Justicia para todos

La declaración de la Infanta, nueva prueba de independencia judicial

La infanta Cristina, durante su declaración.

Tras años de instrucción y semanas de juicio oral, ayer se produjo un hecho histórico que muchos apostaron que jamás ocurriría: la declaración de la infanta Cristina como acusada de cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. Supone una nueva prueba de que en España se puede hacer justicia sin limitaciones y despeja los fantasmas a propósito de las injerencias del poder político o institucional sobre el judicial. El impacto brutal de ver a un antiguo miembro de la familia real en el banquillo trasciende su relevancia judicial. Es una llamada de atención sobre la degradación moral que ha sufrido este país en los últimos años. Al tiempo, desde un ángulo más optimista, prueba también cuánto se ha avanzado hacia un sistema de justicia para todos.

No es momento de opinar sobre la culpabilidad o no de Cristina de Borbón. Son las tres magistradas de la Audiencia de Palma las que deben juzgar los hechos y dictar la sentencia que consideren oportuna. En cualquier caso, la Infanta tiene la misma presunción de inocencia que los otros acusados.

Su declaración, muy preparada con los abogados, se centró en intentar demostrar que no tenía participación alguna en la gestión de la sociedad Aizoon, de la que era propietaria al 50% con Iñaki Urdangarin, y que todo lo que firmaba lo hacía por confianza en su marido. A preguntas de su abogado, insistió en que nunca tuvo información sobre la actividad económica ni fiscal de la sociedad. Una estrategia de defensa que ya utilizó durante la fase de instrucción y que no le sirvió para evitar su procesamiento, a pesar de que la fiscalía y la Abogacía del Estado pidieran su exculpación, algo discutible: se puede entender que ambas se han extralimitado en su defensa.

La Infanta está sentada en el banquillo acusada de dos delitos fiscales por el dudoso sindicato Manos Limpias, que pide ocho años de prisión para ella. El tribunal decidió no aplicar la denominada doctrina Botín, solicitada por sus abogados, por el fiscal y por la abogada del Estado.

Cristina de Borbón ejerció su derecho a responder tan solo a las preguntas de su abogado, renunciando a contestar al resto. Pese a ello, la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, decidió hacerle las preguntas que tenía preparadas, acogiéndose también a su derecho. La abogada aprovechó la ocasión para plantear durante más de media hora una batería de preguntas que nada tenían que ver con los cargos de que se le acusan a la Infanta. La presidenta del tribunal tuvo que reprender en varias ocasiones a López Negrete ante la retahíla de increpaciones en las que no dudó en intentar implicar a la Casa del Rey e incluso a la reina Sofía en asuntos de la actividad diaria de la fundación Nóos que no se corresponden con los presuntos delitos cometidos por la Infanta.

Aunque algunas preguntas quedaron fuera del sumario por decisión de la magistrada, el mal estaba hecho. La letrada se aprovechó de la retransmisión en directo del interrogatorio para aplicar la llamada pena de telediario a la Infanta y a la propia Casa del Rey. Algo que debería evitarse en este y en todos los casos que se han producido en los últimos meses en procedimientos muy distintos.

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