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LA CUARTA PÁGINA

¿Se puede reformar la política? ¿Cómo?

No hay soluciones mágicas, pero se puede mejorar y sanear. Desliar este enredo requerirá altura de miras, liderazgo, ideas claras y capacidad de convicción, de lo contrario acabará dando un serio disgusto al país

Las elecciones gallegas y vascas han dejado media docena de dirigentes políticos amarrados a sus puestos tras sus catastróficos resultados, alguno más se sumará a estos náufragos tras las catalanas. No es lo malo que traten de sobrevivir, sino que sepan que lo pueden hacer porque los órganos internos de sus partidos son impotentes para exigirles la responsabilidad (su cargo, por incompetencia) por llevar a su partido a tal resultado. La política española está enmohecida, momificada, que sigan flotando estos náufragos lo prueba. El origen de esta metástasis no es solo la Ley Electoral como se suele apuntar, sino la falta de regulación de los partidos y del entramado en que se ramifica la política.

El malestar atraviesa ideologías y abarca todas las vertientes de la política. Ollero, exdiputado del PP y magistrado del Constitucional, señala que “quien ocupa un cargo político se siente en un Olimpo rebosante de prebendas y sinecuras” (Abc, 27-6-12). Nuez, abogada del Estado, afirma que los nombramientos en la Administración se hacen por lealtad “a riesgo de dejar en ridículo a los españoles y a las instituciones” (El Mundo, 7-8-12). En EL PAÍS, Lapuente apunta la imbricación de funcionarios y políticos como clave de la “enfermedad institucional” de España (15-8-12), Casajuana muestra el contrapunto de la reforma militar que obligó a los militares a abandonar sus carreras para entrar en política (3-9-12), Rubio Llorente escribe “es urgente acabar con (el) regateo en el nombramiento de magistrados” del Constitucional (10-8-12), sería fácil ampliar las citas. El goteo de casos de corrupción es vergonzoso. No seamos ingenuos, estos problemas aquejan a los países democráticos, en 1992, Katz y Mair teorizaron el cartel party, es decir, la evolución de los partidos hacia formas de funcionamiento que les llevan a gestionar los recursos públicos para mantener sus organizaciones y puestos de trabajo. Pero, conviene afinar: los políticos son vistos como una casta solo atenta a sus intereses, pero también hay muchos que se sienten atrapados por los mecanismos que aquí se han forjado, y que desearían cambiarlos.

Los congresos de partidos no son traumas ni pueden retrasarse a conveniencia de la dirección

Y desde la política, ¿qué? Fabra reducirá 20 escaños autonómicos en Valencia, Aguirre propuso reducirlos a la mitad, en Madrid hay 129, por tanto, es razonable; Feijóo lo clareó en Galicia, y en Castilla-La Mancha, después de pasar de 49 a 53, Cospedal propone dejar 25 y que cobren dietas; pero, como secretaria general del PP, trata de evitar un congreso en Madrid para que los afiliados elijan nuevo presidente regional. El PSOE retorna a la idea de elegir su candidato a presidente del Gobierno en primarias, pero el aparato seguirá cooptando a todos los demás candidatos a todo. El PSOE ya hizo este experimento, con Borrell y Almunia, y acabó como el rosario de la aurora porque en una organización como el PSOE elegir al candidato mediante primarias, si hay dos, fractura la organización en mitades, ya que los cuadros saben que quien gane nombrará en cascada a todos los demás candidatos. Tras las gallegas y vascas, la vicesecretaria general del PSOE recordó que su ejecutiva fue elegida para cuatro años. O sea, desde la política ni siquiera parece haber un diagnóstico del problema, solo alguna agitación. Al margen de la política hay propuestas que semejan varitas mágicas, como las listas abiertas, pero con esas soluciones los partidos presentarían los mismos candidatos y los demás problemas seguirían.

La política hay que regularla y no se hace de un plumazo. Estados Unidos y Alemania han avanzado con leyes sobre el funcionamiento de los partidos. Bajo ellas late una directriz: los partidos no son asociaciones privadas con legitimidad para autorregularse; son entidades especiales a las que se da el monopolio de la representación política, financiadas con dinero público y cuyo personal percibe retribuciones públicas, por tanto, deben regularse por leyes para proteger las instituciones, y sus cajas.

