El cuento de la regeneración democrática

El Gobierno quiere hablar de “regeneración democrática”. Mariano Rajoy propuso este verano una colección de medidas sobre indultos, aforamientos, reducción de gastos de campañas electorales y un largo etcétera que, en teoría, puede ayudar a luchar contra lo que él llama “la desafección de los ciudadanos hacia la política”. En realidad, se trata solo de aliviar el enorme recelo que despierta en los ciudadanos no la política, sino el funcionamiento de las instituciones.

Hablar de regeneración democrática supondría mucho más: hablar de cómo devolver sus virtudes originales a unas instituciones cuyo prestigio ha degenerado en las últimas décadas y que han alcanzado su peor nota con el estallido de la crisis y el descubrimiento de tramas de corrupción, que nacieron ligadas al urbanismo y se fueron extendiendo en otros ámbitos.

Supondría agilizar la justicia para demostrar a los ciudadanos que no existe la impunidad, es decir, que los corruptos que han metido la mano en la caja y se han enriquecido personalmente van a devolver el dinero y a pagar en la cárcel su deuda con la sociedad. Pero también que las personas que, con sus comportamientos y actitudes, permitieron, e incluso alentaron, ese deterioro, aunque no se hayan enriquecido personalmente, pidan disculpas, se retiren completamente de la escena pública y den paso a otros políticos que sean capaces de mostrar una actitud más estricta y vigilante.

Hace falta sentar rápidamente la mano (de la justicia) sobre los corruptos que se llevaron el dinero

Es evidente que por la cabeza de Rajoy no pasa siquiera esa posibilidad. El presidente no tiene ni la más remota intención de admitir que comparte la responsabilidad en el deterioro de esas instituciones que ahora propone “regenerar”. Así que la idea de hablar en el Parlamento de “regeneración democrática” es una mera maniobra, con pocos visos de credibilidad. Bien está que se reduzca el número de aforados o que el recurso al indulto deba estar muy justificado por motivos humanitarios. No sobra. Pero la desconfianza de los ciudadanos se debe a que no creen que las cautelas legales, por muy necesarias que sean, garanticen un cambio de comportamientos y que sospechan que el mal funcionamiento de las instituciones no es consecuencia de leyes erróneas, sino de la devaluación de la vida pública llevada a cabo por muchos de sus principales actores.

No es solo que la confianza en el presidente del Gobierno se mantenga desde hace muchos meses escandalosamente baja. La evidencia de que ha habido un flujo de dinero público al margen de los circuitos oficiales alcanza al Partido Popular, pero también a otras formaciones políticas, a los Gobiernos de varias comunidades autónomas y hasta a los sindicatos, de los que cada vez está más claro que se han venido financiando durante décadas de subvenciones que debían haber sido destinadas a otros fines que los puramente orgánicos.

Quizá sean los responsables de UGT y de CC OO el mejor ejemplo de comportamientos y actitudes que provocaron, irresponsablemente, el deterioro de la vida pública con el estúpido pretexto de que no eran ellos quienes se beneficiaban de esos dineros, sino sus instituciones. Como si lo peor que le pudiera pasar a una institución no fuera, precisamente, sufrir a unos dirigentes que consienten que se vulnere la ley. La realidad es que ni Cándido Méndez ni Ignacio Fernández Toxo parecen tener tampoco la menor intención de dar ejemplo, pedir disculpas y retirarse de la vida pública, pese a los escándalos de los ERE, las facturas falsas y los cursos de formación.

En un país en el que, como recordaba en este mismo periódico José Manuel Atencia, los ciudadanos “creen que no ha quedado nada a salvo del pillaje, desde las ayudas a la reconversión, las subvenciones, el dinero destinado al Tercer Mundo y hasta el presupuesto para retransmitir la visita del Papa a Valencia”, no bastan maniobras de pretendida regeneración democrática. Hace falta sentar rápidamente la mano (de la justicia) sobre los corruptos que se llevaron el dinero y la retirada del escenario público de quienes, desde puestos de responsabilidad, consintieron el continuo trapicheo con la ley.