España está por reformar

España afronta una profunda crisis económico-social en ausencia de un horizonte esperanzador. Esta falta de un proyecto de país ha sido la base sobre la que han reemergido las tensiones territoriales, pulsiones que recorren nuestra historia, pero que solo pasan a la escena central cuando no hay un objetivo común. Esta orfandad de un horizonte se hace más dolorosa ante las incertidumbres del proyecto europeo, el anhelo que había aunado a generaciones previas. Y todo ello, bajo a una crisis de la política, que dificulta la toma de decisiones. España enfrenta, por tanto, una crisis poliédrica que no se resolverá automáticamente con la vuelta al crecimiento, sino cuando los españoles recreemos un nuevo espacio público compartido en el marco europeo.

La crisis económica solo ha encontrado una salida cuando la agenda de reformas se ha centrado en profundizar en la integración de la eurozona y que aún con lentitud se va implantando. La europeización de la supervisión de las entidades bancarias está permitiendo que la reducción de los tipos de interés del BCE comience a alcanzar a toda la zona euro, canalizando así una bajada de las primas de riesgo y, con ello, una senda de ajuste fiscal menos severa. Ahora bien, si ya es ampliamente aceptado que solo saldremos de esta crisis con una unión monetaria más integrada, este camino exigirá revisar también aquellas regulaciones nacionales que pudieran dificultar tal consolidación (seguros de desempleo, sistemas de pensiones, tributación del capital, etcétera). Por tanto, hay que abrir un nuevo debate en Europa acerca del futuro de la parte del Estado de bienestar que tendrá difícil encaje si se mantiene su actual regulación nacional. Así, tras la unión bancaria toca impulsar una unión fiscal y social que viabilicen tales políticas públicas, que inspiran el modelo social europeo.

En todo caso, España tiene pendiente una agenda de reformas nacionales. En el terreno económico, el saneamiento del sector financiero ha dado un paso adelante con el apoyo directo de Europa, una recapitalización iniciada después, por cierto, de un primer semestre del actual Gobierno muy inestable. Aun así, será necesario mantener una monitorización puntual del sector ante la evolución de la morosidad a la espera de ese cierre definitivo de la unión bancaria, la palanca fundamental para acelerar el flujo de crédito. Por otra parte, hay que acometer una reforma laboral que incentive la creación de empleo y ofrezca una mayor estabilidad a los trabajadores temporales. Es urgente dotar de un canal de tránsito desde la contratación temporal hacia la indefinida, sin que medien decisiones discrecionales por el camino. Hay que modernizar las políticas activas de empleo y mejorar la generosidad de las políticas pasivas en el caso de los desempleados de larga duración. Y hay que reequilibrar el poder en la negociación colectiva con la creación de convenios nacionales-sectoriales que den cobertura a las negociaciones de empresa y eliminando la capacidad de decisión unilateral.

El sistema actual de las autonomías carece de instituciones de cooperación

Junto a esto, el país está huérfano de una política energética e industrial, que aprendiendo de los errores previos (burbujas sectoriales, déficit de tarifa, etcétara), encuentre y diferencie los espacios de actividad del Estado y del mercado. Asimismo, hay que redoblar la lucha por la competencia efectiva en los mercados, como el mejor instrumento para ampliar oportunidades y evitar el acoso al consumidor.

El país debe impulsar también una reforma fiscal. Si España aspira a disponer de un Estado plenamente europeo, esta misión no se puede acometer con unos ingresos fiscales nueve puntos porcentuales del PIB por debajo al promedio de la eurozona. Este incremento no debe centrarse en quienes ya tributan, especialmente los asalariados, sino en quienes defraudan o eluden, rentabilizando en este caso la maraña regulatoria. No es razonable que el tipo impositivo efectivo entre las grandes empresas ronde el 10%, mientras que las pymes tributan al 25. Tampoco lo es que la riqueza se parapete tras sociedades para no ser gravada. Así pues, hay que abordar una reforma profunda que debiera partir de un gran acuerdo de país sobre las bases imponibles, aun cuando la izquierda y la derecha difieran después en los tipos impositivos. Este consenso es central porque debe dar continuidad a una actualización del Estado de bienestar y del propio modelo de Estado.

