Víctimas de la guerra y del desarrollo

En 1999, comandos serbios encapuchados y con la cara pintada penetraron Hade, un pueblo de la montaña en Kosovo, y ejecutaron a cinco hombres musulmanes de entre 25 y 80 años. Los soldados obligaron a los supervivientes a subir a autobuses que pusieron rumbo a Albania y Macedonia. A continuación prendieron fuego prácticamente a todas las casas.

Cuando la campaña de bombardeos liderada por Estados Unidos expulsó a las fuerzas serbias de Kosovo, los habitantes de Hade regresaron de los campos de refugiados y de los campamentos en lo alto de las montañas. Durante los años siguientes, reconstruyeron su pueblo y siguieron cuidando de sus vacas y sus huertos y trabajando en la minería del carbón para KEK, la empresa eléctrica estatal de Kosovo. Pero la vuelta a casa no ha resultado lo que ellos esperaban.

La destrucción se cierne de nuevo sobre Hade. Los aldeanos y sus abogados cuentan que, esta vez, la amenaza para sus hogares procede del Gobierno de su propio país y del Banco Mundial, la entidad crediticia internacional que se ha comprometido a promover la “prosperidad común”. El Gobierno de Kosovo, con el apoyo del dinero y la asistencia técnica de este organismo, proyecta desalojar y destruir el pueblo.

Bajo las ondulantes colinas de Hade yace un rico filón de lignito que ha puesto al pueblo en el punto de mira a raíz de la expansión de las actividades mineras de KEK y de los planes de la autoridades kosovares y los expertos del Banco Mundial de construir una central térmica en las proximidades.

La presión del Gobierno para vaciar el pueblo ya ha obligado a unos 1.000 habitantes a abandonar sus casas. Unos cuantos miles más de Hade y los pueblos vecinos llevan una década esperando a que les digan cuándo les llegará la hora de marchar.

“Llevamos 10 años así. No tenemos la menor idea de cuándo acabará”, se lamenta Skender Grajcevci, un minero del carbón que vive en unos de los sectores de Hade que aún hay que desalojar. “Es peor que la guerra. En la guerra formábamos parte de algo. Ahora nos sentimos débiles. Vayamos a donde vayamos, nadie nos apoya”.

Grajcevci y otros lugareños afirman que durante la odisea de desarrollo y desplazamiento de Hade se les informó mal y se les maltrató, y que el Banco Mundial se ha amparado en tecnicismos para evitar hacerse responsable de su papel en el sufrimiento de la gente.

Las normas del Grupo del Banco Mundial exigen que sus clientes —tanto Gobiernos como empresas privadas— protejan a las personas afectadas por los proyectos de desarrollo del trauma de perder sus hogares o sus medios de vida. Según esas normas, las administraciones públicas y las compañías que reciben dinero del banco deben hacer que los desplazados por esos proyectos recuperen unas condiciones de vida iguales o mejores que las que tenían antes.

En la reclamación presentada el 12 de junio ante el comité de vigilancia interno del Banco Mundial, los representantes del pueblo alegan que la entidad crediticia ha infringido las normas que regulan el “reasentamiento involuntario”. Según afirman, el banco permitió que el joven Gobierno de Kosovo —que actuaba con carácter provisional hasta que declaró la independencia respecto a Serbia en 2008— se quedase con sus casas y sus tierras sin una compensación justa y sin un plan de realojo adecuado.

El Banco Mundial asegura que no se le puede culpar de lo que está ocurriendo en Hade, porque el organismo aún no ha decidido si contribuirá a reunir un paquete financiero a gran escala para la construcción de una futura central eléctrica con una capacidad de 600 megavatios. Un portavoz del banco declaró al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que la entidad no decidirá si dará apoyo completo a la central térmica hasta que haya consultado a la opinión pública y finalice los análisis ambientales, sociales y técnicos.

En una declaración, el banco afirma que “no participó” en la primera oleada de desalojos de Hade hace una década. Asegura que otra oleada más reciente “no fue causada por ningún proyecto del Banco”, pero que este accedió a apoyar el plan del Gobierno kosovar y a supervisar los traslados “con el fin de asegurar las buenas prácticas” y ayudar al Gobierno “a desarrollar capacidad” para gestionar los reasentamientos.

El Gobierno declara que la gente obligada a abandonar Hade fue informada y consultada a fondo, y que recibió compensación por sus pérdidas económicas al precio “más favorable”.

