Rollizos… pero famélicos en derechos

Por José María Medina Rey, Director de PROSALUS.

Mujer con niño, de Fernando Botero.

La celebración mañana del Día Mundial del Consumidordebería servir para poner en evidencia los incumplimientos de los Estados, incluido el nuestro, respecto a sus obligaciones relacionadas con el derecho humano a la alimentación adecuada.

Cuando se habla de los elementos constitutivos del derecho humano a la alimentación adecuada se suelen destacar cuatro aspectos: disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad y adecuación. En los años posteriores a la gran crisis alimentaria de 2008, en que la subida de precios de los alimentos básicos provocó un gran aumento de las cifras de personas hambrientas en el mundo hasta superar los mil millones, la preocupación principal estuvo en las dimensiones de la disponibilidad y de la accesibilidad, es decir, que hubiera alimentos disponibles para todas las personas en todos los lugares en cualquier momento del año y que esos alimentos fueran accesibles a todas las personas, especialmente las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

En los últimos años, sin dejar de dar la importancia que merecen a la disponibilidad y a la accesibilidad, han ganado terreno las otras dos dimensiones, la sostenibilidad y la adecuación. Todo el proceso de reflexión de la Cumbre de Río + 20 y el de construcción de la nueva agenda de desarrollo que deberá sustituir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio a final de este año han puesto en primer plano las cuestiones de la sostenibilidad: ¿cómo hacer para producir alimentos suficientes para una humanidad creciente sin deteriorar los recursos naturales de los que depende la propia producción?

Y la cuarta dimensión, la adecuación, también ha ganado protagonismo aunque probablemente, por su complejidad, nos queda mucho camino por recorrer en su comprensión amplia. Hablar de adecuación implica una amplio espectro de temas que van desde el respeto a las tradiciones culturales hasta la inocuidad de los alimentos, desde cuestiones socio-económicas hasta planteamientos nutricionales. En nuestro contexto europeo suele ser habitual poner el acento en la inocuidad de los alimentos (food safety). Algunas crisis sonadas, como la de las vacas locas o la de los pepinos en Alemania en 2011, han reforzado esta visión.

Pero no podemos cerrar los ojos a otra realidad que está creciendo de forma alarmante, a otras formas de malnutrición. ¿Puede considerarse adecuada la alimentación de los más de mil millones de personas con sobrepeso y de los casi 500 millones con obesidad? Evidentemente, no. Como nos recuerda Consumers International en la celebración de este DMC 2015, la obesidad por sí sola tiene un costo estimado de dos billones de dólares por año, además de las negativas consecuencias sobre las vidas de quienes la padecen.

Quizás todavía hay quien piensa que la obesidad es un problema de ricos, de gente con suficientes recursos para comer mucho. Pero la realidad de los últimos años nos muestra que es un problema que se está extendiendo tanto en países desarrollados como en países en desarrollo y que afecta cada vez más a personas que carecen de los recursos necesarios –de todo tipo– para llevar una dieta sana y equilibrada.

Quizás también hay quien piensa que los Estados no tienen ninguna responsabilidad derivada de los derechos humanos frente a estas personas que padecen sobrepeso y obesidad porque estas personas están así por decisiones propias, por abusar de la comida, por haber decidido libremente que querían comer de esa forma. Pero este razonamiento obvia el hecho de que cada persona individual tiene que enfrentarse a verdaderos gigantes, campañas de publicidad que nos bombardean para consumir esto o aquello, políticas de precios que hacen más asequibles productos nutricionalmente negativos que dietas más sanas. En 2010, las empresas estadounidenses gastaron 8.500 millones de dólares en campañas publicitarias de alimentos, dulces y bebidas no alcohólicas; mientras tanto el gobierno estadounidense presupuestó 44 millones de dólares para su programa de sensibilización primaria sobre una alimentación saludable. Es difícil calificar de libres las elecciones que realizamos bajo estas condiciones.

No en vano el anterior relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, calificó a nuestros sistemas alimentarios como “obesogénicos”, generadores de obesidad.A partir de 2030, más de 5 millones de personas morirán cada año antes de alcanzar la edad de 60 por enfermedades no transmisibles ligadas a la alimentación inadecuada.

Frente a esta crisis de la salud pública, de Schutter señalaba que debemos centrarnos en los problemas sistémicos que empobrecen nuestra alimentación en todas sus formas. Entre otras cosas proponía mayor imposición a los productos poco saludables –como se hace con el tabaco y las bebidas alcohólicas– y mayor reglamentación para los alimentos ricos en grasas saturadas, azúcares y sal y para la manera en que estos se publicitan.

El avance de la obesidad y de otras enfermedades relacionadas con la dieta inadecuada (diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, colesterol alto, algunos tipos de cáncer) nos está indicando que los Estados están fallando en el cumplimiento de sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada.