Recetas de desarrollo a la española

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobará el viernes 25 de septiembre la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es decir, el marco global de desarrollo para los próximos 15 años. Es un documento más ambicioso que su predecesor, el de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues contiene 17 metas y 169 objetivos a cumplir por todos los países del mundo, ya sean más ricos o pobres, todos tienen obligación de adaptar las metas acordadas al ámbito nacional y hacer de ella una guía para sus futuras políticas públicas.

España también está llamada a sumarse a ese esfuerzo colectivo. El país ha mantenido una posición activa en el debate de los ODS y también de la de Financiación para el Desarrollo, pero hay un problema: su posición internacional no se corresponde con las políticas que luego aplica en el ámbito nacional.

Mientras se insiste en la necesidad de luchar contra las desigualdades en todo el mundo, en casa se aplican duros recortes y políticas de austeridad en ámbitos tan importantes como la educación o la sanidad que han llevado a aumentar la inequidad y el nivel de pobreza entre los propios españoles, según denuncia el informe España frente a los retos de la agenda de desarrollo sostenible elaborado por Oxfam Intermon y Unicef y presentado hoy jueves en Madrid. Este documento desgrana en qué aspectos España ha fallado más mediante el análisis de su realidad social, económica y medioambiental, y pone de relieve las secuelas de la crisis económica y los retrocesos habidos en materia de derechos y bienestar. Y no se queda en la crítica, pues también indica de qué manera debe mejorar el país y cómo puede hacerlo, aportando una hoja de ruta para este propósito y que deberá adoptar el Gobierno resultante tras las elecciones generales del próximo mes de diciembre.

 El informe presentado hoy se centra en ocho de los 17 ODS elegidos porque aluden a ámbitos relevantes de la actual realidad económica, social, política, internacional y medioambiental española y que articulan los principales temas de la Agenda: la lucha contra el cambio climático, la desigualdad y la pobreza o la promoción de la sostenibilidad. Así le va a España, y así puede mejorar:

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo (ODS 1)

El 29,2% de los españoles (13,4 millones de personas y tres millones de ellos, niños) se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2014, superando en seis puntos la media europea. En los años previos a la crisis ya existían tasas elevadas (19,7% en 2007) pero el agudo descenso de los ingresos de las familias a causa del desempleo y la inestabilidad laboral empeoraron la situación. Aunque ha habido una leve mejoría en 2015, unas 750.000 familias siguen sin tener ingreso alguno. En cuanto a la protección social de los ciudadanos, los datos tampoco son buenos: el sistema español es débil, según el informe, pues muchas necesidades básicas no están garantizadas. El gasto público en esta materia es del 25,9% del PIB, por debajo de la media europea. Desde 2010 se reduce el gasto social, las políticas activas de empleo se han revelado ineficaces y las rentas mínimas de insercción y los servicios sociales dependen de las comunidades autónomas y son muy dispares.

• Qué hacer España se ha comprometido con la Estrategia Europea 2020 a reducir en 1,4 millones de personas el volumen de personas en riesgo de pobreza, pero dado que en tre 2008 y 2014 esta cifra de pobres aumentó en 2,3 millones de personas, el resultado es que ahora el país tiene que sacar de esta situación a 3,7 millones. Para cumplir su compromiso, España deberá establecer un sistema que garantice unos ingresos mínimos en todos los hogares y adoptar un Pacto de Estado por la Infancia (algo ya solicitado por Unicef con anterioridad) que otorgue prioridad presupuestaria a los niños y niñas para evitar que caigan en la pobreza o la exclusión social y para que tengan garantizadas todas sus necesidades básicas.

2. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos (ODS 3)

Los gastos de dinero público en conciertos con el sector privado se han incrementado hasta un 11,62%, pero lo más grave es que la garantía al derecho a la salud ha sufrido importantes retrocesos. Desde la aprobación del Real Decreto Ley 16/2012 en agosto de 2012, casi 750.000 personas, todas inmigrantes en situación administrativa irregular salvo embarazadas y menores, perdieron el derecho a la asistencia sanitaria gratuita salvo en caso de urgencia. Y esto tampoco se ha cumplido siempre. La medida, calificada de injusta por varios organismos internacionales, también ha sido ineficaz al recargar innecesariamente las urgencias. En 2015 el Gobierno ha anunciado que devolverá este derecho a los sin papeles, pero no aún no se ha concretado el cómo. Además, España ha realizado un recorte del 20,3% del esfuerzo público per capita en salud y también se ha reducido en gasto farmacéutico. Por esta última medida, las personas que no pueden hacer frente a la compra de sus medicamentos ha pasado del 5,4% en 2007 al 15,8% en 2013.