Tomemos Alemania como modelo, adaptemos sus leyes de partidos y electoral, sería fácil. La política alemana no es perfecta, véase el Libro Negro del Contribuyente, pero es raro ver a un político alemán por los juzgados y dimiten cuando deben. La ley de partidos alemana fija los congresos cada dos años, el voto secreto de los afiliados a personas, no a listas, para elegir delegados a congresos o cargos internos, y la auditoría externa de cuentas. ¿Para qué regular la actividad interna de los partidos? Para prevenir la cooptación a la que tienden naturalmente, para proteger a los políticos con discursos diferentes a los de la dirección permitiéndoles sobrevivir en un contexto de voto a las personas, o sea, para permitir la supervivencia de alternativas internas; y, sobre todo, para obligar a las direcciones a rendir cuentas en plazos razonables (cada dos años en Congresos y cada tres o seis meses ante los parlamentos internos). Los congresos no son traumas como se pretende en España, ni pueden retrasarse a conveniencia de la dirección. Los órganos internos deben ser operativos para controlar la gestión de sus ejecutivas, no se trata de crear mecanismos para derribar ejecutivas, sino de que haya instrumentos que funcionen cuando sea preciso. Discrepar de la dirección no puede significar despedirse de la carrera política o someterse al silencio, por eso, los cuadros de los partidos deben sentirse protegidos por la seguridad de que su posición se asienta en el voto de los afiliados, no en la benevolencia de la dirección. Solo así pueden decir lo que piensan.

En Alemania la elección de los candidatos dentro de los partidos se incluye en la Ley Electoral. Los afiliados eligen los candidatos a todos los cargos representativos mediante elecciones primarias (internas). Se celebran a fecha fija, si la ejecutiva regional del partido no acepta al candidato ganador se convoca una semana después otra votación, siendo elegido el que gane. Es un sistema menos brillante que las primarias norteamericanas (impensables aquí), pero dota a los elegidos de bases autónomas de poder. Aquí las direcciones eligen a los candidatos en un forcejeo que mezcla la cooptación bajo presión y el reservado el derecho de admisión. Esta fase del proceso electoral debería incorporarse a la Ley Electoral española.

Es precisa una ley de la Función Política que regule sus retribuciones e indemnizaciones

Lo fundamental de estas leyes es que, sin ser perfectas, obligan a que los políticos compitan a base de conectar intereses, generar un discurso, convencer a la gente, gestionar limpiamente porque los compañeros / rivales vigilan. O sea, incentivan las capacidades para conseguir apoyos sociales, no para caer bien a quienes hacen la lista. La competencia interna haría más difícil la vida de los corruptos que, en los partidos españoles, están entre los más leales (aunque los más leales no son los corruptos necesariamente, cuidado) por eso entran en las listas, y atraería a más personas interesadas por lo colectivo y con ideas innovadoras.

¿Es suficiente esto para regenerar la política? No. Al menos son precisas: I. Una ley de la función política que regule sus retribuciones e indemnizaciones al cese o seguro de desempleo, incompatibilidades, Seguridad Social y pensiones, prohibición de dietas por asistir a reuniones de satélites de las Administraciones, estatuto de los asesores, etcétera. II. Una ley de funcionarios que los separe de la política, defina una trayectoria profesional funcionarial sin interferencia de los políticos y elimine los puestos de libre designación, congele las carreras de los que pasen a la política, extienda la prohibición de los militares a los del Poder Judicial y establezca un sistema retributivo homogéneo en todas las Administraciones. III. Separar la política del Poder Judicial, de los órganos reguladores, de los tribunales Constitucional y de Cuentas, etcétera, mediante sistemas de elección individuales que impidan negociar por lotes de magistrados. IV. Reducir el número de cargos políticos.

No hay soluciones mágicas para la metástasis de la política española, pero se puede mejorar y sanear. Salvo para los militares, la Transición superpuso los partidos a la discrecionalidad de los políticos sobre las Administraciones heredada del franquismo, cómoda para los dirigentes políticos. La legalización de los partidos no era suficiente, hubiera sido preciso que los políticos hubieran puesto límites a su discrecionalidad. Desliar este enredo requerirá altura de miras, liderazgo, ideas claras y capacidad de convicción, de lo contrario la política acabará dando un serio disgusto al país. Ya estamos en vías de ello.

José Antonio Gómez Yáñez es profesor de Sociología en la Universidad Carlos III.

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