La fuerza de la razón

La sociedad española está movilizada contra las ejecuciones de desahucio por impago de hipotecas. La reacción ha cobrado un ritmo vertiginoso en las tres últimas semanas desde que una comisión de siete jueces puso el dedo en la llaga con un contundente informe contra el marco legal que permite abusos de ley. Esa contestación frente al drama de los desahucios desde estamentos antes aparentemente pasivos ha coincidido con la aceleración del número de ejecuciones —ya son 532 diarias—. La presión social, espoleada también por varios suicidios de afectados, ha sido lo suficientemente intensa como para que el Gobierno haya tomado cartas en el asunto intentando un pacto con el PSOE y pidiendo una señal contundente a la banca. Esta respondió con una decisión histórica decretando unilateralmente una moratoria de dos años para casos de “extrema necesidad” que las cajas han ampliado a todas la ejecuciones hipotecarias hasta que haya un nuevo marco legal.

Los dos grandes partidos —PP y PSOE—, antes remisos a buscar una solución duradera, iniciaron ayer sus contactos formales para pactar una nueva legislación que acabe con los abusos. Ambas formaciones buscan en primer lugar medidas de urgencia como las adoptadas por el sector financiero que aliviarán la penosa situación de decenas de familias. Solo por ello, son iniciativas que merecen ser aplaudidas. Pero se equivocaría el Gobierno si creyera que tales indultos temporales son suficientes para reconducir la situación. Al informe de los jueces se han sumado los 46 decanos de toda España. Varios ayuntamientos amenazan con retirar sus fondos de una entidad bancaria si en sus municipios esta ejecuta un desahucio más. El principal sindicato policial dice que apoyará a los agentes que se nieguen a intervenir en un desalojo aunque estén cumpliendo la ley: mala decisión.

La raíz del problema no es la insolvencia de los ciudadanos más vulnerables y más castigados por la crisis. Es importante elevar el llamado “umbral de exclusión” para que no solo se beneficien de las nuevas medidas los que estuvieran prácticamente en la indigencia. Extender el alquiler social y dar salida así a ese amplio parque de viviendas vacías es una buena opción. Pero el Gobierno debe tener claro que el problema fundamental radica en un marco jurídico rechazado por el 95% de la población —según un barómetro de Metroscopia— que permite otorgar a los inmuebles dos valores de tasación distintos —de adquisición y de ejecución; este último más bajo, habitualmente—, que ampara un sistema de subastas muchas veces amañado, que da por buenos unos intereses de demora que multiplican la deuda original, que dificulta la dación en pago y que, en definitiva, no da margen al deudor de buena fe para sortear el problema que se le ha presentado. De ahí la necesidad de ese cambio normativo por vía de urgencia. Demorarlo durante meses sería un desatino.