• Qué hacer: España debe proporcionar cobertura sanitaria universal gratuita a todo el mundo independientemente de su situación administrativa. Para ello, el primer paso es derogar el decreto ley que restringió este derecho. También hay que asegurar la adecuada financiación de los sistemas de salud para revertir la tendencia de ajustes y la supresión de personal médico. Igualmente, hay que preservar el carácter público de la prestación de servicios de salud reduciendo el porcentaje del gasto público en sanidad dedicado a conciertos con el sector privado a un 3% en 2020.

3. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad (ODS 4)

La tasa de abandono escolar temprano se ha reducido en los últimos años pero sigue siendo elevada: un 21,9% en 2014, casi el doble que la media europea y muy lejos de la meta comprometida por España en la Estrategia Europea 2020, del 15%. El gasto público en Educación se ha reducido: en 2013 era del 4,31% del PIB, también menor que en el resto de países de la UE. Entre los 3 y 16 años, el 100% de los alumnos están matriculados, pero esto no ocurre en la etapa de 0 a 3, muy importante para el desarrollo de habilidades cognitivas tempranas: aquí la oferta pública es insuficiente y la tasa neta de escolarización solo llega al 31,5% en 2013. Hay, además, otras carencias, como el rendimiento escolar, inferior a la media europea, y la elevada tasa de fracaso escolar. Además, los recortes del 16% aplicados desde 2009 se han traducido en la reducción del número de profesores, menos recursos para la educación compensatoria de estudiantes con dificultades y menos ayudas de comedor y de libros.

• Qué hacer: España debe lograr que en 2030 su tasa de abandono escolar esté por debajo del 10%, y para ello debedestinar recursos a medidas que hagan que todos los alumnos reciban el apoyo necesario para acabar la educación secundaria. Para avanzar en la plena realización del derecho a la educación, se debe construir un acuerdo social por la educación pública que garantice la estabilidad del sistema educativo y que cumpla su función de mecanismo de corrección de desigualdades. Se debe garantizar una oferta de plazas públicas en todas las etapas y modalidades de enseñanza y aumentar los recursos públicos destinados a la educación en un 7% en 2020.

4. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas (ODS 5)

Asegura el informe que la crisis ha impactado sobre las mujeres al comprometer, en algunos casos, los avances logrados en el periodo anterior. Estos se valoran en función de la reducción de la brecha salarial de género, y en España, que se había reducido, volvió a aumentar en el periodo final: ahora hay una diferencia del 19,3%, tres puntos más que la media europea. Las labores del hogar siguen mal repartidas: las mujeres dedicaban 4,29 horas diarias al cuidado familiar frente a las 2,32 de los hombres. En general se ha avanzado en la incorporación de ellas a la vida pública, pero persisten patrones culturales machistas. El debilitamiento de la Ley de Dependencia de 2006, con fuertes recortes, ha devuelto a las familias y en concreto a las mujeres, el cuidado de más de 445.000 personas dependientes que no reciben ayuda. No menos importante es la violencia contra las mujeres, "la expresión más brutal de la desigualdad", según el informe. En 2014 se denunciaron 136.742 casos de violencia de género y 54 mujeres fueron asesinadas.

• Qué hacer: Se debe pagar lo mismo en los puestos de trabajo, independientemente del género, en 2030. Como hito intermedio, en 2020 España debería haber reducido la brecha salarial al 15%. También hay que revertir la reducción y la disparidad de las ayudas a las víctimas de violencia machista y mejorar la parte asistencial. No menos importante es ampliar las medidas de conciliación de la vida laboral y la familiar y desarrollar actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad y eliminar prejuicios y estereotipos sobre los roles de hombres y  mujeres.

5. Reducir la desigualdad en y entre los países (ODS 10)

La desigualdad económica, especialmente aquella que deriva en una distribución injusta de las oportunidades, es una de las grandes lacras sociales y se ha agudizado a consecuencia de la crisis. Con la crisis, la vulnerabilidad laboral de un segmento de la población se transformó en pobreza y exclusión. ¿Cómo se mide la desigualdad en un país? Mediante el Índice de Palma, que se obtiene midiendo la relación entre los ingresos del 10% más rico de la población y el 40% más pobre. Los valores superiores a uno indican que hay una desviación en favor de los más ricos, y el índice de España era de 1,36 en 2014, con un 24,7% de l apoblación que pertenece al 10% más rico y un 24,7% que están entre el 40% más pobre.También hay que analizar el sistema fiscal , caracterizado por su baja capacidad recaudatoria. Hoy, el 90,76% de los impuestos proviene de los hogares y no de empresas, que gozan de exenciones fiscales que hacen que su tasa efectiva sea apenas del 5,3%. En consecuencia, el total de impuestos que se recauda (medido como porcentaje sobre el PIB) es del 32,5% frente al 34,1% de la OCDE es insuficiente para garantizar los servicios sociales, que son el núcleo del Estado de bienestar.

