La burbuja del AVE

España es el país europeo con la mayor red de alta velocidad ferroviaria y en todo el mundo sólo China supera los 2.515 kilómetros en servicio (a los que hay que añadir otros 1.200 en construcción). Según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), por cada millón de habitantes hay 54 kilómetros, una cifra que supera, por ejemplo, a Francia, que cuenta con 31. Cosa bien distinta es el uso que los viajeros hacen del servicio. Por cada kilómetro operativo hay 11.800 pasajeros, muy lejos de los 61.400 de Francia, y a una distancia sideral de los 158.121 de Japón.

Ante este panorama, decir que “si hay un transporte público que tiene rentabilidad, no ya social, sino también económica es el AVE” parece una afirmación que descarrila. Pero así lo ve la ministra de Fomento, Ana Pastor, que ha defendido la viabilidad de la alta velocidad española, una red cuya implantación ha engullido alrededor de 50.000 millones de euros.

La red ferroviaria española necesitaba una modernización, eso era evidente. Ahora bien, no era preciso ejecutar tales mejoras a costes tan elevados, ni los diversos Gobiernos deberían ceder a la tentación de sacar rédito político de la magna infraestructura. Rajoy llegó a afirmar que son “raíles de prosperidad” y “vías de entendimiento”.

No han faltado, claro está, voces críticas que percibían una burbuja y aseguraban que el aluvión de líneas en construcción era un dispendio insuficientemente justificado. Sostienen que el elevado coste no compensa el beneficio social. Así lo ven Fedea y también el partido político Ciudadanos, que plantea dilatar los plazos de construcción de los tramos programados para reorientar recursos hacia la innovación.

Los datos demuestran que los corredores de alta velocidad no son rentables, pero los políticos ven en el AVE una inversión tentadora. En este 2015 cargado de citas electorales, está previsto que el tren veloz llegue a ocho capitales, un carrusel de inauguraciones que nunca vienen mal para pedir el voto. Hay que volver a pensar con racionalidad las dimensiones que debe tener la red de alta velocidad y guiarse por el principio del uso racional de los recursos públicos.