Cómo reconstruir el futuro

Con ser muy grave la crisis económica por la que atraviesa España, con su dramática consecuencia de seis millones de parados y un empeoramiento general del nivel de vida, su importancia palidece si se la compara con la crisis política e institucional que el país afronta, y que se ha agudizado con las crecientes sospechas sobre la financiación irregular del partido en el poder. Coincide esta situación con el final de un ciclo histórico y la apertura de una nueva etapa llena de incertidumbres. Algunas de las cuestiones que se plantean no son exclusiva ni prioritariamente españolas. Se deben al impacto de la globalización o a las dificultades que tienen muchas naciones para adaptarse a las nuevas reglas de juego que esta implica. Las inquietudes en torno al futuro de la Unión Europea y la moneda única forman parte de esos desequilibrios que afectan también a nuestra situación nacional. Requieren soluciones globales y compartidas que escapan a las exclusivas capacidades de los gobernantes y líderes sociales de nuestro país, aunque también sea responsabilidad suya cooperar en la superación de esas circunstancias. Pero nos hallamos, asimismo, ante problemas originados dentro de nuestras fronteras que añaden fragilidad a la fragilidad, y cuya solución resulta urgente e inevitable abordar.

La mayor parte de las instituciones emanadas de la Constitución de 1978 y del ordenamiento social que propició se muestran claramente incapaces para hacer frente a los desafíos no ya del inmediato futuro, sino del presente mismo. Azuzados por los sacrificios y renuncias que la política de austeridad conlleva, aumentan los sentimientos de escepticismo e incredulidad respecto a la capacidad de nuestros líderes para atender a las demandas de los ciudadanos. Entre acusaciones de corrupción, descrédito de la generalidad de la clase política, denuncias de ineficiencia y protestas por las violaciones de derechos que se consideraban adquiridos de forma permanente, crece la desafección popular hacia el sistema que ha generado mayores niveles de bienestar, democracia y libertad en toda la historia de España. Todo ello sucede además en el marco de una ruptura generacional, cuyos rasgos más definitorios son las dificultades de los jóvenes para encontrar empleo y la nueva facilidad y virulencia con que se expresa su justificado descontento en las redes sociales.

En momentos como este es preciso defender la continuidad de la democracia y el progreso económico y social frente a la creciente fragmentación que nuestro país padece en todos los órdenes. Debemos garantizar que los valores fundamentales que justificaron la Transición y fructificaron con ella no se pierdan en medio de las turbulencias actuales; y que el relevo en las instituciones de poder y en la articulación de la nueva sociedad lo protagonicen las nuevas generaciones, como es su derecho y responsabilidad, asumiendo las lecciones del pasado más reciente y el valor de la experiencia y la sabiduría de sus mayores.

Esta verdadera Segunda Transición, tan distante de la que nos querían vender los resucitados fantasmas de la España profunda, debe servir para profundizar en los valores democráticos y preparar a la sociedad española para los retos del siglo XXI. Para ello ha de basarse en reformas concretas y urgentes. Confiar en que el paso del tiempo contribuirá a resolver los problemas es un rotundo error. Precisamente el tiempo trabaja contra nosotros y un Gobierno paralizado, presa de la incredulidad de los ciudadanos, o una repetición de los retrasos e indecisiones con los que inauguró la legislatura, no harán sino empeorar las cosas.

Los españoles se preguntan con razón qué es preciso hacer. La respuesta no es difícil, aunque sí la implementación de esas acciones. He aquí un decálogo de tareas que pueden y deben ayudar a rescatar el sistema emanado de la Transición política de las amenazas que se ciernen sobre él. Naturalmente son propuestas discutibles, pero no se debe dudar respecto a lo inequívoco de los problemas planteados. Si no se afrontan cuanto antes la desafección ciudadana hacia el sistema acabará pasándonos factura.

