La orilla descuidada

La cumbre informal celebrada ayer en Barcelona entre los representantes de Exteriores de los 28 miembros de la UE y de 8 de los 10 países de la orilla sur mediterránea es el primer encuentro de este nivel que se celebra desde que en 2008 se creara la Unión por el Mediterráneo. Por eso, aunque la cita no tenía como objetivo alcanzar ningún acuerdo concreto, el mero hecho de celebrarse tiene ya una gran significación. Los últimos atentados yihadistas en París, Copenhague y Túnez han hecho más acuciante la necesidad de concertar una política común que permita combatir eficazmente la creciente amenaza del terrorismo islamista. La cumbre debe encauzar lo que de hecho es una rectificación de la política de la UE respecto de los vecinos del sur.

De esta política de vecindad depende la evolución de tres problemas que preocupan crecientemente a Europa: la seguridad, la inmigración y la dependencia energética, todos ellos de algún modo relacionados y que solo pueden abordarse eficazmente desde la cooperación. En los tres frentes se ha producido un empeoramiento que ha hecho tomar conciencia de la mutua fragilidad y de la necesidad de unir esfuerzos para su resolución.

La amenaza terrorista no solo supone un problema de seguridad en Europa, sino que pone en jaque los débiles intentos de democratización de los países del sur y su progreso económico. El conflicto de Siria, la deriva de Libia hacia un Estado fallido —los dos únicos países ausentes ayer— y las consecuencias de una guerra civil entre dos modos de entender el islam han convertido el Mediterráneo en el escenario de una grave crisis que en 2014 se saldó con 3.500 muertos por naufragio. La guerra empuja a miles de refugiados al camino de la inmigración ilegal, agravando así los crecientes flujos de desplazados por razones económicas. Urgen medidas que amortigüen el drama humano y permitan al tiempo un control de la inmigración respetuoso con los derechos humanos.

La estabilidad de la zona es también vital para que Europa tenga opciones energéticas que le permitan reducir la dependencia de Rusia: el 30% de la energía que importa la UE procede de ese país.

Todos ellos son problemas complejos que justifican corregir la política de vecindad con los países del sur que la UE emprendió en 2011. Tras hacer autocrítica por haber apoyado regímenes autoritarios, Europa adoptó un nuevo marco de relaciones con esos países sujeto a un principio de condicionalidad que supeditaba los posibles acuerdos de cooperación a los progresos democráticos. Este requisito y el hecho de tratar a todos los países como un bloque homogéneo (cuando no lo es) han sido un obstáculo que ha puesto en crisis todo el modelo.

La reunión debe servir para debatir y compartir una nueva política y demostrar que el sur es también una prioridad para la UE, en vísperas de la cita de mayo en Riga con los vecinos del Este.