Salario mínimo, un éxito de la democracia no tan directa

El aumento del salario mínimo a 15 dólares la hora en California no estaba en la agenda de casi ningún político hace solo un mes. Ayer se convirtió en ley. El fulminante proceso ha sido un éxito del sindicato de salud, que planteó una iniciativa popular al respecto, pero también de una novedad en el sistema de democracia directa de California, cuyo poder no se había visto hasta ahora en acción: que sea un poquito menos directa.

La democracia directa de California es una de las más extremas del mundo. Pensada hace más de un siglo para que los ciudadanos pudieran saltarse a sus representantes cuando consideren que no responden a sus preocupaciones, hacía exactamente eso, ignorarlos. El sistema establecía que una vez presentada una iniciativa no se podía retirar ni enmendar. No es fácil recolectar firmas suficientes para presentar una iniciativa a votación, pero una vez conseguidas, esa iniciativa es un tren imparable que pasa por encima de todas las instituciones del Estado. Los ciudadanos escriben las leyes, las aprueban, y las instituciones se adaptan como pueden.

En septiembre de 2014, una coalición en la que estaba el Comité de Ideas a Largo Plazo para California del Instituto Berggruen de Santa Mónica propuso y consiguió aprobar un retoque del sistema, de forma que los autores de una iniciativa pudieran retirarla en caso de que encontraran una respuesta satisfactoria de las instituciones. El caso del salario mínimo ha sido el primero en el que se ha visto este matiz en acción.

A mediados de marzo, el sindicato de salud anunció que ya tenía firmas suficientes para que se votara su propuesta en noviembre. En una semana, el gobernador y el Legislativo se sentaron con ellos y pactaron una ley un poco más matizada (un año más de plazo para llegar a 15 dólares y abre la posibilidad de frenar la subida si la economía se estanca) que pudo ser presentada como un éxito por todos. Se espera que las dos iniciativas populares que se iban a votar en noviembre sean retiradas. Hace dos años, el choque entre ciudadanos e instituciones habría sido inevitable.