Esta historia es un ejemplo de cómo el Banco Mundial ejerce influencia en los países en desarrollo incluso antes de aprobar grandes acuerdos financieros, y de cómo a menudo no emplea su autoridad para garantizar que sus clientes estén a la altura de sus estándares.

Es peor que la guerra. En la guerra formábamos parte de algo. Ahora nos sentimos débiles Skender Grajcevci,  minero

La capacidad del Banco de ofrecer su experiencia y de etiquetar a un país de bueno o malo para hacer negocios le otorga una enorme influencia sobre lo que está ocurriendo sobre el terreno en muchos lugares. La entidad asesora a los Gobiernos sobre cómo organizar sus economías y cómo redactar leyes relacionadas con los derechos sobre la tierra y los desalojos. Además, años antes de aprobar un gran proyecto, envía expertos para buscar a otros financiadores y ayudar a los prestatarios a superar los obstáculos legales y sociales.

Los grupos ecologistas y pro derechos humanos consideran que los esfuerzos del banco por distanciarse de los desalojos de Hade no concuerdan con su historial en este y en otros pueblos rodeados por los yacimientos de carbón del centro de Kosovo.

El Banco Mundial empezó a asesorar al Gobierno kosovar en cuestiones de reasentamiento en la zona en el año 2004, y en 2006 aprobó una subvención de varios millones de dólares para ayudarle a planificar los traslados y estudiar la construcción de una nueva central térmica.

“Es muy irritante cuando estás en una reunión y te dicen que no hay proyecto”, comenta Nezir Sinani, un exempleado de KEK que actualmente trabaja como asesor en Washington, D.C. para el Centro de Información Bancaria, una entidad sin ánimo de lucro que aboga por que la gente afectada por los proyectos de desarrollo cuente con mejor protección. “No sabemos qué decirles excepto que llevan en ello una eternidad”.

El pueblo

Hade está a unos 14 kilómetros de Pristina, la capital de Kosovo, donde una estatua de tres metros de altura del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton ocupa un lugar destacado en el bulevar que lleva su nombre, como muestra de las estrechas relaciones entre ambos países.

Desde Pristina, el trayecto hasta Hade pasa junto a pequeños centros comerciales y gasolineras, y a continuación da paso a un paisaje de valles y colinas. Algunas de ellas están cubiertas de pastos y cultivos. Otras han sido desbrozadas por la minería, que ha creado pendientes artificiales y vistas de secciones de terreno parecidas a un trabajo escolar de ciencias, en las que quedan a la vista distintos niveles de tierra, roca y carbón.

En la distancia se elevan las chimeneas y las torres de refrigeración de Kosovo A y Kosovo B, las dos anticuadas centrales térmicas que abastecen al país de casi toda la electricidad. Con la ayuda del Banco Mundial, el Gobierno de Kosovo espera poder construir una central térmica de última generación —conocida como Nueva Kosovo— que le permitirá cerrar Kosovo A, construida en los años sesenta.

Según el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro estadounidense, la falta de capacidad para generar electricidad está impidiendo el desarrollo económico de Kosovo, uno de los países más pobres de Europa.

Los habitantes de Hade son musulmanes de origen albanés. Conviven en mahalas, barrios que llevan los nombres de los clanes. La gente comparte unos pocos apellidos: Grajcevci, Shala, Mirena y algunos más. A menudo, tres o cuatro generaciones de una familia viven en un mismo recinto rodeado por una tapia con jardines con flores y varias casas de bloques prefabricados o de hormigón.

Los habitantes cuentan que antes de que la minería empezase a engullir sus tierras y sus hogares, casi todos eran pobres, pero autosuficientes. Cultivaban hortalizas, horneaban pan, vendían carne ahumada y extraían carbón a mano para redondear sus ingresos.

“Tenía una vaca a la que podía ordeñar. Podía dar de comer a mi familia”, recuerda Haqif Shala, un antiguo habitante del pueblo de 59 años. “Y a final de mes me sobraba algo de dinero”.

Desalojo

Los 16 meses de la Guerra de Kosovo entre los rebeldes kosovares y las fuerzas serbias acabaron en junio de 1999, tras la intervención de Estados Unidos y otros países de la OTAN. Las familias que volvieron a Hade a lo largo de los meses siguientes reconstruyeron sus hogares sobre las ruinas de las casas destruidas por los agresores serbios.

Luego, en 2004, el Gobierno provisional, que entonces actuaba bajo protectorado de Naciones Unidas, empezó a presionar para echar a los habitantes de Hade de sus hogares y dejar vía libre a la expansión de las actividades mineras de KEK en la zona.

