Declaración suspendida

La admisión a trámite de la impugnación del Gobierno y la consiguiente suspensión de la declaración soberanista aprobada por el Parlamento catalán el pasado 23 de enero ha vuelto a situar en el marco del Tribunal Constitucional la tensión entre el soberanismo y el Gobierno central. El Ejecutivo decidió impugnar la declaración en febrero, después de que el Consejo de Estado dictaminara, con dos votos discrepantes, que la afirmación de que Cataluña es “sujeto jurídico y político soberano” vulnera la Constitución. Es la primera vez que el alto tribunal deja en suspenso un acuerdo de esta trascendencia procedente de una Cámara autonómica.

Además de las interpretaciones jurídicas sobre la naturaleza de la declaración y su impugnabilidad, resulta preocupante que el órdago lanzado por el catalanismo al Gobierno de España dificulte el marco de diálogo y entendimiento necesario para abordar el problema, tanto entre Barcelona y Madrid como en la propia Cataluña. Por lo pronto, el Parlamento catalán, después de conocer la decisión del Constitucional, no modificó el orden del día previsto y aprobó ayer la creación de una comisión sobre la consulta de autodeterminación por 106 votos a favor (CiU, ERC, PSC, ICV y CUP) y nueve en contra, de Ciutadans, porque los 19 diputados del PP se ausentaron al considerar la votación un “desacato” y juzgarla ilegal. El portavoz del PSC, por su parte, pidió a CiU y ERC que no se salgan del marco de la legalidad.

El conflicto tiene implicaciones jurídicas y, sin duda, políticas. Negar tanto las primeras como las segundas llevaría a su enconamiento. La decisión del Tribunal Constitucional, que en otro contexto tendría que ser vista como algo normal, no debería servir para alimentar de nuevo, como ya ocurrió con la sentencia del Estatut, el sentimiento de agravio que tan hábilmente explotan los partidos soberanistas. Esta dialéctica reforzaría la idea de que no hay espacio para la negociación. Y lo peor que puede ocurrir es que crezca, desde cualquier posición, la peligrosa convicción de que no hay transacción posible, de que solo la práctica del hecho consumado y la ausencia de respuestas políticas y de negociación son las únicas salidas posibles. Hay que recordar que, ante las tentaciones de vías unilaterales, debe imperar el respeto a la legalidad.