Las bases institucionales de la corrupción

Cuando la corrupción política deja de ser un hecho anecdótico y se manifiesta como un fenómeno frecuente, debería hacernos reflexionar sobre sus causas. Los españoles no somos diferentes a cualquier otro ciudadano europeo; pero España puede ser diferente en su entramado institucional, que hace posible que las desviaciones del poder sean más frecuentes. Reflexionar sobre ello es imprescindible, en estos momentos, si no queremos que se convierta en un remolino que arrastre a toda la sociedad española.

Cualquier organización tiene que tener unos mecanismos de control implícitos, que hagan que todos sus miembros tengan que rendir cuentas a alguien, y sean responsables de todos sus actos. Esto es lo que sucede en los Estados democráticos, en los que el Poder Ejecutivo tiene que rendir cuentas ante el legislativo y las conductas delictivas se sustancian en los tribunales de justicia; siendo un elemento esencial la rendición de cuentas. Cuando las faltas o delitos cometidas por un político no tienen la sanción correspondiente, ni se obliga a la rendición de cuentas, se acaba pervirtiendo todo el sistema.

A mi juicio, los márgenes de impunidad que permite la legislación española son mucho mayores que las de otros países, dando patente de corso, a algunos, para aprovecharse de los bienes de todos para su provecho particular. Y esto es lo que explicaría nuestro mayor índice de corrupción.

El primer hecho que llama la atención, a cualquier observador, es que un alcalde pueda dar una licencia de obra en un suelo no urbanizable, incluso con informes técnicos en contra, sin que luego tenga ninguna consecuencia para él; a pesar de que el Ayuntamiento puede verse obligado a indemnizar al titular de la licencia, si un juez obliga a reponer la legalidad urbanística. En los casos más escandalosos, se le condena a inhabilitación para ejercer cargo público, lo que puede suceder cuando ya no está en la corporación. Estos hechos son sumamente graves, ya que es difícil de creer que un cargo público vulnere la legalidad flagrantemente a cambio de nada, aunque las verdaderas causas sean difíciles de demostrar.

Los márgenes de impunidad que permite la legislación española son mucho mayores que las de otros países

También es chocante que un cargo público no presente las cuentas, o lo haga con notables carencias y errores, sin que tampoco tenga ninguna consecuencia. Ahora a los Ayuntamientos que no presentan las cuentas se les deja de pagar subvenciones estatales; pero, me pregunto, qué culpa tienen los ciudadanos de la mala actuación de sus alcaldes. ¿No sería más lógico imponer una multa al responsable de ese incumplimiento? Si un elemento esencial de la democracia es la rendición de cuentas, deberíamos tomarnos mucho más en serio este problema.

Otra perversión del sistema es que un cargo público pueda gastar por encima del presupuesto aprobado, dejando una deuda oculta para el futuro, sin que le pase absolutamente nada. La aprobación del presupuesto es un mecanismo democrático que permite limitar la actuación de los responsables públicos, hasta las cuantías, y con los fines, que deciden los representantes de los ciudadanos. Su extralimitación es sumamente grave; y compromete nuestro propio patrimonio particular, puesto que, al final, deberemos de pagarlo entre todos. Sería lógico que el infractor respondiera personalmente de las cantidades no autorizadas.

Un hecho más difuso, aunque igualmente grave, es contratar personal, al margen de cualquier procedimiento basado en el mérito y la capacidad. Muchas veces ignoramos que el personal interino o laboral, en la Administración, se convierte, normalmente, en personal fijo de por vida. La contratación de una persona que no tiene la capacidad suficiente tiene dos efectos: para el organismo público, que siempre tendrá una rémora con una persona incapaz de ejercer sus funciones; y para el interesado, que va a recibir un sueldo, de por vida, muy superior al que podría aspirar.

La corrupción es un cáncer en el interior de un país: rompe la confianza en las instituciones, deslegitima el sistema político y hace que cunda el mal ejemplo entre los ciudadanos, incitando la vulneración de la ley.

Además de combatir los casos individuales de corrupción, es fundamental que corrijamos las causas que los permiten; ya que, en caso contrario, entraremos en una espiral que llevará a la desafección de los ciudadanos hacia las instituciones y la política, y a generar un clima de podredumbre en la vida nacional.

Francisco López Peña es doctor en Ciencias Económicas. Pertenece al Cuerpo de Interventores y Auditores del Estado.