Buscan la nulidad

En el peor momento del año más electoral empezó el martes el primer juicio sobre la rama valenciana de la trama Gürtel (y fue suspendido el miércoles hasta el 11 de junio: dos semanas después de las elecciones del 24 de mayo). El peor momento para el PP, atrapado en los escándalos de corrupción relacionados con esa trama y precisamente en las dos plazas, Madrid y Valencia, en las que más se juega el partido gobernante en esas elecciones.

La vista iniciada el martes se refiere al llamado caso Fitur, y estaba previsto que durase hasta octubre. Se celebra en el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana y es el primero que llega a la fase de juicio oral de los varios relacionados con la trama. Quedan pendientes otros con instrucción ya finalizada o a punto de serlo y que tendrán lugar en la Audiencia Nacional por no haber aforados entre los procesados: el de presunta financiación ilegal del PP de Valencia para las elecciones de 2007 y 2008, el de la organización de la visita del anterior papa a la ciudad del Turia en 2006, el de otras contrataciones presuntamente amañadas y el de un posible delito fiscal.

El caso Fitur guarda relación con las adjudicaciones del montaje del pabellón de Valencia en la Feria de Turismo y otras de menor importancia entre 2005 y 2009 en condiciones que vulneraban el principio de libre concurrencia y publicidad, según la fiscalía. La trama cobró por su intervención cinco millones de euros.

La primera sesión del juicio evidenció la estrategia que van a desplegar los cabecillas de la red: no la de rebatir las acusaciones resultantes de seis años de investigación, sino la de provocar la nulidad del proceso o su aplazamiento indefinido con alegaciones como la vulneración del derecho de defensa por falta de tiempo para estudiar nuevos elementos, ilegalidad de escuchas telefónicas en el arranque de la investigación, haber superado el plazo de 72 horas de detención de Correa, recusación de un miembro del tribunal por haber ocupado un puesto en una consejeria del Gobierno del socialista Joan Lerma.

Aun considerando dudoso el fundamento procesal de algunas de esas alegaciones, el tribunal ha decidido tomarlas en consideración a fin de “garantizar al máximo el derecho de defensa” a la vista de la “complejidad de la causa”. Es una actitud prudente para evitar que se repita lo ocurrido en el caso Naseiro, de financiación ilegal del PP, anulado en 1990 por el Tribunal Supremo por considerar que las escuchas de las que partió la investigación, claramente inculpatorias, habían sido autorizadas por el juez para otro caso.

Sobre la recusación de uno de sus miembros el tribunal se limita a decir que será tramitada según la ley. En términos generales, no son deseables los viajes de ida y vuelta entre la judicatura y la política, pero sin que haber cruzado esa raya se convierta en una marca indeleble que cuestione de por vida su independencia. En este caso, se trata además de un puesto político desempeñado hace más de 30 años.