En julio de 2004, el Banco Mundial respondió a una petición del Gobierno y envió una “misión de dos personas” a Kosovo para dar asesoramiento en materia de normativas y ofrecer la experiencia del banco en la gestión del traslado de gran número de personas.

La autoridades de Kosovo centraron sus esfuerzos en un barrio de la periferia sur del pueblo. Algunos de sus habitantes se negaron a irse. Alegaban que el Gobierno tenía que poner antes por escrito cómo se les iba a compensar y dónde se los realojaría.

En junio de 2005 las autoridades de Kosovo emprendieron acciones para resolver el caso. Agim Grajcevci recuerda que estaba desayunando en el recinto de su familia en Hade cuando oyó golpes en la puerta delantera. Según cuenta, cuando acudió, un grupo de policías le alargó una hoja de papel. Decía que su familia tenía que desalojar la casa en 15 minutos. “¿Qué pasa?”, preguntó. “¿Hay guerra?”.

Después de varios meses de intentos infructuosos de convencer a Agim y a sus vecinos de que se marchasen, el Gobierno había declarado el estado de emergencia. Afirmaba que las actividades mineras en el valle que se encuentra a los pies de Hade se habían acercado tanto que sus vidas corrían peligro. “Gran parte del pueblo se puede derrumbar en cualquier momento, incluso mientras estamos aquí hablando”, declaró entonces un portavoz de KEK a los medios de comunicación.

Según la policía, ese día desalojó a 32 familias y detuvo a ocho personas que se negaban a irse. Agim Grajcevci fue uno de los hombres a los que sacaron de allí esposados.

“Se llevaron a mi padre y a sus hermanos”, recuerda Lulzim, el hijo de Agim, que entonces tenía cuatro años. “Solo me acuerdo de ver a un montón de policías. Estaba asustado y lloraba. No entendía lo que estaba pasando”.

La presión del Gobierno ha obligado a unos 1.000 habitantes a abandonar sus casas. Unos cuantos miles más  llevan una década esperando

Agim pasó un día y una noche encerrado. Lulzim durmió con su madre en una de las tiendas que se habían montado en otro lugar del pueblo para los expulsados. Cuando Agim y los demás detenidos volvieron esa noche, sus casas habían sido arrasadas por las excavadoras.

Según datos del Gobierno de Kosovo, unas 700 personas —alrededor de 150 familias— fueron obligadas a abandonar Hade en 2004 y 2005.

Una delegación del Banco Mundial señaló “algunas deficiencias” en la forma en que el Gobierno abordó los desalojos. “Fue un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas”, declaraba más tarde Jan-Peter Olters, director del Banco Mundial en Kosovo.

En 2006, el banco aprobó una subvención de 8,5 millones de dólares en asistencia técnica al Gobierno del país para que abordase los asuntos relacionados con la minería del carbón en la zona en torno a Hade. Parte del dinero estaba reservada a asesorar al Ejecutivo sobre los futuros reasentamientos. Otra se destinó a estudiar la construcción de una nueva central térmica.

Dentro del programa subvencionado, el banco también ayudó a la asamblea legislativa kosovar a elaborar una nueva ley sobre cómo abordar los desalojos para proyectos públicos.

Ted Downing, catedrático investigador y experto en desarrollo de la Universidad de Arizona, que el año pasado publicó un informe en el que criticaba la forma en que la entidad crediticia había gestionado la situación en Kosovo, afirma que el Banco Mundial hizo creer a las autoridades del país que la nueva ley se ajustaba a sus normas para proteger a las personas desplazadas.

Pero no era así, añade Downing. Por ejemplo, la nueva ley no exige que el Gobierno restituya a los desplazados unas condiciones de vida iguales o mejores que las que tenían antes de que los obligasen a trasladarse.

Esta omisión ha permitido a las autoridades kosovares dejar de lado las necesidades de la gente que perdió sus casas y sus tierras, añade, y condenar a los actuales y a los anteriores habitantes de Hade a años de “purgatorio de reasentamiento”.

El banco no ha respondido a una pregunta sobre las afirmaciones de Downing.

Esposados

Mientras las autoridades planificaban nuevos desalojos, los habitantes empezaron a organizar manifestaciones junto a las explotaciones de KEK y delante de edificios gubernamentales.

“No nos manifestamos por gusto”, decía Ragip Grajcevci, minero de 50 años y uno de los líderes del pueblo. “Si siguen aislándonos, no tenemos más remedio que protestar”.

