Castigar a los culpables

La imputación de otras 78 personas por el uso de las tarjetas black supone un impulso de la acción judicial contra todos los consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia que cargaron a esta entidad grandes gastos en alimentación, electrodomésticos, ropa, hoteles, restaurantes de lujo, discoteca o lencería; y que, en conjunto, acudieron a los cajeros o ventanillas para retirar fondos en efectivo hasta 2.938 veces, sobre la base del sistema opaco creado al efecto. De este modo se amplía mucho el campo de los presuntos responsables penales en un caso hasta ahora limitado a las imputaciones de los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y del exdirector financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj.

Sin perjuicio del derecho de defensa de los afectados, es evidente que las tarjetas opacas funcionaban al margen de la legalidad. Se trata de delimitar qué delitos se han cometido, quiénes son los culpables y cómo va la devolución de las cantidades gastadas. El magistrado trata de delimitar en qué condiciones y quiénes tuvieron derecho a usar tarjetas de Caja Madrid y de Bankia para gastos legales, y los que las emitieron y utilizaron con otro fin.

Tampoco carecen de interés los razonamientos con los que el juez, Fernando Andreu, apunta los delitos de administración desleal o de apropiación indebida por parte de las personas contra las que dirige su acción. De ahí se deduce que una cosa son los gastos profesionales o de representación, en principio correctos, y otra la desviación de esos fines, hasta convertir el uso de tarjetas en una remuneración irregular.

A este respecto, la resolución del juez del caso Bankia menciona una sentencia del Tribunal Supremo sobre un asunto distinto, pero en el que también estaba en juego si los gastos personales se pueden cargar o no a una tarjeta de empresa. El alto tribunal resuelve que esa conducta es condenable, en relación con un matrimonio que cargó a su empresa 450.000 euros por la instalación de aire acondicionado en su domicilio, comidas de fines de semana, muebles y viajes.

Más allá de las consecuencias generales que deben extraerse sobre el buen uso de las tarjetas de empresa, está claro que el desmesurado gasto en negro de consejeros y directivos exige una investigación bien llevada y un final judicial. Este capítulo no es el más gravoso del enorme escándalo, pero sí el que más fácilmente ha permitido comparar el tren de vida del común de las personas durante los años de durísima crisis, con el de exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid —miembros de partidos políticos incluidos— que disfrutaron de caprichos y retiraron dinero despreocupadamente de una entidad muy mal gestionada, gracias al uso de un medio de pago en negro con respaldo institucional.

Irregularidades tan concretas y lacerantes como estas deben recibir una sanción rigurosa.