• Qué hacer: España debe reducir su Índice de Palma por debajo de un punto, de modo que los ingresos del 40% de la población más pobre sean superiores a los del 10% más rico antes de 2030. Para ello debe incrementar la capacidad recaudatoria aumentando los impuestos a las rentas más altas ya las grandes empresas; debe recuperar la progresividad del sistema fiscal gravando la riqueza a través de los impuestos; debe legislar en contra de la evasión de la evasión fiscal, garantizar un salario digno a todos los trabajadores y fomentar las oportunidades de empleo.

6. Asegurar modelos de producción y consumo sostenible (ODS 12)

En las últimas décadas, la presión sobre el medioambiente ha aumentado mucho debido al crecimiento económico y al poblacional, pero también por los cambios en los patrones de producción y consumo. Y eso degrada el entorno natural. España es el sexto país de la UE en desperdicio de recursos, con 7,7 millones de toneladas en 2010. En cuanto a los deshechos, las cuotas de reciclado son aún bajas, pues están entre el 17% y el 30%, cuando la media europea se sitúa en el 42%. España debe reducir a un máximo de 3,3 millones de toneladas los desperdicios de alimentos en 2020 y alcanzar una tasas de reciclaje de residuos urbanos del 70% en 2030. Para reducir el despercidio de comida, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente elaboró en 2013 la estrategia Más alimento, menos desperdicio, pero no existen aún indicadores a nivel europeo para monitorizar el progreso hacia estas metas.

• Qué hacer: España debe promover campañas de minimización del consumo en la industria y en la sociedad e incrementar el reciclado y la reutilización en el ámbito municipal. También hay que limitar el desperdicio de alimentos, tanto de los consumidores finales como de la cadena de producción, en un 50% en 2020. Es importante, según el informe, suprimir las subvenciones ineficientes y perjudiciales para el medioambiente e introducir nuevos impuestos ambientales.

7. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. (ODS 13)

La raíz del problema del cambio climático viene del modelo energético adoptado, basado en el uso de combustibles fósiles emisores de CO2. Para revertir este proceso es clave avanzar hacia una economía sostenible basada en energías renovables y en la eficiencia energética. En España, el porcentaje de consumo energético proveniente de fuentes de energías renovables era del 15,4% en 2013 y la variación en el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990 ha sido de un 122,48%. Su contribución al Fonde Verde del Clima para el periodo 2015-2018 será  de 161 millones de dólares de los 15.000 millones que se quieren recaudar. Es cierto, por otra parte, que se ha producido una reducción de los GEI, pero ha sido por el impacto de la crisis y no por la implementación de medidas adecuadas. Y no se ha cumplido el protocolo de Kioto: no se debía superar el 15% en el aumento de emisiones desde 1990 y se ha sobrepasado hasta el 23,7%,

• Qué hacer: "España debe realizar un esfuerzo mayúsculo", reza el informe. Para ello deberá acelerar la reducción de emisiones de CO2 para lograr las metas acordadas: con la UE 80% de disminución de los GEI en 2020 y un 60% en 2030). Para ello tendrá que iniciar el tránsito hacia una economía baja en carbono reduciendo la dependencia de los hidrocarburos. Igualmente, debe promover el uso de energías renovables para lograr que en 2030 el 27% del consumo provenga de ellas y fomentar también en la próxima Conferencia del Clima de París —COP21— la adopción de un paquete financiero ambicioso para que los países en desarrollo también puedan poner en marcha sus medidas de adaptación al cambio climático y de cambio de modelo energético.Igualmente, se pide que incremente su dotación financiera al Fondo Verde del Clima de la ONU en 540 millones de dólares, pues hasta ahora solo ha comprometido 161 millones.

8. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza global para el desarrollo sostenible. (ODS 17)

La cooperación al desarrollo española acumula una trayectoria de más de 30 años pero no se ha consolidado como una política pública de Estado aún. De hecho, ha sido una de las más perjudicadas por la crisis, pues entre 2009 y 2014 la ayuda total neta se redujo un 70%, pasando de representar el 0,46% de la renta nacional bruta (RNB) al 0,14%, y muy alejada de ese 0,7% del Producto Nacional Bruto que se pide a todos los países donantes.

• Qué hacer: España está obligada a constribuir a la realización de la Agenda 2030 en los países en desarrollo desde una posición acorde con su dimensión y nivel de desarrollo. Para ello, debe establecer una senda de recuperación de la AOD con un aumento pautado de los presupuestos que permita lograr el 0,7% en 2023. Debe asímismo recuperar la cooperación al desarrollo como una política de Estado, fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones gestoras como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y concentrar la acción en países menos adelantados para proveerlos de servicios básicos, en particular para la infancia y la mujer. Entre otras medidas, se considera importante avanzar en la rendición de cuentas sobre las acciones realizadas y poner en marcha un Impuesto a las Transacciones Financieras que garantice que el 50% de los fondos van a luchar contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático.