TRIBUNA

‘Mos maiorum’: otra política sobre inmigración

La UE ha puesto en marcha un gran operativo policial contra los ‘sin papeles’

Mos maiorum significa las costumbres de nuestros antepasados. Suena bien, entrañable; pero bajo esta expresión amable se camufla el operativo policial que, implicando a varios países de Unión Europea, se está impulsando desde la presidencia italiana y coordinando por el Ministerio del Interior italiano. España participa en el operativo que se desarrolla desde el día 13 de octubre y finalizará el 26. El objetivo confesado es detener a inmigrantes sin papeles para interrogarles y recabar información con dos fines: dibujar el mapa de las migraciones (cómo llegan las personas, qué precio pagan a los que comercian con su transporte, etcétera) y establecer las rutas criminales de las mafias que se enriquecen con el trasiego irregular de personas. Los agentes policiales deben rellenar unos formularios específicos con estos datos, y se supone que de esa información podrá extraerse inteligencia, es decir, estrategias. Se insiste desde la Unión Europea que no es una operación de control de fronteras (no se trata de impedir entradas ni de expulsar a nadie): solo se quiere información.

Cierto o no lo anterior, sin embargo en estos días y coincidiendo con las fechas en las que se desarrolla la Operación Mos Maiorum, estamos conociendo casos de detenciones de sin papeles que acaban en expulsión en apenas 40 horas. Van a buscar a los que tienen fichados por tener orden de expulsión; no los llevan a un Centro de Internamiento de Extranjeros, lo que supone que no hay orden judicial de internamiento; los meten en los calabozos de la Brigada de Extranjería. De ahí, en pocas horas, a un avión especialmente fletado solo para ellos. Los llaman “vuelos macro”; otras veces los colocan en vuelos regulares. En ese tan corto espacio de tiempo no hay margen para intentar una línea de defensa. Las familias apenas consiguen información; la mayoría no tienen recursos ni capacidad para moverse; saben que ha habido detención, pero no se les aclara dónde están los detenidos; la petición al juez de guardia de una medida de suspensión de la ejecución no suele ser la solución, pero tampoco hay tiempo para más. Hay casos de todo tipo, lo que debería obligar a un tratamiento pormenorizado y no a una decisión meramente administrativa en menos de 48 horas.

Esta no es la política correcta y, desde luego, nos es la más humana

No se tienen en cuenta las circunstancias personales, y ahora estoy hablando de un caso real, pero no único: Edgar (nombre ficticio) entra en España siendo menor de edad y buscando la reagrupación familiar; al alcanzar los 18 años recibe la orden de expulsión; estudia en un centro público; tiene domicilio conocido en España, en el que vive con sus familiares, que tienen trabajo legal y permiso de residencia y están próximos a conseguir la nacionalidad; no tiene antecedentes penales; sueña con su regularización y tiene cita en pocos días con las autoridades para hacerla real. La detención se produce al salir del instituto —iban buscándole, no fue una detención casual, ni aleatoria—; se avisa a un abogado de oficio un día después, viernes por la tarde, cuando ya no hay tiempo de acudir a los juzgados, solo al de guardia, que desestima la solicitud de suspensión antes de que sus familiares, ya de madrugada, aporten documentos que acreditan el arraigo de Edgar en España; la decisión no se revoca, a pesar de la petición de la familia. Y el sábado por la mañana se produce la expulsión, con lo que llevaba puesto en el momento de la detención, sin permitir que se despida de su familia que lleva varias horas dando tumbos con una mochila que no consiguen entregarle. Solo una brevísima llamada para decir que se lo llevan en un par de horas. La familia acude rápidamente a la brigada para verle, pero ya va camino del aeropuerto. El jueves, Edgar salió de casa para ir al instituto y no le han vuelto a ver.

Lo único que Edgar tenía en contra era una orden de expulsión, que está recurrida, y una multa sin pagar, pero le deportan antes de que se resuelva el recurso. ¿De qué sirve entonces el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva?

Lo que le espera: llegar a uno de los países más violentos del mundo, en Centroamérica, donde a nadie tiene y donde puede acabar engrosando las filas del sicariato o sufrir la acción de una violencia que no respeta a nadie. Hay países en los que no existen oportunidades para nadie —salvo las que ofrecen las mafias—, y menos para quienes han sido arrancados de su entorno familiar estructurado. Y hay un principio humanitario básico que dice que no se puede proceder a la expulsión a lugares en los que se vive una situación de violencia extrema.

Entre el colectivo de inmigrantes “sin papeles” está cundiendo el pánico

¿Qué aporta esta expulsión a nuestra política de inmigración? ¿Qué se gana? ¿Es esta la estrategia española y europea?

Entre el colectivo de inmigrantes sin papeles está cundiendo el pánico: Mos Maiorum no se limita a recabar información; encubre una operación masiva de expulsión para la que todo está preparado y que se lleva a cabo en tiempo récord. Los llevan a un país centroamericano y desde allí los distribuyen en vuelos comerciales a otros países de la región. Pero así no se acaba ni con los grupos criminales que trafican con la desesperación de la gente, ni con los inmigrantes que hayan delinquido en España. Se acaba con el sueño de muchos, los más débiles de ordinario, como Edgar, y se compromete gravemente la protección de los derechos fundamentales.

Sabemos que no dejarán de llegar sin papeles; el hambre da muchas cornadas y la desesperación les empuja; muchos lo intentan una vez tras otra; no tienen nada que perder, porque en su país ya lo han perdido todo; no se preocupan por su futuro, porque han dejado de tener presente. Esta no es la política correcta y, desde luego, no es la más humana. En ocasiones, las mismas autoridades que intervienen en estos procesos exprés se percatan de la brutal y ciega máquina de expulsión que se ha generado, intentan rectificar (lo que se agradece mucho) pero no siempre tienen tiempo de actuar. Tampoco las ONG, que contrarreloj movilizan a sus activistas en una carrera frenética que sirve para demostrar su solidaridad, pero no siempre consigue una segunda oportunidad para el que tiene plaza reservada en el “vuelo macro” o en el de línea regular. La falta de información, la rapidez del procedimiento, el engranaje legal paquidérmico, la incapacidad para distinguir lo que es distinto, el no saber dónde o a quién acudir y la carencia de recursos, todo mezclado y precipitado en pocas horas, hace que la tutela judicial efectiva se convierta en una quimera.

Y esto es lamentable para ellos; y para nosotros, también.

Araceli Manjón-Cabeza Olmeda es profesora titular de Derecho Penal y secretaria general de la Universidad Complutense de Madrid.