¿Es usted nacional indocumentado de Myanmar?

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Si a usted le quisieran preguntar por escrito muchas cosas las autoridades de un país extranjero, tales como si ha falsificado documentos de identidad, trabajado sin autorización o registrado matrimonios y nacimientos de manera ilegal… ¿Cuál sería su actitud? Ahora imaginemos que usted es un refugiado que ha escapado de una de las peores matanzas étnicas de los tiempos modernos y teme volver a un Estado donde le niegan la ciudadanía y los derechos más básicos. Responder por escrito a las mencionadas preguntas lo identifica como candidato a ayuda humanitaria, pero también a una eventual repatriación. ¿Cómo afrontaría el cuestionario?

Pues bien, este acto de esperanza o valentía, según como se mire, es el que a partir del jueves el Gobierno de Bangladesh quiere que hagan todos los miembros de la minoría musulmana rohinyá que se han ido asentando en las últimas décadas tras huir de Birmania en diferentes momentos de tensión política y violencia en ese país de mayoría budista, y que no cuentan con estatuto de refugiado: es decir, la inmensa mayoría. Apenas 32.000 rohinyás están bajo protección del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Bangladesh, mientras que las autoridades estiman que el número total en su suelo oscila entre los 300.000 y el medio millón.

Cuántos hay realmente es lo que tratarán de averiguar los 4.000 funcionarios del Buró de Estadística (BBS) que harán el primer censo de “nacionales de Myanmar indocumentados”, según la jerga oficial bangladesí. Para ello visitarán entre el 2 y el 12 de junio hogares previamente identificados de seis distritos surorientales, incluido el más importante, el costero de Cox’s Bazar fronterizo con Birmania. Allí se concentra el grueso del público objetivo bien en campos de acogida, emplazamientos informales o mezclados con la población autóctona.

 ¿De la crisis migratoria a la repatriación?

Hace un año los rohinyás se colaron en las portadas de la prensa internacional. Junto a bangladesíes pobres pusieron rostro a una crisis migratoria en la que barcos en precarias condiciones y atestados de miembros de esas comunidades permanecían varados en aguas del Sudeste Asiático. Sucedió después de que Tailandia y Malasia lanzaran operaciones contra las redes de trata de personas. Según Acnur, en la actualidad es mínimo el tráfico marítimo a cargo de mafias en la Bahía de Bengala, que desde 2014 llevó a unas 94.000 personas a partir desde Birmania y Bangladesh y al menos a 1.100 a morir en el intento buscando el Dorado malasio. Pero las condiciones en los lugares de origen siguen siendo difíciles.

La historia de los rohinyás es objeto de disputa: algunos defienden que han poblado el actual estado birmano de Rakáin desde hace siglos, aunque también se apunta que un flujo importante llegó en los siglos XIX y XX durante la colonización británica de Birmania. De etnia y dialecto similar al de los bengalíes, los rohinyás han terminado por convertirse en parias en ambos países. En 2014, el primer censo organizado por las autoridades birmanas en 30 años dejó sin reconocimiento a casi todos los rohinyás en su territorio: cerca de un millón. Ahora es el turno de Dacca. Y en esta ocasión, la ambición es opuesta: que no quede fuera ninguno.

Poca claridad para mucho más que un censo

Lo llaman censo, aunque la realidad va mucho más allá de un recuento de individuos, que es como el Ministerio de Exteriores lo justifica sin entrar en detalles. El cuestionario incluye 46 preguntas y de momento ni defensores de los derechos humanos ni organizaciones humanitarias ni los propios recopiladores de la información tienen claro que se hará con los resultados de la iniciativa. Tampoco parecen saberlo en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo escogido por las autoridades para apoyar las labores con campañas de concienciación que han ido desde obras de teatro a lecturas de poemas.

“Según el Gobierno, el principal propósito es tener una comprensión clara de cuántos nacionales indocumentados de Myanmar hay en sus límites para guiar con mayor fundamento el intercambio diplomático con Myanmar”, afirma Peppi Siddiq, director de desarrollo de proyectos de la OIM en el país.

“Es importante saber cuántos rohinyás viven en Bangladesh y cuáles son sus condiciones socioeconómicas de manera que se puedan preparar programas de asistencia adecuados. La inmensa mayoría de la comunidad (al no tener estatuto de refugiado) ha sido privada del derecho a recibir ayuda”, argumenta Phil Robertson, subdirector en Asia de Human Rights Watch (HRW).

En una línea similar se muestra la portavoz de ACNUR en Bangladesh, Farheen Khan: “Aplaudimos el censo. Es bueno registrar a gente que ahora mismo es invisible, pero debe hacerse cumpliendo las leyes internacionales”. Khan deseó que la iniciativa conduzca a “conceder algún tipo de estatuto legal” e instó a “explicar los objetivos” de la misma, pues de lo contrario “no puede darse voluntariedad”.