En enero de 2008, Armend, el hijo de Ragip, que por aquel entonces tenía solo siete años, insistió en acompañar a su padre cuando conducía a un grupo de lugareños a la carretera principal que separa Hade de las minas de KEK.

Se congregaron al menos 100 habitantes del pueblo. Llevaban pancartas y bloquearon la carretera. Algunos de los manifestantes asaltaron la propiedad de KEK y pararon las cintas que transportaban el lignito pardo y de textura caliza a las zonas donde esperaba a ser trasladado.

La policía lanzó gases lacrimógenos y detuvo a los líderes de la protesta. A Armend le entró gas en los ojos. Recuerda que a través de las ardientes lágrimas vio cómo esposaban y se llevaban a rastras a su padre. “No pude hacer nada”, cuenta. “No sabía qué hacer”.

Los detenidos pasaron tres días encerrados antes de que los dejasen en libertad.

En mal momento

Según los habitantes de Hade, las protestas no han servido para hacer que el Gobierno cambie de rumbo. Después de años de frustración por la forma en que este manejó el proceso de reasentamiento, la gente del pueblo probó una nueva vía y buscó la ayuda de un poder externo que se promociona a sí mismo como defensor de los acosados: el Banco Mundial.

En 2012, los habitantes de Hade y de otros pueblos vecinos presentaron una queja ante el Panel de Inspección del Banco Mundial en la que acusaban a la institución de no haber evaluado adecuadamente el impacto económico y ambiental del proyecto del carbón. “Muchos de nuestros vecinos han sido desplazados, y no sabemos a cuántos más se desplazará”.

Los funcionarios del Banco Mundial replicaron que como el banco todavía tenía que dar la aprobación final a una propuesta de “garantía de riesgo parcial” por 58 millones de dólares, considerada crucial para hacer realidad la nueva planta, los habitantes del pueblo no tenían derecho a reclamar ante el Panel de Inspección. Sus problemas, declaró la institución, son “condiciones históricas” causadas por el funcionamiento de las antiguas centrales y no tienen nada que ver con las actividades de la entidad.

El Panel de Inspección expresó su preocupación por lo que estaba sucediendo en Hade, pero afirmó estar atado de manos: no podía hacer una investigación porque el proyecto todavía estaba en una “fase inicial” y en ese punto no había “actividades o decisiones clave del Banco” que el panel pudiese revisar. Añadió también: “Las personas afectadas podrán recurrir al panel en una fase posterior del ciclo del proyecto si así lo desean”.

Los lugareños y sus abogados afirman que los funcionarios de la entidad están utilizando las lagunas legales para evitar rendir cuentas. Chad Dobson, director ejecutivo del Centro de Información Bancaria, considera que el argumento de que el Banco Mundial no es responsable de cuestiones surgidas antes de que un paquete de financiación reciba el visto bueno definitivo es una “respuesta formal” cuya finalidad es “minimizar la vulnerabilidad del banco”.

Alojamiento temporal

Mientras el Panel de Inspección del Banco Mundial consideraba y desestimaba la reclamación presentada por los lugareños en 2012, el Gobierno de Kosovo se aplicaba a una nueva tanda de desalojos, cuyo objetivo era el barrio de Shala, en Hade.

En esta nueva ronda de expulsiones, la institución crediticia adoptó un papel más activo. Dio dinero y asesoramiento para ayudar a los funcionarios del país a elaborar un plan de reasentamiento que se suponía que respetaba las normas del banco sobre cómo gestionar los traslados forzosos.

Haqif Shala, un líder del barrio, cuenta que él y otros habitantes de la mahala accedieron a marcharse después de que el Gobierno prometiese que les facilitaría un realojamiento. Sería un pueblo nuevo que se llamaría Nuevo Hade y que tendría calles, servicios públicos, un colegio, un centro médico y otras infraestructuras.

Haqif se fue del “viejo” Hade en enero de 2012. La nieve cubría el suelo. “Algo así no debería ocurrir en ningún sitio: que te saquen de tu casa en pleno invierno”, lamenta.

Las nuevas instalaciones aún no estaban listas, así que tuvo que unirse a otros antiguos habitantes de Hade que vivían en dos grandes bloques de pisos en Obilić, la mayor ciudad del distrito. Como ocupantes de viviendas públicas ya no pueden cultivar comida para alimentar a sus familias y completar sus ingresos. Algunos de sus hijos han nacido y están creciendo en alojamientos temporales.

