Una mínima lealtad

El argumentario proindependentista del nuevo servicio diplomático catalán enviado a las oficinas de la Generalitat y a cuantos centros de opinión se tercien resulta bastante disparatado. Generaliza como globales las opiniones partidistas de un solo sector social; confunde en un solo sujeto (de acoso y derribo) a España, al Estado español y a su Gobierno de turno; y pretende herir a todos los rivales, incluidos los discrepantes del interior.

Son estos defectos muy típicos de un organismo aficionado —como lo calificó en su nacimiento el hoy consejero de la Presidencia— y nutrido por aficionados, aunque el servicio, pomposamente denominado Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) sea un departamento oficial, jerárquica y presupuestariamente, del Gobierno de la Generalitat.

Si se tratase solo de defectos de interpretación, exageraciones y simplezas, el asunto no merecería más atención que el olvido. Pero es un texto que presenta la parte —los hechos que agravian al catalanismo— como un todo alternativo: la imperiosidad de la secesión, que sostiene solo una parte de los catalanistas. Exhibe, pues, una deslealtad básica.

Es una deslealtad no ya solo al Estado, al Gobierno de la Nación o a los usos y costumbres de la diplomacia profesional sino, sobre todo, a los ciudadanos. Por supuesto, a los ciudadanos españoles en general. Pero muy específicamente a los catalanes, que en una inmensa mayoría —en el entorno del 70%— vienen sosteniendo la compatibilidad de identidades superpuestas, catalana y española, pero también europea y local.

El precario y ralo texto propagandístico de los diplomáticos aficionados al servicio de Artur Mas podría quizá ignorarse por ser una mera impertinencia carente de talento. Pero su minimalismo intelectual viene avalado por una institución, la Generalitat, que es parte del Estado español, y es el Estado español en su forma más visible en Cataluña. Y el Estado, como cualquier sujeto jurídico, no debe ir contra sus propios actos y naturaleza.

Este chusco episodio enlaza además con una declaración de independencia que confronta la legalidad constitucional; la reivindicación de un referéndum sea legal o ilegal; la creación de “estructuras de Estado” como una Agencia tributaria que absorba la existente; y un Consejo de la Transición de cuya mera composición se infiere que su actividad no será el análisis imparcial sobre el que los ciudadanos fijen su criterio, sino puros consejos y propaganda para la separación.

Todo ello se adscribe a la lamentable técnica de colocar ante los ciudadanos hechos consumados en el borde de la legalidad. Ni siquiera esto es lo peor. Lo peor es que estos hechos consumados configuran un fraude descarado: el Gobierno de Artur Mas dice querer un referéndum “sobre” la independencia, cuando todos sus actos se pautan “para” la independencia. Propone como primer escalón el último de la escalera.