Aun cuando una parte del Estado de bienestar debe europeizarse, existe todavía un amplio espacio para la actuación de los países. En este campo, España debe focalizar los esfuerzos en la educación y en los primeros años de vida. El principal foco de desigualdad y reducción de oportunidades se sustancia en la infancia, especialmente en momentos como el actual dado el lacerante nivel de desempleo. Además, hay que desarrollar mejoras en los sistemas de gestión sanitaria, sin privatizarla. Asimismo, es urgente un programa contra la pobreza a corto plazo, que minimice también sus efectos negativos sobre la igualdad de oportunidades a largo.

Debemos focalizar los esfuerzos colectivos en la educación y en los primeros años de vida

Adicionalmente, ese acuerdo fiscal debe sustentar una reforma del sistema de financiación, cuya revisión deberá responder a una readecuación del modelo de Estado. Por una parte, el actual Estado de las Autonomías carece de instituciones de cooperación, dado que el constituyente desconocía el resultado último del proceso descentralizador. Por otra parte, no podemos esconder que el choque de legitimidades entre el Tribunal Constitucional y el referéndum sobre texto estatutario en Cataluña, aun contando con todas las garantías, ha tensionado las costuras del país. Por tanto, hay que abrir, en todo caso con interlocutores leales, una actualización del consenso constitucional, sin esperar “cerrar definitivamente” el Estado de las Autonomías, pero sí encauzar institucionalmente tales tensiones.

Por último, España hace frente a estos retos con el instrumento del cambio, la política, atravesando su propia crisis. Hace ya más de una década que todas las instituciones de intermediación entraron en una crisis estructural. La prensa, las discográficas o los partidos han perdido el monopolio de la intermediación. En el terreno político, hemos pasado del elector cuatrienal a un ciudadano en red, que interactúa políticamente de manera cotidiana, pero el modelo de participación partidista sigue apegado a una sociología periclitada. Además, este desafío estructural, que exige una reinvención de la política, ha coincidido en el tiempo con la crisis económico-social y territorial y, por supuesto, con la emersión de nuevos escándalos de corrupción sistémica. Por todo ello, la política se encuentra muy cuestionada y aunque aún no han surgido voces totalizadoras, el riesgo de fragmentación democrática comienza a ser notable. Es necesario, pues, revitalizar la acción política para fortalecer la democracia representativa y eso pasa por una reforma orgánica de los partidos políticos que le elimine las barreras de entrada y haga porosa la relación entre electores y elegidos. El PSOE ha iniciado ese camino en la Conferencia Política, pero la reforma debe ser más profunda y universal.

En fin, España acumula seis años de crisis económica, que comienza a estabilizarse de la mano de una revisión de la estrategia europea, focalizada ahora en profundizar en la unión. En todo caso, hay que avanzar ya sobre la unión bancaria e impulsar una unión fiscal y social, que asienten las bases de un Estado de bienestar europeo. Además, España necesita una renovada agenda de reformas, que actualice nuestra economía y fortalezca el Estado de bienestar nacional, para lo cual resulta central una reforma fiscal que responda también a una revisión del modelo de Estado. Y para todo ello, el país necesita una remodelación interna de los partidos.

Sin duda, ya no podemos decir: “España está enteramente por hacer”; como enunció Indalecio Prieto. En los últimos 35 años se ha modernizado este país como nunca antes en su historia. Ahora bien, sí debemos afirmar conscientes de nuestro deber: España está enteramente por reformar.

Jonás Fernández es director del Servicio de Estudios de Solchaga Recio & asociados y autor de Una alternativa progresista (Deusto).