“La UE también es responsable de los abusos a inmigrantes en Marruecos”
La organización denuncia en un nuevo informe las violaciones de derechos humanos Rabat anunció en septiembre una nueva política de inmigración y asilo
“No hay descanso aquí. Cada mañana, los gendarmes vienen. Ayer, estaba intentando preparar la comida y llegaron. Les pedí si podían esperar para que pudiera comer algo, ya que sabía que no tendría comida, sólo un largo camino después de la deportación. Pero se negaron. Eran las seis y media de la mañana y fui con ellos. Obedecí porque si te resistes, te pegan”. El desasosiego de Pierre C., un ghanés de 28 años, es el día a día de decenas de los inmigrantes en situación irregular en los campamentos de frontera de Marruecos. Allí sufren abusos y violencias y viven en la angustia de las redadas, mientras Europa, el continente que anhelan alcanzar, hace la vista gorda. Human Rights Watch (HRW) publica hoy un nuevo informe sobre su situación en el que, además de reprender a Rabat, subraya la corresponsabilidad de la Unión Europea y sus Estados miembros. Y de España en particular.
La historia de Pierre C., que se encontraba en el área de Oujda y fue expulsado con la fuerza a Argelia, es una de los 67 testimonios reunidos por la organización en una primera fase de la investigación realizada a finales de 2012 y actualizada con nuevas entrevistas en las primeras semanas de este año. Los relatos de los inmigrantes son una confirmación de denuncias de violaciones de los derechos humanos que se repiten desde hace años, a pesar de que la organización reconoce algunas mejoras desde que, en septiembre de 2013, Rabat anunciara una nueva política de inmigración y asilo. “Desde entonces –subraya HRW– la práctica de las expulsiones sumarias a la frontera con Argelia parece haberse detenido”. Pero “los abusos persisten” y “la fuerzas de seguridad marroquíes siguen utilizando la violencia contra los inmigrantes expulsados de Melilla”. Un uso excesivo de la fuerza que la organización achaca también a las fuerzas españolas. Varios son los testimonios de migrantes que denuncian haber sido pegados por la agentes de la Guardia Civil al intentar entrar a Melilla. “España debería suspender las devoluciones de inmigrantes a Marruecos en la frontera de Melilla hasta que Marruecos no demuestre que no hay más riesgo de palizas y abusos y que sus derechos están respectado”, pide HRW en su informe.
Además del papel de España en la colaboración bilateral con este país para el control de las fronteras –con operaciones conjuntas desde 2004 y el acuerdo de readmisión vigente desde 1992– HRW resalta las responsabilidades de la Unión Europea. “Los abusos de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad marroquíes no pueden ser considerados separadamente de los esfuerzos de la Unión Europea y de los Estados miembros para evitar que migrantes en situación irregular lleguen al territorio de la UE”, se lee en el informe.
La Unión europea, a través de varios programas de ayuda, ofrece recursos financieros y técnicos a Marruecos para el control de la inmigración. “A través del Partenariado de Movilidad, firmado en junio de 2013, la UE y Marruecos también están negociando un acuerdo de readmisión. Human Rights Watch insta a la UE a controlar que no esté ofreciendo apoyo para programas o fuerzas de Marruecos que violan los derechos de los migrantes garantizados por la ley internacional de derechos humanos”, afirma la investigadora de HRW, Katya Salmi, uno de los autores del informe.
“La Unión Europea persigue con Marruecos la misma política que promueve con otros países: buscar la colaboración para prevenir la inmigración a través de acuerdos de readmisión y con dinero y asistencia técnica. Con un discurso, una retórica muy linda de que todo se hace en el pleno respeto de los derechos humanos. Pero en la realidad lo que hemos visto son graves violaciones. La UE y sus Estados miembros deben monitorear mucho mejor la situación y emprender acciones y sanciones claras en el caso de abusos. No son sólo responsabilidad de Marruecos. También está la presión de la UE por el control de las fronteras”, añade Judith Sunderland, investigadora senior de HRW para Europa occidental. Sunderland formará parte de la delegación que viajará a España esta semana para entrevistarse con los representantes de la Guardia Civil y del Ministerio de Exteriores y presentar los resultados del informe. Hoy los investigadores de HRW se reúnen en Rabat con los representantes de la delegación de la UE.
Palizas a mujeres embarazadas y expulsiones de menores
La lectura de los testimonios recogidos en el documento de HRW devuelve una imagen de acoso constante. “Le tengo miedo a la policía. No puedo alquilar una casa, tengo que mendigar. Estamos en el bosque, viviendo como animales”, relata uno de los inmigrantes en las entrevistas realizadas a finales de 2012. Muchos denuncian que, durante las redadas en los campamentos en los alrededores de las zonas fronterizas, los agentes les sustraen sus enseres, queman sus refugios y destruyen o confiscan la documentación. También hay denuncias de detenciones indiscriminadas contra inmigrantes que demostraban tener los papeles en regla. Luego está la violencia física. Así describe un inmigrante con discapacidad psíquica que usa muletas, una de las redadas que se produjeron a las afueras de Nador en el verano de 2012: “La policía llegó con las porras. Me dieron con ella y me preguntaron por qué estaba allí. Me esposaron y me agarraron y me pegaron 10 o 12 veces con una porra en la espalda. Y yo perdía sangre”. Y este es en el testimonio de una mujer embarazada de cinco meses sobre otra redada meses más tarde: “La policía llegó sobre las 5 o 6 de la madrugada. Llegaron cuando estábamos durmiendo y nos maltrataron. Me preguntaron dónde estaba mi marido y me pegaron. Me golpearon en el estómago a pesar de que les había dicho que estaba embarazada”. Se registran además detenciones y expulsiones de menores no acompañados. “Marruecos no garantiza a los menores no acompañados la protección en su territorio, como es su obligación bajo las leyes internacionales”, se lee en el documento de HRW.
A pesar de que la situación parece haber mejorado en cuanto a las intervenciones policiales en la zona de Oujda que acababan con la expulsión de los inmigrantes a Argelia, la policía marroquí sigue practicando redadas alrededor de la ciudad fronteriza de Nador, como la del 29 de enero pasado, denunciada por los inmigrantes entrevistados por HRW, cuando los agentes destruyeron el campamento donde se refugiaban y detuvieron y pegaron a los que intentaban llegar a Melilla. Según los testimonios recogidos por HRW, los migrantes detenidos en Nador son conducidos en autobuses a Rabat y otras ciudades de la costa.
Más protección para los refugiados
Desde septiembre de 2013, y después de años de denuncias a las que se sumó el Consejo Nacional de Derechos Humanos del Reino de Marruecos, el Gobierno ha reestablecido en Rabat la Oficina para los Refugiados y Apátridas, que estaba cerrada desde 2004. Una decisión que HRW juzga positivamente, si bien en el informe se subrayan las dificultades para los demandantes para llegar a las oficinas del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (Acnur) que gestiona en primera instancia las peticiones de asilo. "La Oficina para los refugiados y los apátridas ha vuelto a procesar ahora los casos de los refugiados reconocidos por Acnur y les otorga una tarjeta de residencia que les permite trabajar y tener acceso a los servicios sociales. Parece una novedad positiva. Por ahora, Acnur sigue gestionando las prácticas de determinación del estatus de refugiado. Las autoridades marroquíes nos han dicho también que están preparando una nueve ley de asilo", comenta la investigadora de HRW, Katya Salmi.
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