Hasta el último euro

A medida que se van conociendo detalles del uso de las tarjetas incontroladas de Caja Madrid y Bankia parece más claro que esta es una buena oportunidad para que las instituciones concernidas (Bankia —que denunció el caso— y su propietario, el FROB; Hacienda; los tribunales y los partidos, sindicatos y patronales a los que pertenecen los exconsejeros y exdirectivos implicados) aumenten su credibilidad y demuestren que defienden con firmeza los intereses públicos. Por ahora, el juez Fernando Andreu ha abierto una pieza separada dentro del caso Bankiapara imputar a los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato y al ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj; PP, PSOE e IU anuncian investigaciones internas sobre el caso y ya se han contabilizado 15 dimisiones de ex altos cargos de la entidad por el uso de las tarjetas.

Son indicios esperanzadores de que se desea conocer a fondo y actuar con rigor ante este tipo de colusión entre una parte del sistema financiero y los agentes políticos y sindicales imbricados en sus consejos. Pero los indicios no bastan. Por ejemplo, las conclusiones de la investigación interna de los partidos deberían ser argumentadas y públicas; los ciudadanos tienen que conocer la profundidad y el alcance de las pesquisas. Los partidos y los agentes sociales no pueden permitirse en estos momentos una sola brizna de sospecha sobre su comportamiento; y las autojustificaciones o la técnica de limitar el examen a unos pocos chivos expiatorios ya no convencen a la opinión pública.

También es el momento de revisar a fondo las relaciones entre los partidos, sindicatos y patronales con las grandes empresas y entidades financieras. El desembarco político en los consejos de las cajas ha causado daños catastróficos en una parte del sistema financiero (Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Galicia y Cataluña); como además exacerba las sospechas de corrupción creciente entre los representantes políticos y los agentes sociales, parece urgente extraer las conclusiones adecuadas ofreciendo a los ciudadanos una aplicación convincente y rigurosa de la ley.

La fase de las disculpas pueriles por el uso de las tarjetas negras (“no sabía” o “todo era legal”) debe quedar atrás. Es difícil aceptar que un consejero que ha sido secretario de Estado de Hacienda desconozca las implicaciones fiscales de unos ingresos que no requieren justificación documental. La pregunta a la que deben responder las investigaciones en curso es quién o quiénes aprobaron y organizaron esta prebenda que supone malversar los caudales de la entidad; y la tarea de los organismos públicos (empezando por Hacienda) consiste en aclarar si hay bancos, empresas o instituciones con prácticas similares. Los contribuyentes esperan que los implicados devuelvan hasta el último euro de ingresos negros mal extraídos de Bankia y que hagan frente a sus responsabilidades fiscales, civiles o penales. De las instituciones públicas esperan una conducta profesional ejemplar para castigar cualquier delito que pueda demostrarse.