Cosas mal hechas

Durante los dos años escasos desde que Artur Mas y Oriol Junqueras acordaran un programa que incluía la convocatoria de una consulta, el Gobierno catalán ha dedicado ingentes esfuerzos y presupuestos a reivindicarla. Entre ellos destacan los dedicados medios públicos, encuadrados sin muchos remilgos en la propaganda gubernamental, y la coordinación de todas las Administraciones gobernadas por el soberanismo en la celebración del Tricentenario y su corolario de defensa del derecho a decidir y de la independencia.

El esfuerzo desplegado en estos dos años de campaña es inmenso, y más si se añaden las iniciativas municipales, los 40.000 socios de Òmnium Cultural y, sobre todo, los 35.000 de la Asamblea Nacional Catalana, que está en el origen de las movilizaciones de los tres últimos 11 de septiembre. El activismo de los partidarios de la independencia se combina con una alta administración de la Generalitat perfectamente disciplinada, a la que el presidente Mas ha convocado al menos en dos ocasiones como si fueran los estados mayores de un ejército antes de entrar en combate. El propio presidente ha concedido multitud de entrevistas a medios públicos y privados, españoles y extranjeros.

Ante la plétora comunicativa del frente soberanista, lo único que ofrece el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido el cumplimiento de la legalidad constitucional y las declaraciones —no siempre sutiles— de algunos ministros. Al Ministerio de Asuntos Exteriores se deben, por ejemplo, torpes argumentarios difundidos por los servicios diplomáticos y algunas órdenes de polemizar o responder en las capitales internacionales, que contrastan con la competencia comunicativa, aunque no argumental, de los documentos del Gobierno catalán.

Hay ataques que son encajados con regocijo por quienes los reciben y eso es lo que ha producido la escasa y triste comunicación gubernamental que ha intentado contrarrestar el torrente propagandístico de Mas. Frente a un conjunto compacto e insistente, omnipresente y persuasivo, que vende la idea de independencia como la panacea para todos los males, el Gobierno ha erigido —sobre la base de la inconstitucionalidad indiscutible del proyecto— un sencillo e inútil conjunto vacío: nada.

Antes de una reforma de la Constitución, que acabará imponiéndose como la única salida a medio plazo, hay muchas cosas que se podían haber hecho y no se han hecho:

> El Parlamento ha eludido hasta ahora el debate exhaustivo y a fondo que merece una avería tan formidable en el consenso democrático como la que revela la iniciativa de secesión.

> El presidente Rajoy se ha encerrado en su despacho o en rígidas comparecencias televisivas para evitar la confrontación y las explicaciones. Nadie desde el Gobierno se ha planteado, al parecer, la necesidad de responder directamente, aquí y afuera, a los envites de Mas y Junqueras y de debatir con ellos, ya no la necesidad de una consulta, sino incluso la propia idea de independencia.

> Alguien, además, debería haberles hecho frente con sus mismos instrumentos de comunicación: en catalán, que es la lengua sentida como propia por la mayoría de los catalanes y así contemplada en el Estatuto. ¿Cómo es posible que no se haga el esfuerzo lingüístico que han sabido hacer tanto Juan Carlos I como Felipe VI, nuestros dos monarcas constitucionales?

Rajoy está ganando una batalla que es la jurídica, y hay que celebrarlo. Pero ¿qué rendimiento político obtendrá si ni siquiera se ha planteado ganarse los corazones y las mentes de la mayoría de los catalanes? Esa es, también, la forma de ganar la batalla de la democracia y la constitucionalidad y atajar así el camino hacia ninguna parte que hemos emprendido todos los españoles a causa del proceso soberanista catalán.