Quién responde del PP

A estas alturas no puede ser más evidente la responsabilidad del Partido Popular respecto a la trama Gürtel y la imposibilidad de pasar página sobre los graves hechos descubiertos por la policía, la fiscalía y los jueces. Si el partido aspira a evitar una travesía del desierto, tiene que poner en claro ante la opinión pública hasta dónde han llegado sus implicaciones como institución. Se han acumulado demasiadas evidencias de financiación irregular y de aprovechamientos de la posición alcanzada en el partido para enriquecimientos privados, que no fueron corregidos a lo largo de muchos años.

Hace tres semanas, este partido se declaró “ajeno” a la petición de 800 años de prisión para los 41 procesados en la primera fase del caso Gürtel, entre ellos tres extesoreros de la dirección nacional. Ahora asistimos a la solicitud de casi ocho años de cárcel, también de la Fiscalía Anticorrupción, por delitos electorales del PP valenciano en la etapa de Francisco Camps, que afectan a su exvicepresidente, Vicente Rambla, y al ex secretario general del partido en ese territorio, Ricardo Costa. ¿El Partido Popular tampoco tiene nada que ver con esto?

Inexorablemente, los avances de las investigaciones saltean el año electoral en que la principal fuerza política de España se juega su hegemonía en ayuntamientos, autonomías y el Parlamento y el Gobierno del Estado. La celebración de los juicios y la decisión final sobre cada caso serán los que sean, sometidos como están a múltiples circunstancias: plazos de prescripción de delitos, efectos de los aforamientos, mayor o menor colaboración judicial de las autoridades suizas. Pero el cerco del ministerio público se estrecha cada vez más.

Los dirigentes confían excesivamente en la existencia de mucho voto oculto como yacimiento en el que recuperar la confianza perdida de buena parte de sus electores, que no se debe solo a la corrupción, pero sí, en parte, a un problema percibido por los ciudadanos como una de las causas de la crisis sufrida. Los esfuerzos del PP para levantar cortafuegos entre sus implicaciones del pasado y la voluntad regeneracionista de futuro solo convencen a quienes sostienen tales argumentos. Una política de baja calidad no les va a salvar. La cúpula de este partido tiene que dar la cara y pagar el precio político que corresponda.