiciales y filtrar falsos informes policiales con el objetivo de dañar a dirigentes independentistas, a los se refieren como “enemigos”.

Esas filtraciones se produjeron y, como reveló este diario, tenían como objeto dañar a los adversarios políticos. De Alfonso no puede sostener que actuara con la objetividad y la independencia que exigía su cargo cuando, pese a reconocer que no tenía pruebas, propuso “dosificar” una información falsa que atribuía una cuenta en Suiza al entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, alegando: “Soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe va a acabar con el animal”. La información se publicó cuatro días más tarde, causando un considerable escándalo.

Que el titular de una institución creada para prevenir la corrupción actúe de esa forma es una anomalía democrática no menos grave que el intento del ministro Fernández Díaz de presentarse como víctima de una conspiración. La cuestión de si la grabación puede o no ser utilizada como prueba en un proceso penal no le exime de asumir la responsabilidad política de una actuación tan amoral como dañina para la democracia. Y es un escarnio pretender que el hecho de que el PP haya mejorado sus resultados electorales en Cataluña exonera al ministro y al propio Rajoy de cualquier responsabilidad por un hecho de tanta gravedad.