Malí es un problema africano

La intervención francesa en Malí, a la solicitud del Gobierno y del ejército del país, sostenida por une resolución de la ONU que autoriza a las fuerzas de la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental) a proteger la integridad territorial y evitar la secesión del norte, es una acción legal. Tiene el apoyo de muchos países europeos, aunque sea de forma puramente retórica, sabiendo que los muertos van a ser, de momento, franceses. El presidente de la República, François Hollande, tomó esta decisión después de un largo periodo de negociaciones, no solamente con el Gobierno y el ejército malienses, sino también con las fuerzas secesionistas del Azawad en el norte e, indirectamente, con el grupo independista Ansar al Din. También con el Gobierno argelino, país directamente comprometido en la contienda por estar en guerra abierta contra los terroristas del AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico), y por gestionar con gran delicadeza una relación difícil con los tuareg, cuya economía y cultura obedece a parámetros difícilmente comprensibles fuera del Sahara.

El Gobierno argelino dejó claro, durante la reciente visita del presidente francés a Argelia, que no era deseable la opción de una intervención militar en los asuntos malienses, pues podía crear una situación muy caótica. Argelia conoce bien las capacidades de los terroristas en el Sahel. La estrategia del país norafricano trató de aislar a los terroristas de Al Qaeda, negociando con las otras fuerzas sublevadas. Por otra parte, Argel condenó la intervención occidental en Libia porque temía una extensión descontrolada de la guerra en Malí y en el Sahara. Menos de una semana después de la nueva intervención francesa, esta vez en Malí, Argelia ha sido objeto de una toma de rehenes en In Amenas, cerca de la frontera de Libia, que se ha cobrado decenas de muertos.

La intervención francesa confirma un ciclo nuevo, después del caso de Libia, y correlativamente el de Siria. Nos encontramos ante un ciclo de implicación militar de potencias europeas con el propósito de detener la ola del integrismo armado, consecuencia de la desagregación de dictaduras o Estados fallidos en el sur y este del Mediterráneo. En Malí, Francia interviene para salvar al ejército maliense. Éste ha perdido el control del país; atraviesa una crisis interna grave, hasta el punto de que hace solo días se hablaba de la posibilidad de un nuevo golpe dados los desacuerdos con el reciente gobierno civil. La crisis es principalmente interna porque los sublevados, empujados por los integristas de Al Qaeda, decidieron seguir su ofensiva hacia Bamako, la capital del país. Pero lo más inquietante es que el mismo ejército pierde cada día terreno frente a los rebeldes y que decenas de soldados han empezado a abandonarlo, huyendo o uniéndose a los grupos secesionistas. Muchos tienen familias en las ciudades ocupadas del norte, que han sido amenazadas por los islamistas armados con aplicar la ley del talión.

Hay que encontrar una solución para el norte y ofrecer un marco decente de vida en común

Los grupos rebeldes tampoco tienen todos los mismos intereses: los independentistas quieren el desarrollo de su región; los integristas del AQMI buscan el estallido generalizado en la zona para comprometer a los occidentales y crear un nuevo Afganistán en el Sahel. Además, varios grupos de tuaregs, fuertemente implicados en el tráfico de mercancías, de droga y de armas en esta franja africana, quieren seguir beneficiándose de un hinterland [región dependiente de un ámbito que funciona como su cabecera] para su economía nómada. La intervención francesa, de hecho, ha fortalecido el sentimiento de solidaridad entre todos estos grupos, aunque las relaciones entre los secesionistas y el AQMI son difíciles. Ansar el Din, organización que suele negociar con el Gobierno argelino, ha condenadio tajantemente la toma de rehenes en In Amenas.

