Selecciona Edición
Iniciar sesión

Trasplantes o la fabricación del éxito

La alta tasa de donantes está empujada por el dinero y no por el altruismo. Sin los incentivos financieros se desplomaría

También en el llamado modelo español de trasplantes, tan aplaudido como chef d’oeuvre de nuestra sanidad pública e imbatible campeón mundial de la especialidad, es muy necesario hacer luz y limpieza a fondo. También ahí, aunque muchos se asombren. Desde un principio se ha ocultado a la sociedad española cómo es de verdad el modelo: un habilidoso mecanismo montado por la Organización Nacional de Trasplantes con abundante dinero irregular, pocos escrúpulos, falta absoluta de transparencia y la complicidad entusiasta de las autoridades sanitarias para producir altas tasas de donantes. Un sistema asentado en la perversión de que el fin justifica los medios y diseñado para conseguir resultados como sea. Tres hechos, mantenidos siempre en penumbra, explican cómo se ha fabricado su éxito: unos inusitados incentivos financieros a la producción de trasplantes, la despreocupación por la injusticia y la desigualdad y una estudiada comparación de las cifras del modelo español con las de otros países.

1. Incentivos financieros. El personal de la sanidad pública es retribuido en todas las autonomías con una cantidad mensual (sueldo, antigüedad, guardias, complementos) acorde con la categoría laboral, cualquiera que sea la especialidad clínica y la dificultad técnica o el volumen del trabajo que presta. Todo lo que un médico, o un enfermero, o un auxiliar puedan hacer está incluido en la mensualidad. Todo, salvo los trasplantes, que se pagan aparte. Excepción sorprendente, jamás razonada, que además arrastra circunstancias también chocantes: el pago es de muy dudosa legalidad (probablemente las autonomías vulneran la competencia exclusiva del Estado en materia de prestaciones) y se hace por trasplante cumplido, o sea un pago por acto, forma desusada y casi proscrita en la sanidad pública que hace depender la cuantía de los ingresos del número de actos. De este modo se establece un verdadero incentivo financiero a la producción de trasplantes, insólito y único en el Sistema Nacional de Salud e insólito y único en el resto del mundo desarrollado.

Los incentivos son sustanciosos (por ejemplo, más de 13.000 euros en Andalucía o más de 15.000 en Murcia por trasplante de hígado) y sumados al salario ordinario elevan la remuneración de los médicos y enfermeros de los equipos de trasplantes a cantidades muy abultadas en el sistema: el doble o más de lo que perciben sus compañeros profesionales que, con igual esfuerzo y utilidad asistencial, ejercen en otros servicios clínicos (un cirujano que hace trasplantes en un hospital de 500 camas puede ingresar al año más de 150.000 euros, mientras que otro cirujano del mismo hospital con igual experiencia profesional y similar habilidad quirúrgica que no hace trasplantes, no más de 60.000 euros).

La perspectiva de rentas tan crecidas apremia, claro está, a todos los miembros de los equipos de trasplantes en los 186 hospitales facultados para este tratamiento en España a detectar donantes potenciales y persuadir a los familiares (incluso sin grandes miramientos: “La corrección de los medios para convencer… parece tener una importancia secundaria”; Rodríguez Arias, tesis doctoral, pag. 143, U. Salamanca) de que autoricen la extracción del órgano. En realidad, el dinero extra se paga, más que por trasplante hecho, por donante conseguido (y no sólo de modo implícito: varias comunidades pagan descaradamente por detectar un donante; ejemplos: Andalucía, 2.800 euros; Murcia, 1.800), lo que se asemeja mucho, si no es igual, a una compra indirecta de órganos por el sistema público.

La alta tasa de donantes, medida del éxito del modelo español, está empujada por el dinero y no por el altruismo. Sin los incentivos financieros se desplomaría. En la donación de sangre, un acto mucho más simple que no tiene estímulos económicos, España está en los últimos lugares de Europa.

