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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Reforma inacabada

Las políticas activas de empleo, más urgentes que el despido barato que pide la OCDE

El análisis de la OCDE sobre la reforma laboral española insiste en que es necesaria una revisión de la ley que permita abaratar más el despido —33 días por año está por encima de la media de los países de la organización— y limitar las circunstancias legales por las que un juez puede declarar nulo el despido. La entidad internacional ha caído en la cuenta de lo que ya era evidente cuando se aprobó la reforma, es decir, que iba a aumentar la litigiosidad laboral y que buena parte de los efectos buscados (reducir los salarios, estimular la contratación) se iban a malograr en los juzgados. Pide también ampliar el periodo de prueba; y sus representantes están convencidos de que si el número de expedientes de regulación de empleo no ha crecido como se esperaba es porque están bloqueados por la discrecionalidad judicial.

La interpretación de la OCDE ofrece recetas genéricas, cuando lo que probablemente necesita la economía española son políticas laborales más afinadas. Los salarios han caído desde que se puso en marcha la reforma laboral; la competitividad de la economía ha aumentado, pero a estas alturas sigue destruyéndose empleo en algunos sectores. La organización asegura que la reforma ha contribuido a crear 25.000 puestos de trabajo mensuales. Pero, sin cuestionar sus números, lo cierto es que puede comprobarse con facilidad que desciende el número de afiliados a la Seguridad Social y también el número de ocupados. La ecuación menos salario igual a más empleo no está funcionando de momento.

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Las estadísticas de la Fundación Fedea dicen que los ajustes salariales afectan a las rentas más bajas, lo que acrecienta la desigualdad y afecta a la estabilidad social. Por tanto, antes de proceder a una nueva ronda de recortes laborales, deberían explorarse soluciones de mayor calado. Por ejemplo, desarrollar políticas activas de empleo, de las que España prácticamente carece, y reformar algunas instituciones públicas para que busquen trabajo a los parados de forma eficaz (es notorio que el Inem ha fracasado estrepitosamente en esta tarea); o aplicar liberalizaciones profundas de los mercados que abaraten los precios (incluido el de la vivienda) y permitan una rotación mayor del empleo. Apostar la corrección del paro y la salud del mercado laboral sobre todo a la carta del despido más barato es simplificar las cosas.

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