Pacto de doble valor

El Congreso de los Diputados se acercó ayer a la unanimidad en un asunto crucial para España: la política europea. Y aunque se han rebajado las expectativas respecto al resultado del Consejo Europeo que comienza mañana en Bruselas, la reunión puede marcar un punto de inflexión especialmente beneficioso para economías en graves dificultades como la española.

La europea es una política de Estado que ha contado habitualmente con el apoyo de la mayoría del arco parlamentario. En esta ocasión, además, el pacto alcanzado entre siete formaciones que suman más del 90% de los votos del Congreso tiene un doble valor: emite una señal de unidad y fortaleza a los socios europeos en una cuestión vital como es el empleo y la liquidez financiera, cuya defensa es más indispensable ante esa bajada de expectativas, y da respuesta, a nivel interno, al deseo de los españoles de ver a sus políticos trabajando juntos para intentar sacar al país de una coyuntura tan adversa.

El acuerdo previo suscrito entre el PP y el PSOE era lo suficientemente abierto y positivo como para permitir la adhesión sin mayores problemas del resto de los firmantes: PNV, CiU, Coalición Canaria y UPyD. El procedimiento elegido por las dos grandes formaciones —acordar un texto en solitario— ha sido un escollo para el resto de formaciones que, finalmente, se han sumado al proyecto añadiendo retoques que no modificaban lo sustancial: el apoyo del Parlamento español a la liberación inmediata de fondos para promover el empleo juvenil, al avance hacia la unión bancaria —que se espera mínima, dada las resistencias de Berlín— y al aumento del flujo de financiación para pymes y autónomos. UPyD, que pedía que España luchara por dejar fuera del cómputo del déficit las políticas de empleo, apoyó el pacto final, pero se abstuvo de votar.

Los socialistas se han visto obligados a rebatir las críticas recibidas por buscar el acuerdo con el Gobierno. Pero ciertamente no se hubiera entendido la ausencia del apoyo al Ejecutivo en una cumbre en la que, en efecto, se abrazan las tesis —como proclamaba el lunes la vicesecretaria Elena Valenciano— de terminar con la austeridad a ultranza e iniciar una clara política de incentivos económicos. Son directrices que también satisfacen a la Izquierda Plural, pero esta coalición se quedó fuera porque exigía, de manera extemporánea, la retirada de la reforma constitucional de equilibrio presupuestario acometida a finales de 2011.

El Gobierno de Mariano Rajoy se anota, en cualquier caso, un éxito. Su mayoría absoluta le permitiría prescindir de este tipo de pactos; pero contar con la oposición y escuchar las demandas ciudadanas de búsqueda de acuerdos es una buena estrategia para defender los intereses del país. Hay otros asuntos políticos, económicos y sociales —cierto que de más difícil factura— sobre los que sería muy positivo ensayar posibles consensos.