La intervención francesa se decidió muy rápidamente. François Hollande la presentó como una carrera contrarreloj, afirmando que el poder maliense iba a estallar bajo la presión de los secesionistas e integristas y que esto podía resultar muy peligroso para toda la región. Además, el gobierno galo cuenta con una fuerza africana bajo el patronato de la CEDEAO. El mandato otorgado por la resolución de la ONU es, en realidad, mucho más ambiguo y prudente. Pero Francia actúa sobre todo como país protector del Estado maliense, su propia creación —Francia tiene una especie de derecho de retracto sobre sus ex colonias—. Además, el Gobierno francés mantiene en pie con su financiación a estos Estados, sus administraciones y sus ejércitos, por lo que no acepta con placer la intervención de otras potencias. Pero si se alarga la intervención, será inevitable una ayuda de Europa y EEUU.

Lo más importante ahora es: ¿hacia dónde vamos? Se sabe cuándo las intervenciones armadas extranjeras empiezan, pero no cuándo acaban. Afganistán e Irak son ejemplos de que a veces no tienen final. Los yihadistas del AQMI han conseguido su objetivo: implicar a los Estados en una guerra abierta en el Sahel. En el terreno, el ejército francés no puede controlar el desierto, con lo cual los militares, ayudados por las tropas del CEDEAO y pequeñas fuerzas del ejército maliense, se van a posicionar en las ciudades. Tendrán que sufrir ataques permanentes de los sublevados.

El problema del terrorismo en esta conflictiva zona no lo resuelve la intervención de un país

El verdadero problema es que se trata de una guerra que no se puede ganar solo con las armas. Francia se ha metido en un lío muy complejo, del que no va a salir fácilmente. Además, la opinión pública francesa apoya al Gobierno en caso de acción exterior, pero sin renunciar a juzgar lo que es bueno o malo para el país. La oposición conservadora ya ha empezado a criticar la decisión de Hollande. Cuando empiecen a llegar los ataúdes de soldados franceses a París, las cosas van a cambiar. La verdadera cuestión es, entonces, si Francia, mas allá del despliegue de su fuerza militar, tiene un proyecto político para salir de este atolladero. No puede ser una solución impuesta por Francia o Europa, depende fundamentalmente de los malienses, pues en Malí la contienda no se ve como entre el terrorismo, por un lado, y un gobierno democrático, por otro. La región sublevada del Azawad, en el norte, es la pariente pobre del desarrollo de Malí desde hace más de cincuenta años. El odio étnico hacia los tuaregs es muy fuerte en toda la sociedad maliense del sur. No hubo integración nacional, ni humana, ni cultural de las poblaciones del norte. Los jóvenes en el Sahel están condenados a una vida de miseria. Los voluntarios de las ONGs que suelen trabajar en esta región llevan advirtiendo desde hace años de que aquello no es un desierto, sino un polvorín.

Estamos, ante todo, frente a un conflicto interno relacionado con la forma institucional del Estado. Hay que encontrar una solución para el norte y ofrecer a sus poblaciones un marco de vida decente en común. Ésa es la clave. Asimismo, es un problema de desarrollo de todo el Sahel: si la comunidad internacional ya otorga una ayuda importantísima, debe ahora gestionarla mejor.

Malí es una cuestión maliense y africana, bien lo saben los gobiernos de aquel continente. Sólo la reconstrucción democrática del Estado maliense, la ayuda humanitaria a las poblaciones civiles castigadas desde hace décadas por el hambre y la sequía, y la implicación de la comunidad internacional en esa ayuda humanitaria pueden favorecer una solución política. El problema planteado por el terrorismo en el Sahel no se puede resolver con la intervención de un solo país. Es un problema global, pues el terrorismo es global. Una cooperación internacional es necesaria para luchar contra esta plaga, pero ello implica la movilización, sobre todo, de los países africanos. El gobierno francés debe proponer rápidamente con las autoridades de Malí un proyecto político para solucionar las causas de la sublevación. Hay, por supuesto, que solidarizarse con la intervención francesa frente a los terroristas del AQMI, pero sin dejar de apuntar sus peligros.

Sami Naïr, catedrático de Ciencia Política, es profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.