Preocupaciones de seguridad

Preocupa a todos lo que Bangladesh quiera hacer con la base de datos. Un temor se sitúa en el ámbito de la seguridad, con supuestas presiones de la India en un contexto de auge del extremismo en el país y con grupos como el yihadista Estado Islámico (EI) que han declarado su intención de explotar a esa comunidad y crear desestabilidad regional. Otro temor, el principal en la comunidad humanitaria, es que se produzcan repatriaciones forzosas y una posterior devolución por rechazo. “La política de Bangladesh ha sido intentar enviar a los rohinyás a Myanmar siempre que ha sido posible, pero francamente esto es prematuro y peligroso”, valora Robertson, de HRW. El responsable de la OIM mantiene que el Gobierno ha asegurado a la comunidad internacional que “los datos del censo no se utilizarán para afectar negativamente” a los rohinyás.

Bangladesh ya repatrió entre 1992 y 1997 a decenas de miles de rohinyás, pero el acuerdo bilateral se suspendió definitivamente en 2005 y muchos acabaron regresando a Bangladesh, mientras que otros rechazaron ir a Birmania. Tras décadas gobernado con puño de hierro por una junta militar, en el país vecino se ha producido recientemente un cambio de guardia pese a que el Ejército sigue conservando poder. Sin embargo, pocos observadores vaticinan un viraje radical en la política sobre los rohinyás a corto plazo por parte de la gobernante Liga Nacional para la Democracia (NLD) de la Premio Nobel de la Paz San Suu Kyi, quien para empezar pide no usar el gentilicio de la discordia.

Apenas 32.000 rohinyás están bajo protección de Acnur en Bangladesh, mientras se estiman que el número total oscila entre los 300.000 y el medio millón

El censo es un pilar fundamental de la estrategia nacional para los rohinyás que el Gobierno bangladesí elaboró en 2013 y presentó un año después a secciones de la comunidad internacional. Según el documento, que nunca ha sido difundido públicamente, el objetivo último es repatriar a los rohinyás. “Bangladesh aborda este asunto en todas las reuniones bilaterales que mantienen con Birmania”, advierte una fuente de un organismo internacional bajo anonimato.

Esperanza y temor en los campos

“El censo probablemente implicará algo de ayuda humanitaria, por ejemplo de nutrición”, sostiene la portavoz del ACNUR. Más allá de los 32.000 rohinyás con estatuto de refugiado, que habitan en dos campos, solo hay unos 50.000 individuos más residiendo en otros dos insalubres campos y en un emplazamiento costero de chabolas. El resto, la gran mayoría, es un misterio donde se encuentra. “La gente que está en los campos cree que puede obtener algún beneficio”, observa una fuente humanitaria. También Siddiq, de la OIM, espera que los datos obtenidos “sean usados para diseñar servicios humanitarios” y agrega que su organismo está “en conversaciones con el Gobierno para expedir documentos de identidad una vez el proceso se haya completado”.

“La gente del campo de Leda (sin estatuto de refugiado) está dispuesta a participar en el censo si trae consecuencias positivas. Confían en que serán registrados y recibirán raciones de comida”, asegura Nobid, un refugiado rohinyá de los registrados por ACNUR. De hecho, en las últimas semanas en estos emplazamientos se ha producido la llegada de individuos residentes fuera de los campos. “La estrategia es la siguiente: un miembro de la familia va a al campo ante la eventualidad de que se repartan raciones y ayuda tras el censo. Lo que esa persona obtenga será luego distribuido con los demás, que optan por no exponerse”, resume un activista extranjero en favor de los derechos de los rohinyás que gestiona una red informal de educación. “Si bien existe cierta esperanza por obtener algún tipo de reconocimiento, por lo general la gente está algo asustada”, remata la fuente humanitaria.

Difícil decisión para los “integrados”

Casi nadie apuesta, en cambio, por que la población rohinyá que con el tiempo ha conseguido salir adelante en pueblos y aldeas de Bangladesh se preste a participar en el censo. Son gente que, falsificando a menudo documentos e identidades, ha encontrado trabajos, contraído matrimonios mixtos con bangladesíes e incluso tenido hijos que nunca han estado en Birmania. “Les están pidiendo que admitan cosas que según la Ley de Extranjería son ilegales. ¿Les van a exencionar del mismo? ¿Qué pasará con esos niños? ¿Serán considerados rohinyás?”, se pregunta la fuente del organismo internacional. “Participar en el censo solo puede tener para estas personas consecuencias negativas”, secunda el activista, que recuerda que el miedo a las repatriaciones forzosas ya sufridas es un fantasma imborrable. Más allá del temor y la esperanza, la radiografía de una enorme población invisible está en marcha. Cabe ver ahora cuántos pacientes entrarán en la sala de rayos X de un doctor del que no se acaban de fiar. El tiempo lo dirá.