Caros delirios de grandeza

El proyecto faraónico que la expresidenta Esperanza Aguirre pregonó el 31 enero de 2007, consistente en levantar en un secarral de Madrid la mayor ciudad judicial del mundo, ha resultado un fiasco carísimo. Del total de 130 millones de euros desembolsados por la Comunidad de Madrid para financiar este conjunto, proyectado en parte por una serie de arquitectos internacionales de prestigio, 105 se han evaporado sin provecho para nadie, salvo para una maraña de constructores y gestores que han cobrado millonadas por fastuosos edificios no construidos o trámites burocráticos inservibles.

Para crear este desnortado complejo judicial, Aguirre creó Campus de la Justicia. Una entidad que aunque se nutría exclusivamente de dinero público, fue configurada como sociedad mercantil, lo que permitió derrochar dinero sin los controles por los que se rige la Administración. Así, quedaba exenta, por ejemplo, de tener que presentar su contabilidad a la Cámara de Cuentas; y, a la vez, permitía nutrirla de trabajadores enchufados.

Si bien es cierto que en 2007 no era fácil intuir la virulencia de la crisis que finalmente, en 2008, paralizó el proyecto, también es verdad que una gestión mínimamente diligente habría aminorado semejante sacrificio económico. Campus de la Justicia pudo liquidarse, por ejemplo, en 2008 o 2009, y no estar activa, como ha sucedido, durante nueve años.

Impresiona ver el deterioro del único edificio, de los 12 previstos, que subsiste en el citado secarral. Y también saber que el Gobierno madrileño vendió por 76 millones dos edificios judiciales cuyos juzgados hubo que trasladar a inmuebles privados y cuyos costosos alquileres están pagando ahora los madrileños. A los mismos ciudadanos a los que Aguirre prometió en 2007 que su obra estrella de la legislatura no les iba a costar ni un euro, debería explicarles ahora dónde fueron a parar los 105 millones despilfarrados.