Intimidación injustificable

La amenaza de encarcelamiento y procesamiento de quien ha sido durante cuatro años corresponsal de El PAÍS en Egipto, Ricard González, es incompatible con el ejercicio de los derechos de libertad de expresión e información que están en la base de los sistemas en los que hay garantías democráticas. Son los hechos —y no los discursos, por muy altisonantes que sean— los que demuestran que en un país se puede vivir en libertad. Y en Egipto se viven situaciones en las que con demasiada frecuencia no existe esa demostración.

El caso de González, que ha tenido que abandonar El Cairo, no es aislado; es otro incidente más en una forma de actuar que el presidente, Abdelfatá al Sisi, aplica al ejercicio del periodismo. Otros corresponsales extranjeros han sido encarcelados, procesados y, en el caso de un reportero australiano, deportado por el mero hecho de realizar su trabajo. En otras ocasiones, los periodistas han resultado agredidos por grupos de personas favorables a Al Sisi. Entre estos últimos hay tres corresponsales españoles.

El actual presidente llegó al poder mediante un golpe de Estado que derrocó a un Gobierno legítimamente elegido y constituido (por muchos desafueros y sectarismos en los que incurriera). Y lo hizo siguiendo el manual: encarceló a los gobernantes, prohibió sus partidos, disolvió el Parlamento y convocó elecciones que ganó —vestido de civil— para terminar condenando a muerte a los que había derrocado.

Egipto se enfrenta a dos grandes desafíos: las fuertes tensiones internas que sufre y la amenaza del Estado Islámico y otras organizaciones yihadistas, como se puso de manifiesto en la cruenta ofensiva del pasado jueves. Es fundamental que supere ambos, y necesita para ello todo el respaldo que la comunidad internacional pueda darle. Pero no lo conseguirá hostigando a los periodistas.