La prioridad de estos servicios responde a intereses políticos y económicos

2. Injusticias y desigualdades. Además de su eventual ilegalidad y su patente inmoralidad, los incentivos financieros a los trasplantes originan dolorosas e inaceptables desigualdades en la asistencia a los enfermos y en el trato a los profesionales sanitarios que rompen con descaro la equidad, principio esencial del sistema. De hecho, instalan con carácter oficial la arbitrariedad y la insolidaridad en la sanidad pública. ¿Por qué se dedica dinero extra, millones de euros, a las operaciones de trasplante mientras otros tratamientos que también rescatan enfermos en grave peligro, muchos más enfermos aunque menos visibles en los medios, han de ajustarse a la escasez de recursos? ¿Por qué ese dinero para incentivar los trasplantes ha sido eximido (otra excepción pasmosa) de los durísimos recortes hechos a la asistencia pública con motivo de la crisis? ¿Por qué los ingresos de los profesionales que hacen trasplantes son superiores a los que reciben los restantes médicos y enfermeros del sistema? (en Murcia un celador recibe 238 euros por trasplante de hígado, mucho más de lo que se le paga a un cirujano no trasplantador por cada operación en horario de tarde). ¿Por qué, en fin, se infringen derechos sociales y laborales y se desprecia la justicia por las propias autoridades sanitarias para privilegiar el tratamiento de trasplante? No se encuentran respuestas, pero bastan las preguntas para ver que la prioridad de los trasplantes en la sanidad pública se debe, no a razones éticas y sociales sino a oscuros intereses políticos y económicos. El modelo español es un foco de corrupción del sistema.

3. Comparaciones convenientes. Cuando la Organización Nacional de Trasplantes pregona la primacía del modelo español siempre omite circunstancias y datos comparativos que evidencian la inconsistencia de tal liderazgo, como las siguientes:

a) Distinto cómputo de donantes. España registra como donantes a todos a los que se ha extraído un órgano, sea éste apto para el trasplante o no lo sea y deba descartarse. La mayor parte de los países desarrollados (Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Suecia) cuentan como donantes solamente a aquellos cuyos órganos extraídos han sido efectivamente trasplantados (es decir, excluyen a los donantes de órganos descartados que España incluye). Si España aplicase este mayoritario y realista criterio de utilidad terapéutica, su tasa de donantes descendería: la de 2014, por ejemplo, que fue de 36 por millón de habitantes, bajaría a 30,8, inferior a la de Croacia, 33,7, que también habría superado a España en los cinco años anteriores. Desde 2010 España no habría sido líder (Eurotransplant Annual Reports 2010-2014).

b) Tasa de trasplantes hechos o número de enfermos tratados. Seguramente porque los incentivos financieros ablandan el debido rigor en la selección de donantes, en España el porcentaje de donantes de órganos desechados es alto (14%) e influye en que la tasa de trasplantes sea regularmente inferior a la de otros países: en 2011, en España se hicieron 86,4 trasplantes por millón de habitantes y en Noruega 91,4 y en Estados Unidos 91,1; en 2012, en España 87,6, en Noruega 94,0 y en Bélgica 93,9; en 2013, en España 88,8 y en Noruega 92,8, y en 2014, en España 90,2 y en Austria 92,6 (Newsletter Transplant Vol 17,18, 19, 20, 2012/2015). En contra de lo que tantas veces se dice, los ciudadanos españoles no son los que más posibilidades tienen en el mundo de acceder a un trasplante.

En fin, el modelo español está dopado con dinero, suma donantes de órganos no utilizables y salva menos vidas (hace menos trasplantes) que los de otros varios países. Esta es la realidad que la Organización Nacional de Trasplantes esconde y la engañada sociedad aplaude y galardona.

Enrique Costas Lombardía es economista y Carlos Lozano Trotonda, médico.