1. Ley de Partidos

Que garantice la democracia interna y la transparencia de las formaciones políticas, con normas democráticas en su funcionamiento interno. Debe imponer un sistema de financiación transparente y un control eficaz e independiente de sus cuentas llevado a cabo con periodicidad anual, con sanciones que lleguen incluso hasta la disolución en caso de incumplimiento. La norma puede vincularse a las regulaciones establecidas en la Ley de Transparencia y permitir que los ciudadanos puedan solicitar a un partido documentos relacionados con su funcionamiento. Los cargos imputados en procesos judiciales deberían ser suspendidos en sus funciones orgánicas hasta que se aclare su situación.

2. Ley Electoral

Es preciso sustituir el actual sistema de listas cerradas y bloqueadas por otro que permita a los ciudadanos negar su voto a candidatos concretos que no consideren dignos de su confianza. Hay que revisar el principio constitucional que determina a la provincia como distrito electoral, que en el caso del Senado debe estar referido a las autonomías. La distribución de escaños debe potenciar la proporcionalidad del sistema, de modo que cada diputado elegido represente a un número razonablemente equiparable de votantes. Ha de regularse de forma transparente la financiación de las campañas electorales, reduciendo su actual duración, innecesaria en una sociedad con tantos y tan variados medios de comunicación, y establecer criterios claros y eficaces para la adecuada utilización de las redes sociales en tiempo electoral.

3. Reforma de la Administración

Una reforma y modernización de las Administraciones públicas debe eliminar la duplicación de estructuras y funciones para adaptar el tamaño del Estado y el gasto a los nuevos perfiles de la sociedad del bienestar y a las características de la organización territorial de España y de la UE. Es preciso reducir el número de municipios, recurrir a gestores técnicos donde sea necesario, regular el sueldo de los alcaldes, fiscalizar los presupuestos con agencias independientes y revisar el sistema de oposiciones y de cuerpos de funcionarios. El Estatuto Básico del Empleado Público debe contribuir a profesionalizar la dirección de la gestión, limitando la designación política de altos cargos para protegerlos de interferencias. Debe garantizarse efectivamente, contra lo que ahora sucede, un acceso adecuado a la información sobre la gestión de las Administraciones, que facilite la rendición de cuentas de los gestores y el juicio crítico por parte de los administrados.

4. Estatuto de la Corona

A fin de establecer los deberes y las responsabilidades del titular de la misma. Tiene que ordenar, mediante caución parlamentaria, el funcionamiento de la Familia Real, garantizar la absoluta transparencia de los gastos atribuibles no solo a sus personas físicas, sino al funcionamiento general de la Casa. Y, como en el caso de la Ley de Partidos, estar vinculado a las regulaciones establecidas en la Ley de Transparencia.

5. Pacto por el empleo y las pensiones

Con la participación de Gobierno, partidos políticos, centrales sindicales y organizaciones empresariales. Resulta necesario articular un consenso que culmine la reforma laboral y corrija sus carencias y desequilibrios. Establecidas las bases de contratación y despido, es urgente impulsar las políticas activas de empleo en un país con seis millones de parados. Hay que poner en marcha un programa de subvenciones directas (nacionales y europeas) dirigidas a las pequeñas y medianas empresas para la creación de puestos de trabajo especialmente orientados a los jóvenes. El pacto debe financiarse con aportaciones de fondos europeos, en el marco de un acuerdo en la eurozona. Las ayudas previstas en el presupuesto de la Unión son del todo insuficientes para hacer frente a la gravedad del problema.

Es necesaria una reforma en profundidad del sistema de pensiones que tenga en cuenta, entre otras cosas, la mayor esperanza de vida de la población. Dicha reforma no puede hacerse unilateralmente por ningún partido, cualquiera que sea la mayoría parlamentaria de que disfrute. Hace falta garantizar la sostenibilidad del sistema y mejorar la correspondencia entre cotización y pensión.

6. Reforma de la Justicia

La Administración de Justicia es el único poder del Estado que no se democratizó en la Transición. Como prestadores de un servicio público, los jueces deben contar con una mejor y más eficiente organización y con mayores recursos y medios. Debe potenciarse la coordinación de la justicia, en la que ahora intervienen funcionarios pertenecientes hasta a cinco cuerpos distintos que a su vez dependen, según los casos, de la Administración central o de la autónoma. La igualdad de los ciudadanos ante la ley, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo están reducidos muchas veces en la práctica a meras declaraciones, pues el funcionamiento de los tribunales no es nunca rápido ni resulta siempre eficaz, por lo que hay que aumentar significativamente el número de jueces. Hace falta revisar las normas procesales para que, manteniendo las garantías básicas, puedan agilizarse los juicios y sea adecuadamente protegida la presunción de inocencia ante la llamada “pena de telediario”. El Gobierno debe renunciar a su actual política sobre tasas judiciales.

