Antes y después

Mariano Rajoy aseguró ayer que, de conocer alguna irregularidad interna en su partido, él sería el primer interesado en actuar. No hizo comentarios sobre las cuentas suizas del extesorero Luis Bárcenas, ni sobre las sospechas de que este había organizado un sistema de pagos en dinero negro a dirigentes del PP, remitiéndose a las declaraciones de otros dirigentes que se refugian en el “no me consta” o al trabajo que haga la justicia al respecto. Pero la hora es grave, y está muy claro que las últimas revelaciones marcan un antes y un después. La respuesta obligada a los últimos escándalos era la apertura de una investigación interna sobre la gestión de Luis Bárcenas como gerente y tesorero del partido, y en general sobre las cuentas del PP, y ese fue el anuncio realizado por la secretaria general, María Dolores de Cospedal.

La iniciativa es coherente con una afirmación anterior de Rajoy, “no me temblará la mano”, y parece indicar que el presidente del Gobierno se ha dado cuenta de la responsabilidad que le alcanza: están en juego su credibilidad y su futuro político. O las afirmaciones del entorno de Bárcenas son ciertas o son falsas: lo inadmisible era instalarse en la ficción del no saber o de que se trata del asunto de un particular. ¿Cómo espera el partido gobernante que un país sumido en una profunda crisis pueda confiar en quienes decían no haberse enterado de la presunta trama de corrupción en su sede central?

Rajoy tiene que resolver la responsabilidad política por el caso Bárcenas y el partido debe introducir los cambios necesarios, a fin de asegurar la transparencia y legalidad de la financiación del PP. Rajoy preside esta formación desde octubre de 2004, cargo al que accedió tras un año como secretario general. Es decir, coincidió casi seis años con Bárcenas en la cúpula, quien además ascendió de gerente a tesorero en 2008, antes de dimitir en 2009 tras 28 años en el partido. Demasiado tiempo como para que nadie más se diera cuenta de que tan destacado dirigente había acumulado una fortuna lejos del fisco español, en absoluto explicable por su salario oficial. Eso sin contar con la pésima señal enviada al exterior, una más de las muchas notas negativas que España emite hacia los que siguen nuestra crisis económica y política.

Al Gobierno le compete aclarar también si Luis Bárcenas se ha acogido a la impunidad facilitada por la amnistía fiscal del Ejecutivo. Los abogados del extesorero aseguran que sí, mientras el Ministerio de Hacienda se ha arriesgado a rozar la violación del deber de confidencialidad de los datos tributarios para desmentir que eso sea cierto. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, está obligado a explicar de arriba abajo los resultados de la amnistía fiscal.

Pero el caso Bárcenas solo es uno entre los muchos que afectan al PP. Unos 200 políticos, principalmente conservadores, pero también socialistas o nacionalistas catalanes, están implicados en investigaciones por conductas relacionadas con la corrupción o el delito fiscal. Cortar esa escalada exige medidas contundentes: controles profesionalizados sobre las finanzas de los partidos, publicación inmediata de datos respecto a los fondos que reciben (públicos y privados) y obligatoriedad de auditar las cuentas en los meses siguientes al cierre de cada ejercicio, no al cabo de varios años, como hace ahora el Tribunal de Cuentas. Y si este órgano no dispone de medios suficientes o no se le dota de la agilidad procedimental necesaria, habrá que recurrir a auditorías privadas.

Todo antes de consentir que el sistema democrático se convierta en víctima de cualquier oportunismo populista, un riesgo cierto si los partidos centrales de la democracia no se conducen con mucha más seriedad y rigor.