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EDITORIAL

Encrucijada aérea

Iberia y los sindicatos deben acordar el ajuste pendiente para no empeorar la cuenta financiera

La situación de Iberia, la primera línea aérea española, asociada a British Airways en el grupo IAG, ha entrado en una fase de indefinición después de que se acabara el plazo, concretamente el último día de enero, para llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales a propósito del ajuste de empleo y capacidad. Una compañía de la envergadura de Iberia no puede mantener durante mucho tiempo las incógnitas sobre si negociará de nuevo el ajuste con las organizaciones sindicales, que amenazan además con jornadas de huelga en la segunda mitad de febrero, y si la compañía está dispuesta a suavizar los términos del acuerdo.

El problema es que frente a la propuesta inicial de la empresa de reducir la plantilla en 4.500 puestos de trabajo y eliminar el 15% de la capacidad para hacer frente a los aumentos de costes y pérdidas de ingresos, la dura negociación con los agentes sociales induce a la dirección a suavizar tales exigencias.

Los sindicatos aseguran que Iberia estaría dispuesta a bajar el número de despidos hasta 3.147 y mitigar el ajuste de capacidad hasta solo el 10% de las líneas. Si con los nuevos números se consigue revertir el resultado operativo y convertirlo en 600 millones positivos en lugar de los 300 negativos actuales, el cambio sería beneficioso. Pero no son pocos los que dudan que la nueva propuesta de ajuste cuadre con el objetivo financiero; y esta desconfianza genera inestabilidad a corto plazo.

Puesto que después de agotarse el plazo de negociación sin acuerdo los interlocutores disponen de un mes más para negociar, el curso de acción más correcto parece ser el de iniciar una nueva negociación con la mayor celeridad posible con el fin de evitar el riesgo de una huelga que perjudique a los viajeros, que sufren sus consecuencias en proporciones mucho mayores que los beneficios que obtienen los huelguistas. A pesar de que las huelgas aéreas se repiten con cierta frecuencia, todavía no se ha encontrado el modo de evitar el daño a los pasajeros retenidos en los aeropuertos ni se suministran las informaciones y compensaciones adecuadas por el perjuicio sufrido.

Como era de esperar, parte del fracaso en la negociación es atribuible a la percepción que tienen los empleados y sindicatos de Iberia de que la compañía aérea sigue la estrategia de ajuste dictada por British Airways, o al uso y abuso que estos hacen de esa percepción. Aunque sea incorrecta esta sensación, ayudaría a desbloquear el impasse actual cualquier demostración añadida de que la dirección de Iberia es plenamente autónoma en la negociación y que su estrategia de ajuste responde a la situación económico-financiera de la aerolínea, algo que indica la lógica más elemental. Situación que, por cierto, puede deteriorarse mucho: llegará un momento, quizá este mismo año, en que la financiación sea imposible o excesivamente cara; y entonces ya no habrá margen para modular el ajuste.

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