7. Pacto por la educación

La política general sobre enseñanza —y los planes de estudio— no puede ser revisada cada vez que un partido llega al poder. El futuro de las economías avanzadas descansa sobre las estrategias de educación, formación de capital humano e investigación. Hay que sentar las bases que lo garanticen y que establezcan criterios para gestionar recursos, establecer incentivos e introducir controles, independientemente del color político de quienes gobiernen. La enseñanza concertada, que se beneficia de las subvenciones, debe garantizar la igualdad de oportunidades y no ejercer prácticas discriminatorias de sexo o religión. Deben establecerse evaluaciones públicas de los centros de enseñanza, de modo que tengan repercusión en la carrera profesional de sus responsables.

8. Pacto por la sanidad pública

Es necesario preservar y mejorar el sistema de sanidad pública para mantener los elevados niveles del servicio que durante años hemos sabido construir y que hacían del modelo español de salud, cualesquiera que fueran sus defectos, algo digno de sostener y perfeccionar. El Estado debe garantizar la cobertura universal, revisando los errores detectados a la hora de transferir la gestión a las autonomías. Es preciso controlar los resultados de la gestión pública y fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos con las empresas concertadas, eliminando la posibilidad de acometer inversiones públicas en beneficio exclusivo de la rentabilidad de la gestión privada. Un programa semejante demanda un gran consenso entre los partidos políticos.

9. Un Estado federal

El Estado de las autonomías debe reconvertirse en un modelo típicamente federal, que establezca una lista cerrada y concreta de las competencias y atribuciones del Gobierno central y permita a los Estados federados desarrollar sus propias capacidades de autogobierno sin interferencia alguna, sobre la base de los principios de corresponsabilidad y eficacia. La reforma pasa por revisar el sistema de financiación autonómico, el reparto de transferencias y el déficit de responsabilidad fiscal de los Gobiernos autónomos. Muchos técnicos constitucionalistas consideran que esta transformación, que permitiría un nuevo encaje de los nacionalismos, no es difícil si existe verdadera voluntad política para emprenderla.

10. Reforma de la Constitución

Este programa de recuperación de nuestra vida política exige en muchos aspectos una reforma de la Constitución de 1978. La reforma misma no es un objetivo, sino un instrumento para hacer frente a las nuevas realidades. Contra lo que muchos piensan —movidos por el temor a que la apertura de un proceso de este género añada confusión y caos al panorama—, la mejor forma de empezar a poner orden en el actual barullo es adaptar nuestra Carta Magna a los tiempos presentes y venideros, simplificando su redacción, despojándola de ataduras del pasado e incorporando cuestiones relativas a la nueva sociedad global y digital que no existía cuando fue redactada. La reforma debe llevarse a cabo mediante los procedimientos ya establecidos en las leyes, dirigida por una Comisión de las Cortes en la que estén representados con adecuada proporcionalidad todos los partidos políticos del arco parlamentario, no sometida necesariamente a la aritmética de poder que salió de las urnas en las elecciones de 2011, pero respetando los equilibrios emanados del voto popular en dichas elecciones.

Es tarea de nuestros líderes políticos encabezar un proceso de ese género, aun conscientes de su impopularidad y falta de credibilidad entre los ciudadanos. Si son capaces de hacerlo prescindiendo de cualquier sectarismo ideológico o voracidad del poder, la crisis institucional española puede ser conjurada. Pero si, acosados por la opinión y las sombras de su pasado, se enrocan en su ensimismamiento y hacen oídos sordos a las demandas de la ciudadanía, el régimen emanado de la Constitución de 1978 correrá innecesarios riesgos en el próximo futuro.