Un paso corto

Siguiendo el guion previsto, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió ayer recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la convocatoria sui generis,por la Generalitat de Cataluña, del sucedáneo de consulta popular para la independencia o “proceso de participación ciudadana” del 9-N. Se trata de una decisión basada en argumentos jurídicos sólidos; pero, si no se acompaña de una fina gestión política, no servirá para avanzar hacia una solución de la cuestión catalana, si es que no contribuye a complicarla aún más.

Al anunciarse el nuevo 9-N, el Gobierno enfatizó lo positivo del aparcamiento de la consulta formal suspendida por el TC y quiso quitar importancia al lanzamiento de una versión de la misma de carácter informal. Pero esta adolecía desde el arranque de un serio déficit normativo, al no colgar de ninguna disposición concreta; al no formalizarse por vía de decreto; y al carecer de registro, mecanismo de control y demás requisitos de neutralidad e información, básicos para la seguridad jurídica y para los derechos elementales de todos los catalanes.

Cabía sostener que se trataba más bien de un evento de agitación que de una convocatoria cuantificable y susceptible de producir efectos jurídicos. Y que, al no materializarse su convocatoria en una disposición publicada en el Diario Oficial de la Generalitat, se trataba de un acto inexistente, y por tanto, no perseguible. Este razonamiento habría permitido mirar para otro lado, con el consiguiente y aconsejable alivio político de evitar más tensiones y circunscribir la movilización a un perfil de jornada reivindicativa. Pero la creciente implicación directa del Ejecutivo de Artur Mas en la organización del proceso, las presiones a los funcionarios para que ejerciesen de voluntarios y las abusivas órdenes a los medios de comunicación públicos y privados para hacer propaganda han ido ilustrando la medida del alcance político del asunto. Y los argumentos del Consejo de Estado han desautorizado el evento por tratarse de una reedición en formato menor de todos los defectos de la anterior convocatoria, agravados por la declarada tentativa de Artur Mas de eludir la legalidad, en evidente fraude de ley envuelto de “astucia”. Ello ofrece un respaldo sensible a la impugnación, que apela con tino a anteriores sentencias del TC.

Pero si el alto tribunal confirma este diagnóstico en su pleno del próximo martes —como parece mucho más que probable—, la suspensión del evento puede conllevar consecuencias políticas aún más negativas que las que pudiese acarrear su celebración. Como abonar el terreno para hacer más eficaz la insistente aunque falaz propaganda según la cual España niega el derecho a votar de los catalanes: pueden hacerlo, por los cauces habituales y por los que se pacten dentro del ordenamiento. Pero la evidencia de este fatal efecto colateral no debe convertirse en baza para aparcar la legalidad en un limbo. A estas alturas es, además, imposible.

Lo que sí debe servir es de nuevo acicate para que el Gobierno haga ya lo que debió hacer mucho tiempo atrás: organizar un diálogo y una negociación sobre la base de una propuesta de mejor gobierno. Defensa de la ley, sí. Acción política, también.

La suspensión del 9-N-bis afectaría al sector público, a la Generalitat y los Ayuntamientos: sobra recomendar que deben atenerse a la legalidad. Pero no afecta a los partidos —incluida la Convergència de Artur Mas— y a las organizaciones privadas que deseen organizar ese día una movilización en cualquier formato pacífico. Incluso para una salida así no sería ocioso retomar el diálogo entre Mas y Rajoy, a fin de asegurar que se acota el alcance de cualquier evento y evitar traumas. Y después, para organizar a partir del 10-N cómo pactar desde el desacuerdo.