Honorable Encarna Roca

La Universitat de Girona otorgó en 2012 el doctorado honoris causa a la primera profesora en España de Derecho Civil, la catedrática Encarna Roca i Trias, de tanto prestigio jurídico como impecable trayectoria democrática, desde antes de que finalizase la dictadura. Entre los motivos laureados, su compromiso con Cataluña.

Ahora, 77 de sus 250 claustrales pretenden retirar el título a la doctora Roca, actualmente magistrada del Tribunal Constitucional, que suspendió la primera consulta referendaria del 9-N y ayer hizo lo propio con su último remedo.

El intento de linchamiento a cargo de esos claustrales —simplemente por ejercer el oficio de jurista en discordancia con sus, digamos, criterios— solo a ellos desacredita. Podrán, si así lo desean, incrementar su patriotismo colocando a los discrepantes un estigma (que se convierte en un honor). Ese tipo de gente ya intentó humillar al cantante Raimon (por “dudar” de la independencia) y al profesor de la misma casa Quim Brugué, por renunciar a formar parte de la junta electoral de la fenecida consulta, dada su falta de garantías.

Al presidente de la Generalitat, Artur Mas, esto no parece preocuparle: su portavoz se inhibió ayer (qué miseria), para no interferir en la vida universitaria. Mas optó por anunciar una demanda ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno por la suspensión de la seudoconsulta del 9-N, por “vulneración de derechos fundamentales”: ¿los de Raimon, Brugué y Roca, que él es incapaz de defender?

El anuncio de Mas tiene un evidente flanco positivo, aun si lo anima un designio de obstruccionismo procesal: constituye una innegable apelación a la autoridad de la justicia española. Y debe presuponer una muestra de confianza y acatamiento al ordenamiento jurídico que él debe representar en Cataluña. Más vale fijarse en eso. Es algo preferible a la inconcreta palabrería sobre la continuación del evento ilegalizado del 9-N.