El Consejo de Ministros aprobó el viernes una nueva ley antidopaje para endurecer los controles y poner fin a la situación de laxitud que ha sumido en el descrédito al deporte español. El texto otorga más capacidad de iniciativa y vigilancia a la Agencia Estatal Antidopaje, que fijará cómo y cuándo se realizan los controles. Esto es fundamental, pues la dispersión de esta función en diferentes organismos es una de las causas del fracaso del actual sistema, donde se han llegado a realizar pruebas, que han de ser por sorpresa, con cita previa.

Es una lástima que el esfuerzo que se ha hecho para convertir a España en una potencia deportiva se haya visto empañado por malas prácticas como las de la Operación Puerto. Esta ley busca un efecto reparador: evitar que el dopaje se enseñoree del deporte y acabar con la idea de que cuenta con una gran tolerancia. Es urgente restablecer un orden justo en el que todos estén en igualdad de condiciones. Recurrir al dopaje da mayores opciones a quienes tienen menos escrúpulos y más dinero para recurrir a las sustancias ilegales.

La ley será tramitada con urgencia: el 18 de marzo, el Comité de Evaluación de los Juegos Olímpicos estudiará la candidatura de Madrid para los de 2020. Demostrar que España se toma en serio la lucha contra el dopaje resulta imprescindible.