La ley de los vencedores
Autor invitado: Ángel Gonzalo (periodista)
Este es un repaso de la situación de Costa de Marfil. Desde los incidentes que siguieron a las elecciones presidenciales de 2010 y que sumieron al país en la peor crisis humanitaria de su reciente historia -con graves crímenes cometidos por ambas partes-, hasta la actualidad; donde el presidente Outtara impone su ley bajo un manto de impunidad que oculta ejecuciones extrajudiciales, homicidios deliberados y arbitrarios, detenciones por motivos políticos y torturas.
Abran un libro de Historia de cualquier país, incluido el nuestro, y encontrarán hechos como los que voy a contarles. Sin embargo, estos no pertenecen al pasado sino a la actualidad. Los vencedores de una confrontación hacen la ley y, cuando alcanzan el poder, persiguen, hostigan y eliminan -utilizando cualquier medio a su alcance- a sus adversarios. La diferencia es que antes solía ocurrir bajo el yugo de regímenes autoritarios. Ahora sucede en lugares en los que se celebran elecciones.
Acompáñenme a Costa de Marfil, en el golfo de Guinea. Se independizó de Francia en 1960 y gozaba de grandes perspectivas por sus recursos naturales y potencial para el desarrollo. Hoy es el mayor exportador de cacao del mundo y también es rico en café, madera y petróleo. Cuenta con algo más de 20 millones de habitantes, una esperanza de vida en la media regional -55 años-, un índice de mortalidad infantil del 12% -menores de cinco años- y una cifra alfabetización de adultos escasamente superior al 50%.
La peor crisis humanitaria desde la independencia. Sin embargo, su historia contemporánea, como la de muchos de sus vecinos, está saturada de inestabilidad. Uno de los peores períodos se vivió a partir de 2002 con la división del país en dos -tras un golpe de estado- y la guerra civil posterior. Un gobierno de concentración presidido por Laurent Gbagbo -uno de los protagonistas de este post- mantuvo el país en una tensa y frágil estabilidad hasta que en noviembre de 2010 pudieron celebrarse por fin elecciones presidenciales.
Entonces se produjo una parálisis política, tras la negativa de Gbagbo a reconocer la victoria de su oponente, Alassane Ouattara. Después de cuatro meses de combates esporádicos, a finales de marzo de 2011, los partidarios de este último lanzaron una ofensiva y ocuparon casi todas las zonas que estaban en poder de las fuerzas leales al expresidente. En abril, soldados de la Operación de la ONU en Côte d’Ivoire (ONUCI) y la fuerza militar francesa Licorne bombardearon la artillería desplegada por tropas de Gbagbo, que finalmente fue apresado. Ahora, rinde cuentas en el Tribunal Penal Internacional de La Haya.
Ambas partes, tanto seguidores de Gbagbo como del presidente Ouattara, son responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El balance del enfrentamiento es desolador. Más de 3.000 muertos y un clima de inseguridad, venganza, represión y violencia que ha hecho que la población viva en una pesadilla constante. Es la crisis humanitaria y de derechos humanos más grave que ha vivido el país. Cientos de personas han sido víctimas de homicidios ilegítimos, en muchos casos sólo por su origen étnico o su supuesta afiliación política. Muchas mujeres y adolescentes han sufrido violencia sexual, incluidas violaciones.
… Y llegó la victoria. En abril de 2011, no llegó la paz a Costa de Marfil, sino la victoria. Han seguido cometiéndose violaciones y abusos contra los derechos humanos. Por un lado, en la capital económica del país, Abiyán, la persecución se ha centrado en los partidarios reales o supuestos del ex presidente Gbagbo.
Por otro, los seguidores del expresidente, particularmente mercenarios liberianos, han continuado con el acoso a la población civil que apoya a Ouattara; y atacando lugares estratégicos o puestos militares. Algunos de estos ataques han sido organizados en los países vecinos, lo que ha llevado en ocasiones al cierre de fronteras.También han intentado desestabilizar al gobierno con intentos de golpes de estado.
