Porque me da la gana

En ningún país de nuestro entorno sería posible plantear el reto que las instituciones catalanas han planteado al Estado español. Ni en Francia ni en Alemania, ni siquiera en la desordenada Italia sería imaginable una acción como la planteada por la clase dominante catalana. Y tampoco sería previsible que se manifestara en esos países el desapego que muestran el resto de los españoles ante cuestión de tamaña envergadura. La reacción indiferente no era imprevisible, por no ser una novedad; ya Américo Castro escribía a su veterano maestro Menéndez Pidal lo siguiente: “No hay en España otra problemática más grave que la de su unidad, precisamente por la gran cantidad de españoles a quienes importa muy poco”.

El caso británico o el escocés, para entendernos, es un argumento más y mejor para mantener mi tesis. No sólo es radical la diferencia entre las vicisitudes históricas de los británicos y las nuestras —los escoceses fueron un reino que combatió contra Inglaterra y defendió su personalidad política y cultural hasta principios del siglo XVIII, mientras que Cataluña nunca existió sola. Jaime I de Aragón en el siglo XIII acudió en ayuda del rey de Castilla para sofocar la rebelión de los musulmanes de Murcia. Tres razones adujo El Conquistador: “Por servir a Dios”, la primera; “para salvar a España”, la segunda, y la última porque “ellos ganasen el honor y la prez de salvarla”—.

En Gran Bretaña sería igualmente imposible plantear un golpe a las leyes y a las normas de la magnitud que ha planteado el soberanismo catalán…; sería imposible, como en los países mencionados anteriormente, manifestar una deserción de la ley por los mismos representantes de las instituciones.

El caso escocés no hace más que remarcar las peculiaridades negativas del nacionalismo catalán y de quienes, en el resto de España, se apresuran a recurrir a la arbitrariedad, al trato casuístico del asunto, para encontrar soluciones que tranquilicen, aunque fuese transitoriamente, a los independentistas; soluciones basadas en acuerdos políticos, sin importar mucho que pudieran convertirse en verdaderos fraudes de ley que vaciaran de contenido las leyes existentes. Es decir, en contraposición, los catalanes y el resto de los españoles nos dibujamos como una unidad muy definida, que no reacciona con la objetividad de quienes creen que las leyes obligan por igual a todos, y que convierten el magma del pueblo, con sus impulsos y pasiones, en una comunidad, tal y como la entienden desde hace siglos las sociedades de nuestro entorno.

El caso escocés no hace más que remarcar las peculiaridades negativas del nacionalismo catalán

En toda España, saltarse la ley, burlar la norma o driblar la pragmática ha sido desde siempre asunto y cuestión para presumir. Menéndez Pidal señalaba que tal peculiaridad ya era recogida y blasonada en nuestro teatro nacional: “El teatro nacional asocia a las más poderosas emociones dramáticas el sentimiento de justicia, sobre todo cuando esta se realiza por cima de la literal legalidad en beneficio de casos individuales… Juicios salomónicos en el que el albedrío, fuera de toda ley estricta, saca victoriosa la equidad de entre las dificultades que la estorban” y menciona a modo de ejemplo El mejor alcalde, el rey, Fuenteovejuna, Peribáñez o El alcalde de Zalamea. ¡Sí!, porque poco importa si damos la espalda a la ley para provecho propio o en la búsqueda de una justicia abstracta o una equidad interpretable. El hecho relevante en Madrid y Barcelona es que dar la espalda a la norma, buscar ejemplaridad en su aplicación, clamar por la justicia en contra de la aplicación de la ley no es excepción.

Son muchos más los ejemplos que podemos exponer de esta falta de sujeción a las normas. En la historia de España el conseguir burlar la ley ha sido cosa alabada, de mérito, porque entre la ley y nosotros, cada uno de nosotros, estuvo Dios, el Rey o la necesidad de defender la religión católica, confundida con los intereses civiles del reino; y ahora, en los tiempos modernos, se interponen nuestras respectivas ideologías o intereses revestidos de trascendencia política o la simple y gozosa picaresca, cuando los intereses son personales.

