Jueces justicieros que sueñan con Watergate

Poco hay de épico en el intento de regreso del expresidente Lula da Silva al Gobierno de Brasil. Su toma de posesión como ministro fue apresurada e incómoda, como si la historia se repitiera como trámite burocrático. Le resta valor al momento el hecho de que quienes hoy pisan los talones a Lula sean jueces, y no (en apariencia) adversarios políticos.

La justicia decidirá cuánto hay de cierto en las acusaciones de enriquecimiento ilícito que penden sobre Lula. El caso es qué justicia lo decide: la que presume la inocencia de todos los acusados o la que atiende solo a la indignación política en la calle.

El héroe de las multitudinarias manifestaciones contra el Partido de los Trabajadores es el juez federal Sergio Moro, que instruye la causa de desvío de fondos en la petrolera estatal. Este, convencido del papel que le ha asignado la historia, cita en sus autos el caso Watergate, paradigma de abuso de poder y caída de un presidente. Efectivamente, a las proporciones de ese gran escándalo recurría Moro para justificar la grabación y filtración de una conversación telefónica en la que la presidenta Rousseff le comunicaba a Lula que le enviaba el acta de ministro. “Úsala solo en caso de necesidad”, decía. Si firmaba ese acta, como hizo el jueves, Lula quedaba aforado y solo el Supremo podría juzgarle. Viendo cómo Lula se le escapaba de las manos, este magistrado parecía lanzar un mensaje a la desesperada: hagamos historia, que caigan.

A su rescate acudió otro juez federal, Itagiba Catta Preta Neto, que se apresuró a ordenar la anulación del nombramiento de Lula porque “la ostentación y ejercicio del cargo puede dar lugar a una intervención indebida y odiosa en la actividad policial del ministerio público”. Curiosa apelación, viniendo de este magistrado.

Hace un año, antes de las elecciones que volvió a ganar Rousseff, él mismo recomendaba: “Ayude a derrocar a Dilma y vuelva a viajar a Miami y a Orlando. Si cae, el dólar también caerá”. “Fuera Dilma”, escribía en un selfie tomado en una manifestación. Y recientemente proclamaba en Facebook: “Lula puede ser ministro de Justicia. Estamos jodidos”.

Ahí queda la independencia judicial. A pesar de que las fronteras entre el activismo político y la justicia son tan difusas en el caso Lula, otro magistrado, del Supremo, decidió el viernes suspender su nombramiento de forma cautelar.

Moro puede seguir tras Lula, entonces. Es su papel. Cuando se vio obligado a explicar por qué filtró una conversación privada entre la presidenta y Lula, dijo que el “mandatario de la República no tiene privilegio absoluto en el resguardo de sus comunicaciones”, como demuestra “el precedente de la Suprema Corte norteamericana en US v. Nixon, 1974, un ejemplo a seguir”. Olvida que en el caso Watergate el que grabó subrepticiamente a sus adversarios era no un juez, sino el presidente, lo que le forzaría a dimitir. No es un mal ejemplo para un magistrado, especialmente si tiene ambiciones políticas.