El conflicto en Costa de Marfil no sólo tiene connotaciones políticas, sino que también hay un factor étnico. Los opositores de Ouattara tachan al presidente actual de extranjero por su origen burkinabé y ellos, los de Gbagbo, aglutinan a los marfileños puros. No deja de ser también una historia repetida entre las muchas fronteras artificiales del continente. Otra consecuencia de la colonización y del interés europeo por trazar líneas divisorias para explotar a su antojo los recursos de África.
Al terminar 2012, más de 250.000 personas refugiadas y desplazadas no habían regresado aún a sus hogares por temor a sufrir represalias, y muchas siguen viviendo en países vecinos como Liberia o Ghana.
Impunidad total. Alassane Outtara creó el ejército nacional con el objetivo de integrar a las fuerzas leales al expresidente tras los incidentes que siguieron a las elecciones de 2010 para “garantizar la seguridad de las personas y propiedades sin distinción” y “ser un poderoso instrumento para la cohesión nacional”. Sin embargo, tras este nuevo ejército, junto a una milicia armada de cazadores tradicionales -los dozos-, asoma un inquietante historial de ejecuciones extrajudiciales, homicidios deliberados y arbitrarios, detenciones por motivos políticos y torturas. So pretexto de garantizar la seguridad y combatir a los autores de ataques armados, sus miembros actúan con casi total impunidad.
Actualmente, ni un solo miembro del ejército nacional ni ningún otro seguidor del presidente Outtara ha respondido de sus actos, lo que representa un fracaso absoluto del Estado de derecho y debilita el proceso de reconciliación iniciado en julio de 2011.
Testimonios sobrecogedores. Amnistía Internacional ha documentado que las fuerzas republicanas de Costa de Marfil, ejército nacional, y la policía militar han arrestado y detenido a personas al margen de la ley y basándose en motivaciones políticas o étnicas. Los centros de detención se han multiplicado así como el régimen de incomunicación de los detenidos, a veces en condiciones inhumanas. Muchas personas han sido torturadas y algunas liberadas después de pagar un rescate.
Un hombre al que la policía detuvo tras las elecciones declaró: “Me preguntaron por mi grupo étnico y a quién había votado. Dije que había hecho campaña por Gbagbo. ¿Por qué Gbagbo?, me espetaron. ¿Quién ganó las elecciones? Contesté que el consejo constitucional debería confirmar los resultados. ¿Acaso te crees un intelectual?, me gritaron. Después me golpearon”. Fue arrestado y detenido en régimen de incomunicación sin acceso a un abogado, sin que sus familiares fueran informados y sin ningún tipo de garantías durante más de un mes. Al final, no se presentaron cargos en su contra y recobró la libertad.
Un seguidor de Gbagbo, detenido en Abiyán el 27 de agosto de 2012 y acusado de pertenecer a una milicia aseguró que le dejaron en libertad dos días después pagar una cantidad de dinero: "Mis padres entregaron primero 50.000 CFA -unos 75 euros-; y luego, tras liberarme, los carceleros fueron a mi casa y pidieron más. Les dije que apenas tenía y se conformaron con 20.000 CFA -30 euros-”.
Otro hombre ha asegurado haber permanecido encerrado 49 días junto con 27 personas más en una celda de cuatro metros cuadrados sin servicios higiénicos. “Teníamos que hacer nuestras necesidades en bolsas. Sólo recibíamos una comida al día, a las 2 o 3 de la tarde. Y sólo nos daban un litro de agua cada 48 horas.”
La venganza también se ha extendido hacia todos los familiares y colaboradores de Laurent Gbagbo recluidos en cinco centros de detención en diferentes puntos del país. Algunos de ellos también han sufrido tratos inhumanos y degradantes.
Además, se han producido graves irregularidades en la investigación de los casos denunciados; las autoridades han hecho muy poco para garantizar la celebración de vistas con garantías y el derecho a la defensa es una quimera.
Ante este panorama, Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades para que acaben con las violaciones de derechos humanos y los abusos que siguen cometiendo los agentes del Estado y quienes les apoyan. Los vencedores no deben imponer su propia ley sino aplicar la justicia. Si no se toman medidas de inmediato para controlar a las fuerzas de seguridad, Costa de Marfil corre el riesgo de enredarse en sucesivas crisis políticas que convertirán la reconciliación nacional en una esperanza perdida y seguirán alimentando páginas oscuras en los libros de Historia.
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