“Vivimos de la caridad del Estado”, denuncia Avni Grajcevci, cuya familia se trasladó a los pisos después de que los expulsasen de Hade en 2005. “No sabíamos lo que nos iba a pasar. No podíamos planear nada”.

En total, del barrio de Shala se han desalojado 63 casas que suman 320 habitantes, según datos del Banco Mundial. Pero Nuevo Hade sigue casi vacío. La familia de Haqif Shala y aproximadamente 10 más han construido casas allí y se han mudado. El resto se ha trasladado a otros lugares o siguen en las viviendas temporales.

Un portavoz del Ministerio de Planificación Medioambiental y Espacial de Kosovo señala que el organismo “ha instalado todas las infraestructuras en Nuevo Hade” y ha satisfecho las necesidades de los antiguos habitantes del pueblo original. En una declaración, el Banco Mundial afirma que KEK y el Gobierno “habían hecho esfuerzos muy serios por gestionar el reasentamiento de los vecinos de Shala, en Hade, de manera profesional y con vistas a proteger los intereses de los hogares afectados. En general, el pueblo de Nuevo Hade es de buena calidad y hará que mejore el nivel de vida de sus habitantes”.

Dajana Berisha, directora ejecutiva del Foro de Iniciativas Cívicas, un grupo local que ha trabajado en nombre de los expulsados de Hade, informa de que, hace poco, las autoridades han construido una carretera asfaltada en el nuevo asentamiento, pero que nunca se han llevado a cabo otras mejoras prometidas, entre ellas un colegio, una mezquita, un centro médico y tiendas, que habrían convertido el lugar elegido para el realojamiento en una auténtica comunidad.

“Enseñaron a la gente un montón de imágenes de lo bonito que sería Nuevo Hade”, cuenta Berisha, “pero prácticamente nada de lo que prometieron existe en la realidad”.

La semana pasada, Haqif Shala, Ragip Grajcevci y Avni Grajcevci firmaron una nueva reclamación al Panel de Inspección del Banco Mundial en la que dejan claro que ellos no opinan que el proceso de reasentamiento haya protegido sus intereses.

El banco no ha atenido a sus propias normas, lo cual ha originado “una falsa certeza en el Gobierno de que está ajustándose a los estándares internacionales” y ha sometido a las familias al empobrecimiento y la pérdida de sus hogares y sus tierras, se afirma en la queja. Los habitantes de Hade —tanto los que siguen allí como los desplazados— denuncian que el peso económico y social de la presión del Gobierno para explotar los recursos de carbón del país se ha “cargado sobre sus espaldas”.

Un portavoz del banco rehusó responder a las preguntas sobre la nueva reclamación.

Muerte lenta

Cuando Armend Grajcevci era pequeño, muchas noches le costaba dormir. Temía que la casa de su familia se deslizase colina abajo y cayese en la mina de carbón a cielo abierto del valle. “Cuando tenía siete años tenía mucho miedo”, confiesa Armend. Ahora tiene 15, “y todavía está asustado”.

Las explotaciones mineras de KEK siguen siendo una presencia cotidiana en su vida. Las excavadoras retumban en la distancia. Los camiones de carbón pasan a toda velocidad por la carretera que corre junto a la escuela del pueblo.

Un año antes de que Armend naciera, el Ejército serbio destruyó Hade. Ahora su pueblo sufre una muerte más lenta. Muchos de sus amigos tuvieron que irse durante las primeras oleadas de desalojos. La asistencia al colegio local se ha reducido tanto que algunos cursos están juntos en la misma aula.

Ragip, el padre de Armend, les ha puesto a él y a sus hermanas y hermanos profesores particulares para que puedan aprender inglés y, algún día, marcharse a otro lugar a vivir y trabajar. “Para que tengan su propia vida”, remacha el padre.

Por ahora, padre e hijo luchan por un pueblo que puede que no tarde en desaparecer. Los gases lacrimógenos de su primera protesta no han disuadido a Armend de hacer acto de presencia en las manifestaciones de los lugareños. Donde quiera que se celebre una reunión de la comunidad o una manifestación, allí está él junto a su padre.

“Nunca pararé, porque no me gusta ser testigo de la injusticia”, proclama.

*Con la colaboración de Visar Prebeza y Karin Steinberger

Michael Hudson es redactor jefe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Visar Prebeza es periodista del diario líder kosovar Koha Ditore.

Karin Steinberger es periodista del diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Artrit Bytyci ha colaborado en la investigación para este artículo.