Nunca tuvimos impresión de hacer daño, porque el daño se inflige a una persona, a un individuo con nombre y apellido; es imposible, desde nuestra perspectiva individualista, hacérselo a una comunidad, entendida como una organización social perdurable que persigue objetivos plausibles y materiales de bienestar social. La comunidad así entendida es muy diferente a las expresiones, más o menos sólidas, de populismo, tan frecuentes en nuestra historia y que han dado al arte y la literatura obras inmortales o han sido origen y causa de nuestra aventura americana, pero que a la hora de construir una comunidad han sido una endiablada cadena que nos ha mantenido lejos de la razón, confundiendo lo posible con lo irrealizable, lo trascendente y lo terrenal, lo real y lo imaginado.

Saltarse la ley o burlar

La consecuencia de esta confusión ha sido una sociedad en la que el respeto a la ley positiva, la elaborada por el legislador, no ha sido la única referencia, compartiendo su relevancia con la religión en las filas conservadoras, la historia imaginada en las de los nacionalistas, la ejemplaridad moral entre los Savonarolas de turno, o la utopía decimonónica para los conservadores de izquierdas, que también los hay.

La Constitución de 1978 fue un intento de torcer el brazo a nuestra historia, alejándonos por igual de la mezcla de religión e imperio de unos y de la quimera revolucionaria de los otros. La moderación, el pragmatismo, la laicidad política, la transformación del enemigo en adversario, el reconocimiento confiado de las diferencias fraguadas en una historia común, fueron las señas de identidad de aquel experimento, hoy cuestionado por nuevos extremismos y viejas intolerancias.

La crisis económica, los egoísmos autonómicos, el debilitamiento de la legitimidad institucional y el aumento del sectarismo de partida, han provocado grandes grietas en la experiencia de 1978, han hecho reaparecer el cuestionamiento de las leyes, el conocido y despreciable “porque a mí me da la gana”. Los idearios nacionalistas que sólo tienen sentido en la negación y el rechazo de los otros, la política como un ejercicio sectario en la búsqueda de la satisfacción de los instintos más básicos de la parroquia, la consideración del yo como expresión de un populismo incivil y no de un individualismo positivo, por encima de la comunidad, son otros ejemplos de la crisis política.

Esto es así para desgracia de todos, también para los nacionalistas catalanes porque se han convertido en pertinaces albaceas de una historia que creímos que no volvería a repetirse y creen, sin embargo, representar la modernidad más avanzada; pero también para el resto de los españoles, porque unos están dispuestos a refugiarse en la arbitrariedad, en la búsqueda de soluciones de “apaciguamiento temporal” que les proporcione una tranquilidad de conciencia que no heredarán sus hijos, y otros porque vemos peligrar una excepcional aventura de concordia social y divergencia política inteligente, que comenzó con la ilusión y la esperanza de la mayoría de nuestra sociedad.

No prescribo que las cosas queden como están. La que ha sido nuestra historia común, que siempre defenderé, no tiene por qué ser cadena para el futuro. Pero lo que tenga que ser, que sea desde el respeto a la ley, sin dar la espalda a las normas aprobadas democráticamente, sin refugiarnos en una arbitrariedad, que, se justifique como se justifique, no deja de ser una vuelta a lo peor de nuestro pasado.

La última garantía de que sigamos el camino iniciado con la Constitución de 1978, que ha sido quien nos ha acercado a los países de nuestro entorno, es que el debate sea público y tolerante en el resto de España, que lo es, pero también en Cataluña; y que los dirigentes respeten la ley sin miedo a aplicarla o a cambiarla y sin buscar ejemplaridad. Pero sobre todas las garantías necesarias para solucionar los problemas que plantea una sociedad en el siglo XXI se erige el derecho de una sociedad a decidir su futuro y hasta ahora no conocemos una sociedad distinta a la española, avalada su existencia por la historia y por la aprobación en el año 1978 de una Constitución que define muy precisamente el sujeto de la soberanía y, por tanto, de la decisión.

 Nicolás Redondo Terreros es presidente de la Fundación para la Libertad.