Fraude en el cine

Por si no tenía ya suficientes dificultades, el sector del cine afronta ahora una investigación judicial que proyecta serias dudas sobre las cifras de espectadores en base a las cuales recibieron subvenciones decenas de productoras. El informe de la fiscalía indica que hay sospechas de fraude en 42 películas investigadas entre 2012 y 2015 que pidieron ayudas a través del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales. En algunos casos se compraron paquetes de entradas que nadie disfrutó para poder alcanzar el cupo necesario; en otros, ni siquiera se llegaron a realizar las proyecciones que figuraban en la documentación.

Las sospechas afectan a un muy criticado sistema de financiación basado en las denominadas “ayudas a la amortización”. La cuantía de las subvenciones depende de factores variables, entre ellos el número de espectadores, y no se cobran hasta años después del estreno. Aparte de la posibilidad de engaño, esta forma de cálculo entraña altas dosis de incertidumbre para las productoras, que a menudo deben recurrir a créditos a cuenta de ayudas cuyo monto final desconocen. Tras cuatro años de negociaciones, el Consejo de Ministros aprobó en mayo un nuevo sistema consensuado con el sector que entrará en vigor en 2016 y que se basa en un mecanismo de apoyo anticipado según requisitos objetivables y transparentes. El problema es que el nuevo y el viejo procedimiento convivirán hasta 2018 y se repartirán el presupuesto.

El hecho de que el modelo que se va a derogar fuera nefasto no justifica ningún tipo de fraude. Alterar los datos, además de un delito, supone atentar contra el principio de igualdad; dado que el presupuesto es limitado, implica privar a otras productoras de unas ayudas para las que tal vez tenían más méritos. Es de esperar que la investigación depure todas las responsabilidades. Hasta que el viejo método se extinga, las autoridades deben extremar la vigilancia.