Un fraude infame

La Operación Convector, iniciada por orden de un juzgado de Teruel, ha permitido descubrir una compleja y extensa trama de exportación ilegal de medicamentos en la que han participado varios distribuidores y más de 200 farmacias. Los fármacos objeto de transacción ilegal, valorados en más de 50 millones de euros, eran por lo general compuestos de elevada demanda, sin alternativa terapéutica y alto precio. Todos los fraudes son reprobables, pero este resulta especialmente abyecto: el afán por conseguir beneficios ilegítimos llegó a causar el desabastecimiento de medicamentos vitales, como tratamientos contra el cáncer, inmunosupresores para evitar el rechazo en personas trasplantadas o antiepilépticos.

La trama se aprovechaba del hecho de que en España los medicamentos tienen un precio regulado generalmente inferior al de otros países europeos. Las farmacias implicadas hacían acopio de estos compuestos y los revendían bajo la etiqueta de productos de parafarmacia o falsas devoluciones a distribuidoras, que los canalizaban hacia países como Alemania, Dinamarca, Holanda y Reino Unido, donde los vendían a precios que en algunos casos llegaron al 800% del abonado en España. Las farmacias españolas solo están autorizadas a vender medicamentos de precio intervenido a los pacientes.

Tras cinco meses de pesquisas hay 38 imputados, a los que se acusa de delitos contra la salud pública, Hacienda y la Seguridad Social, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Hay que confiar en que la investigación permita llegar hasta la cúpula de la trama y todas sus ramificaciones. El caso tiene que servir también para revisar, como ha planteado la Agencia Española del Medicamento, si la actual tipificación del delito contra la salud pública es suficiente para perseguir como se merece un fraude así, en el que no resulta fácil demostrar que ha supuesto un riesgo para la salud.