Convergència y Pujol

A punto de cumplirse un mes desde la confesión del expresidente Pujol sobre el mantenimiento durante 34 años de cuentas no declaradas en Suiza y Andorra, es más lo que se ignora que lo que se conoce. Se ignora sobre todo la cantidad defraudada y el origen de ese dinero. Si viene íntegramente de la herencia del abuelo de los hijos de Pujol. Si tiene alguna conexión con lo ganado por estos en forma de cobro de comisiones y otras habilidades. Tampoco se conocen los nombres de las personas de la confianza del expresidente que, según su confesión, gestionaron esas cuentas.

Una posibilidad de aclaración la ofrecería su comparecencia voluntaria en el Parlamento catalán, como le han pedido todos los grupos de la oposición y finalmente también su partido, CDC, y, de manera más abrupta, su socio parlamentario, Oriol Junqueras, de ERC, que había amenazado con plantear una comisión de investigación si Pujol no accedía a presentarse motu proprio. Los dirigentes actuales de CiU temían ambas posibilidades, pero más la comisión parlamentaria, marco donde se escarbaría sobre la fuente de los ingresos de la familia y su posible relación con el 3% famosamente invocado por Maragall.

Tras pensárselo largamente, Jordi Pujol decidió ayer hacer caso a su partido y comparecer en el Parlamento catalán. No estaba obligado a hacerlo, pero es una decisión acertada. Sí estaba obligado a comparecer, tanto por exigencia legal como por su compromiso del 25 de julio, “ante las autoridades tributarias o, si procede, ante las instancias judiciales para acreditar estos hechos”. El día 8 dos funcionarias de Hacienda entregaron en mano a Pujol una citación (sin fecha) de la Agencia Tributaria, a la que deberá acudir. Pero la línea de defensa elegida en el terreno judicial contradice de entrada su compromiso de facilitar la acción de la justicia. El pasado martes, los abogados de la familia presentaron una denuncia contra quien sea responsable de la filtración de sus datos bancarios por considerar que supone una vulneración del secreto bancario, que en Andorra es un delito. La intención obvia es poder alegar en su momento que todo el procedimiento está contaminado por una prueba ilegalmente obtenida.

También presentaron un recurso contra la comisión rogatoria de la Audiencia Nacional recabando información de los bancos andorranos sobre las cuentas del hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, imputado por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda. Sostienen que detrás de la investigación de la Audiencia hay una “evidente” motivación política relacionada con el apoyo de Pujol a la celebración de una consulta sobre la independencia de Cataluña.

Esa referencia de la defensa del expresidente recuerda la utilización de la bandera como escudo personal ante la justicia en episodios como el de Banca Catalana. Con la diferencia de que ahora son los dirigentes del partido que Pujol fundó hace 40 años quienes le dicen que si decide abandonarlo, no se opondrán.